La investigación federal incluye las agresiones denunciadas por la activista Adriana Gabriela Arreola y su hija durante la protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde manifestantes exigían agua limpia.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación de la denuncia presentada contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por presuntas agresiones, vejaciones y actos de tortura cometidos durante el operativo policial del pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco.
La denunciante, Adriana Gabriela Arreola Dueñas, abogada y directora del colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, informó que la autoridad federal confirmó su intervención mediante un acuerdo fechado el 30 de octubre. La activista había solicitado la intervención de la FGR el día 28, debido a su desconfianza en las autoridades estatales.
De acuerdo con su testimonio, durante la manifestación para exigir agua limpia, policías la levantaron por la fuerza y la trasladaron a la residencia oficial del mandatario junto con su hija de 19 años. Denunció que durante el arresto le levantaron la sudadera, le bajaron el pantalón y la golpearon en repetidas ocasiones, lesiones que quedaron asentadas en un parte médico.
Arreola también relató que fue amarrada con una mascada y que, cuando llegó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), los agentes intentaron levantarla nuevamente y casi la ahorcaron con la capucha de su sudadera. Su hija, Adriana María Aceves Arreola, también fue detenida durante los hechos.
El caso ocurre mientras persisten los cuestionamientos contra el gobierno de Lemus por la actuación policial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también intervino en las investigaciones y señaló que el grupo de choque que provocó disturbios estaba coordinado directamente con autoridades policiales. Además, legisladores locales llamaron a comparecer a la titular de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, por presunto encubrimiento, luego de que negara la existencia de tortura contra personas retenidas.
El abogado de la denunciante, José Francisco Salazar González, consideró que la intervención federal representa una oportunidad para garantizar el debido proceso. La denuncia busca esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y obtener la reparación integral del daño. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha reconocido que se hayan cometido actos de tortura.
