Estudiantes paristas del IPN negaron haber dañado Canal Once tras el desalojo, aunque la prolongada toma de una televisora pública vuelve a poner en entredicho los métodos de presión empleados por el movimiento.
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantenían tomadas las instalaciones de Canal Once rechazaron haber causado daños al material audiovisual o a la infraestructura de la televisora pública durante el paro. Tras el desalojo realizado el pasado domingo, los jóvenes aseguraron que nunca tuvieron acceso a las áreas donde se resguardan los archivos y afirmaron que únicamente utilizaron espacios como el pasillo principal, el comedor y los sanitarios.
Sin embargo, sus argumentos difícilmente disipan las dudas que dejó una ocupación que nunca debió prolongarse hasta comprometer el funcionamiento de un medio público. Aunque sostienen que no fueron testigos del estado en que quedaron las instalaciones porque no se les permitió ingresar durante la inspección posterior, el hecho es que quienes deciden apropiarse de un edificio oficial también asumen la responsabilidad política y moral de las consecuencias derivadas de esa acción.
Los paristas informaron además que ya no buscan retomar Canal Once y que permanecerán en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, mientras este martes sostienen una nueva mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del IPN. Entre sus demandas figuran un mayor presupuesto para el Politécnico, recursos extraordinarios y la liberación de fondos autogenerados por la institución.
El conflicto vuelve a exhibir una estrategia de presión que termina afectando a terceros y deteriorando la imagen del movimiento estudiantil. Las protestas son un derecho, pero la ocupación de instalaciones públicas, la interrupción de servicios y la incertidumbre sobre el estado del patrimonio institucional terminan debilitando la legitimidad de las demandas, especialmente cuando la ciudadanía exige soluciones mediante el diálogo y no mediante acciones que paralizan espacios financiados con recursos públicos.
