La gobernadora de Chihuahua había señalado que no habría una celebración privada en Palacio de Gobierno, pero la publicación sostiene que magistrados, diputados y funcionarios acudieron al festejo.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, vuelve a ser cuestionada por los gastos relacionados con las celebraciones del Grito de Independencia. De acuerdo con una investigación de Sandra Dueñes para Chihuahua Minuto a Minuto, durante su administración el costo acumulado de estos festejos habría superado los 180 millones de pesos.
El señalamiento cobra fuerza por la promesa que, según el medio, realizó Campos días antes del 15 de septiembre, cuando habría asegurado que después de la ceremonia no se realizaría una fiesta privada en Palacio de Gobierno y que el festejo estaría destinado únicamente al pueblo.
Sin embargo, la publicación sostiene que después del acto oficial sí se realizó una celebración privada en Palacio de Gobierno, a la que habrían acudido integrantes de distintos poderes y niveles de gobierno, entre ellos magistrados, diputados y funcionarios del Poder Judicial, Congreso, Ayuntamiento y Gobierno de Chihuahua.
Mientras en la Plaza del Ángel el público disfrutaba de la presentación de Ramón Ayala, el festejo privado habría reunido a invitados especiales en el recinto oficial. El episodio fue presentado por el medio como una contradicción frente al compromiso anunciado previamente por la gobernadora.
La publicación también cuestiona el gasto destinado durante el sexenio a estas celebraciones y señala que los más de 180 millones de pesos incluirían contrataciones de artistas para la Plaza del Ángel, además de eventos privados con alimentos y servicios considerados de alto costo, incluyendo platillos de más de 3 mil pesos por persona.
Finalmente, el texto asegura que la celebración de este año tuvo la menor asistencia registrada durante la administración de Campos, interpretación que el medio relaciona con una presunta pérdida de popularidad de la mandataria. Estos señalamientos corresponden a la publicación citada y requieren contrastarse con contratos, registros oficiales de gasto y cifras de asistencia para establecer su alcance.
