El Subcomité de la ONU valora el marco legal y las fiscalías especializadas, aunque alerta por fallas en la implementación, impunidad persistente y riesgos en centros de adicciones sin regulación.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce que México mantiene un compromiso político para prevenir y combatir la tortura, con avances institucionales y normativos relevantes. El balance tras la más reciente visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura revela una distancia entre lo que establecen las leyes y su aplicación cotidiana, así como rezagos en la prevención efectiva.
La evaluación se produjo luego de la tercera visita del Subcomité al país, realizada del 25 al 30 de enero, la primera en casi una década tras la misión de 2016. Durante esos días, la delegación recorrió centros penitenciarios de hombres y mujeres, comisarías, hospitales psiquiátricos y espacios de atención a adicciones, además de sostener entrevistas confidenciales con personas privadas de la libertad y personal.
Entre los avances, el organismo subraya las medidas legislativas, como la Ley General para la Prevención de la Tortura de 2017 y las reformas a la Ley General de Salud de 2023. A ello se añade la creación de fiscalías especializadas y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención.
El Subcomité observa que, pese a la prohibición legal de la institucionalización involuntaria, esta práctica sigue ocurriendo en la realidad, lo que evidencia fallas de ejecución y supervisión.
Una de las alertas son las condiciones y prácticas obligatorias en centros de tratamiento de adicciones que se llevan a cabo sin regulación adecuada, especialmente en el ámbito privado. La ausencia de controles, estándares y vigilancia coloca a las personas internadas en riesgo de malos tratos e irregularidades graves a sus derechos.
Finalmente, la ONU valora el desempeño del Mecanismo Nacional de Prevención, pero destaca la urgencia de completar la integración de su Comité Técnico y de reactivar la cooperación con la sociedad civil. El Subcomité enviará un informe confidencial con recomendaciones al gobierno federal y alienta a que se haga público para avanzar, de manera verificable, en la implementación de cambios pendientes.
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