La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación contra Patricia Talavera por admitir una demanda millonaria que, según la denuncia, habría tramitado sin contar con las facultades legales para hacerlo.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación administrativa contra Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por un presunto abuso de funciones. La denuncia sostiene que la funcionaria habría admitido de manera indebida una demanda de responsabilidad patrimonial presentada por el exsecretario técnico del sistema, Roberto Moreno Herrera, quien reclama una indemnización de 4.5 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente, la denuncia fue presentada el 24 de junio de 2026 y admitida el 1 de julio, avanzando posteriormente a la fase de investigación. El señalamiento sostiene que Talavera se ostentó como presidenta del SNA y dio trámite a la demanda sin tener atribuciones legales para ello, lo que podría constituir una falta administrativa.
El origen del caso se remonta a febrero de 2026, cuando Talavera aceptó analizar la reclamación de Moreno, quien asegura haber renunciado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) debido a presuntas irregularidades administrativas. La demanda busca el pago de salarios y prestaciones que, afirma, dejó de percibir tras su salida del organismo.
La investigación ocurre en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que a seis meses del inicio de la gestión de Talavera no se han celebrado sesiones del Comité Coordinador ni de la Junta de Gobierno, órganos fundamentales para la operación del sistema. Esta situación ha sido señalada como una muestra de la parálisis institucional que enfrenta el organismo.
No es la primera vez que Patricia Talavera enfrenta señalamientos similares. En 2022 fue denunciada administrativamente por presunto abuso de funciones debido a cuestionamientos sobre la validez de su designación como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC); sin embargo, la entonces Secretaría de la Función Pública archivó el caso al determinar que su nombramiento era legal. Además, desde enero de 2026 existe una investigación penal abierta en la Fiscalía Anticorrupción por hechos relacionados.
En respuesta, Talavera rechazó las acusaciones y aseguró que su nombramiento es “firme e inatacable”, al sostener que los juicios de amparo promovidos en su contra fueron sobreseídos. También defendió que la admisión de la demanda de Roberto Moreno se realizó conforme a la ley y subrayó que será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y no el Comité de Participación Ciudadana, el encargado de resolver el fondo del asunto.
