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Etiqueta: Anticorrupción y Buen Gobierno

  • Sancionan a 41 funcionarios por corrupción y abusos; multas superan los 22 mdp

    Sancionan a 41 funcionarios por corrupción y abusos; multas superan los 22 mdp

    Las sanciones exhiben irregularidades que van desde daño patrimonial y enriquecimiento injustificado hasta nepotismo, acoso sexual y uso indebido de recursos públicos.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 41 servidores públicos fueron sancionados recientemente por diversas irregularidades en dependencias federales. Del total, 18 incurrieron en faltas graves y 23 en faltas no graves, con castigos que incluyen suspensiones, destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por más de 22 millones de pesos.

    Entre los casos más relevantes, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación de 10 años a dos funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, además de multas por 12.2 y 8.7 millones de pesos, respectivamente. Ambos autorizaron el pago de cinco facturas sin acreditar que los servicios contratados se hubieran realizado en su totalidad, ocasionando un perjuicio de 20 millones de pesos.

    La CFE también concentró sanciones. Un funcionario fue inhabilitado durante una década por no declarar cuentas bancarias ni justificar el origen de recursos relacionados con un incremento patrimonial de 5.4 millones de pesos. Otro trabajador recibió la misma sanción y una multa de 450 mil pesos después de conducir un vehículo oficial a exceso de velocidad tras consumir alcohol y provocar su pérdida total.

    Los castigos alcanzaron a funcionarios de Semarnat, Cultura, IMSS, Banjército, AICM, DIF y SAT, además de trabajadores de Pemex, Guardia Nacional, IMSS-Bienestar y Conagua. Los expedientes incluyen falsificación de documentos, amenazas, nepotismo, pagos irregulares, abuso de recursos públicos y otras conductas que evidencian fallas en el control de las instituciones.

    Entre los casos destaca un trabajador de IMSS-Bienestar, quien fue destituido e inhabilitado por tres meses por acosar sexualmente a una guardia de seguridad. En la Guardia Nacional, un elemento fue cesado tras presentar un certificado de bachillerato inválido para obtener su licencia de portación de armas, mientras que un empleado de Pemex fue suspendido un año por una omisión durante trabajos de corte y soldadura que provocó un incendio.

  • Gobierno reporta 7.3 millones de servicios bajo la estrategia de Atención a las Causas

    Gobierno reporta 7.3 millones de servicios bajo la estrategia de Atención a las Causas

    La secretaria Rosa Icela Rodríguez destacó avances en educación, empleo y cultura para jóvenes en 61 Territorios de Paz del país.

    La estrategia de Atención a las Causas ya suma 7.3 millones de servicios y trámites entregados a la población. Así lo informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

    La funcionaria explicó que el programa prioriza a los jóvenes como protagonistas de la transformación del país. Por eso, el gobierno realiza visitas casa por casa para invitarlos a ejercer sus derechos y alejarse del abandono.

    Los tres niveles de gobierno trabajan directamente en el territorio. Llevan Ferias y Jornadas de Paz con festivales, programas sociales, actividades culturales y deportivas. También ofrecen servicios de salud, asesorías y trámites para que nadie se sienta excluido.

    Con el Tianguis del Bienestar, varias dependencias federales han recorrido 34 municipios y 801 localidades. Participan Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, además de Aduanas, SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

    Gracias a este esfuerzo, más de 406 mil personas recibieron artículos de primera necesidad de forma gratuita. En total se entregaron 3.4 millones de productos decomisados en aduanas.

    Rodríguez también recordó la jornada “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, instalada la semana pasada en la Basílica de Guadalupe. Desde octubre de 2024, esta iniciativa ha permitido canjear 11 mil 684 armas de fuego por dinero en efectivo, de forma anónima.

    Asimismo, la funcionaria destacó que la presidenta ordenó ampliar las opciones educativas de nivel superior. La meta es que ningún joven quede fuera del sistema escolar.

    Programas como “Jóvenes Transformando México” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” ofrecen alternativas de estudio, empleo y trabajo comunitario. De igual forma, el Instituto Mexicano de la Juventud ya formó mil 788 Comités Jóvenes por la Transformación.

    En los 61 Territorios de Paz también arranca “La palabra que transforma”, con círculos de lectura y talleres de escritura. La Secretaría de Cultura continúa impulsando su Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

    “Estamos recuperando espacios para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse con libertad”, expresó Rodríguez. Agregó que los parques y las canchas vuelven a ser puntos de encuentro para las familias.

    Finalmente, la secretaria invitó a la ciudadanía a sumarse a la Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz, programada para el 29 de julio. También agradeció el trabajo diario de las 53 dependencias que integran las Mesas de Paz.

  • Investigan a la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción por presunto abuso de funciones

    Investigan a la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción por presunto abuso de funciones

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación contra Patricia Talavera por admitir una demanda millonaria que, según la denuncia, habría tramitado sin contar con las facultades legales para hacerlo.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación administrativa contra Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por un presunto abuso de funciones. La denuncia sostiene que la funcionaria habría admitido de manera indebida una demanda de responsabilidad patrimonial presentada por el exsecretario técnico del sistema, Roberto Moreno Herrera, quien reclama una indemnización de 4.5 millones de pesos.

    De acuerdo con el expediente, la denuncia fue presentada el 24 de junio de 2026 y admitida el 1 de julio, avanzando posteriormente a la fase de investigación. El señalamiento sostiene que Talavera se ostentó como presidenta del SNA y dio trámite a la demanda sin tener atribuciones legales para ello, lo que podría constituir una falta administrativa.

    El origen del caso se remonta a febrero de 2026, cuando Talavera aceptó analizar la reclamación de Moreno, quien asegura haber renunciado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) debido a presuntas irregularidades administrativas. La demanda busca el pago de salarios y prestaciones que, afirma, dejó de percibir tras su salida del organismo.

    La investigación ocurre en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que a seis meses del inicio de la gestión de Talavera no se han celebrado sesiones del Comité Coordinador ni de la Junta de Gobierno, órganos fundamentales para la operación del sistema. Esta situación ha sido señalada como una muestra de la parálisis institucional que enfrenta el organismo.

    No es la primera vez que Patricia Talavera enfrenta señalamientos similares. En 2022 fue denunciada administrativamente por presunto abuso de funciones debido a cuestionamientos sobre la validez de su designación como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC); sin embargo, la entonces Secretaría de la Función Pública archivó el caso al determinar que su nombramiento era legal. Además, desde enero de 2026 existe una investigación penal abierta en la Fiscalía Anticorrupción por hechos relacionados.

    En respuesta, Talavera rechazó las acusaciones y aseguró que su nombramiento es “firme e inatacable”, al sostener que los juicios de amparo promovidos en su contra fueron sobreseídos. También defendió que la admisión de la demanda de Roberto Moreno se realizó conforme a la ley y subrayó que será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y no el Comité de Participación Ciudadana, el encargado de resolver el fondo del asunto.