Con 42 votos a favor y en medio de disturbios con heridos y detenidos, la iniciativa que permite jornadas de hasta 12 horas y limita huelgas pasa ahora a Diputados.
El Senado argentino aprobó la reforma laboral impulsada por Javier Milei, una iniciativa que, bajo la frase de “modernización”, recorta derechos históricos de los trabajadores y amplía beneficios para las grandes empresas. La votación cerró con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, en una sesión que se extendió más de 14 horas y estuvo acompañada de fuertes protestas en las calles de Buenos Aires, con al menos 15 heridos y una treintena de detenidos.
Mientras Milei festeja su “motosierra”, miles de argentinos denuncian que la ley abre la puerta a jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, flexibiliza el pago de horas extras y permite fraccionar vacaciones fuera del verano. Además, habilita el pago de salarios en moneda extranjera o incluso en especie. Todo muy “libertario”, menos para el trabajador.
Uno de los puntos más criticados es el abaratamiento de los despidos. La nueva fórmula excluye conceptos como aguinaldo y premios del cálculo indemnizatorio y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será financiado con aportes que antes iban al sistema de seguridad social. Según la oposición, esto desfinancia jubilaciones y facilita que despedir sea más barato.
La reforma también limita el derecho a huelga, ampliando los sectores considerados esenciales, que deberán garantizar hasta 75% del servicio en caso de paro. Incluso se crean categorías de “servicios trascendentales” con obligación de operar al 50%. En los hechos, protestar será casi simbólico.
El oficialismo argumenta que la ley combate la informalidad laboral, que alcanza el 43%, y moderniza un esquema vigente desde 1974. Sin embargo, sindicatos y bloques opositores advierten que la norma precariza el empleo en un país donde el 38% de la población vive en pobreza.
La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación definitiva. La oposición ya anticipó que, de avanzar, recurrirá a la Justicia por considerarla inconstitucional.
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