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Las gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades federativas piden a la SCJN que no desaparezca la prisión preventiva oficiosa
Las gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades federativas enviaron una carta a la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para pedirle que no desaparezca la prisión preventiva oficiosa, ya que afectaría la seguridad y la gobernabilidad del país.
Los mandatarios que integran la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) se pronunciaron sobre la importancia de que se mantenga la “Supremacía Constitucional” sobre cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno de los mexicanos y mexicanas, además de evitar la vulneración de la “Carta Magna”.
Es importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público solo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado.
Indica la carta.
Carta de Gobernadores a Norma Piña. Foto: Álvaro Delgado/ @alvaro_delgado. Además, destacaron que la prisión preventiva oficiosa es una medida de combate al crimen y garantiza una adecuada conducción de los procesos penales, que protege a las víctimas y que procura que los responsables no queden impunes.
Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas.
Señala el documento.Asimismo, señalaron que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene efectos vinculantes, las resoluciones deben de ser armonizadas con la Constitución de México, siempre cuidando la soberanía y el ordenamiento jurídico interno del país.
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Tribunal ordena revisar de nueva cuenta la prisión preventiva de Israel Vallarta, quien permanece en prisión desde 2005, luego de haber sido detenido por la AFI de García Luna
El Tribunal Colegiado de Apelación ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), revisar de nueva cuenta la prisión preventiva de Israel Vallarta que lo ha mantenido en prisión sin recibir sentencia desde hace 18 años.
A través de un comunicado, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó sobre la decisión del tribunal y subrayó de la necesidad de reevaluar la prisión preventiva de Israel Vallarta, debido a los diversos casos de violación de sus derechos humanos y la larga estancia en prisión sin recibir una sententencia.
Pese a que han transcurrido más de 18 años del inicio del proceso penal en su contra, aún no se dicta sentencia y continúa sujeto a prisión preventiva.
Indica la Defensoría.En ese sentido, el IFDP sostuvo que este nuevo análisis deberá bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo señalado por el Comité de Tortura del Organización de Naciones Unidad (ONU), con el objetivo de que se modifique las medida cautelar de prisión preventiva.
Cabe recordar que, Israel Vallarta fue detenido en el año de 2005 por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro, su detención causó revuelo debido a que estuvo marcada en un montaje televisivo, en la que Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón y hoy preso en Estados Unidos, tuvo una participación relevante.
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La derecha sigue acumulando derrotas: El TEPJF batea al PRIAN que insistía en censurar al presidente López Obrador, resuelven no suspender las “mañaneras”
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó no suspender la transmisión de la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Este miércoles, durante una sesión pública las magistradas y magistrados integrantes de la Sala Superior analizaron la impugnación ingresada por el PRIAN en contra del acuerdo del Consejo General del INE, que el pasado 12 de abril bateó la solicitud de los partidos que impulsan a la panista, Xóchitl Gálvez.
En el proyecto de resolución aprobado por unanimidad, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se advierte que las conferencias no son ilícitas y suspenderlas sería desproporcionado.
Esta Sala Superior considera que ordenar la suspensión total de la difusión de las “mañaneras” del presidente de la República conllevaría, en los hechos, a una especie de censura previa inadmisible en una sociedad democrática.
Señala el documento.
Ante ello, las magistradas y magistrados coincidieron en que las “mañaneras” son una nueva forma de comunicación gubernamental que no está prohibida y que las posibles infracciones deberán de ser analizadas caso por caso, es decir el análisis particular de cada conferencia de prensa, sin que ello afecte el contenido general de la transmisión.
Cabe mencionar que, tras una reunión con consejeros y consejera del INE la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, informó que había solicitado la “cancelación” de las “mañaneras” por, según ella, generaban una desigualdad en la contienda electoral.
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