Los hermanos Flores Guerra fueron esposados y trasladados ante el Ministerio Público tras un operativo nocturno en la Región Carbonífera. Mientras la Fiscalía niega irregularidades, el caso reaviva las acusaciones de persecución política en Coahuila.
La madrugada de este martes, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, y su hermana, la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, fueron detenidos por corporaciones de seguridad estatales y municipales tras una persecución ocurrida en la Región Carbonífera de Coahuila. El incidente ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y alimentado las denuncias de hostigamiento contra figuras opositoras al gobierno estatal.
De acuerdo con la versión oficial, los hechos comenzaron alrededor de las 2:00 de la mañana cuando elementos de la policía municipal marcaron el alto a una camioneta blindada que era conducida por un escolta del legislador petista. Al no detenerse la unidad, se desplegó un operativo con apoyo de policías estatales para interceptarla. Posteriormente, Antonio y Tania Flores arribaron al sitio donde se realizaba la revisión.
La Fiscalía de Coahuila sostiene que ambos interfirieron en las labores policiales y que el legislador tomó el control del vehículo para retirarse del lugar, lo que derivó en una segunda persecución. Minutos después, la camioneta fue rodeada por los agentes y los hermanos fueron obligados a descender, esposados y trasladados ante el Ministerio Público, mientras la unidad quedó asegurada.

Sin embargo, la detención ha despertado dudas debido al despliegue de fuerza utilizado contra dos figuras públicas de la entidad. Los hermanos Flores denunciaron haber sido víctimas de agresiones durante el operativo, versión que fue rechazada por el fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, quien aseguró que únicamente se aplicaron los protocolos correspondientes para concretar el arresto.
Aunque ambos recuperaron su libertad alrededor de las 5:30 de la mañana, la Fiscalía confirmó que existe una carpeta de investigación abierta y que las indagatorias continúan. El funcionario insistió en que el fuero constitucional no exime a ningún servidor público de someterse a revisiones preventivas ni de colaborar con las autoridades cuando así se requiera.
El caso ocurre en un contexto político particularmente sensible para Coahuila, donde sectores de oposición han denunciado presiones, detenciones y uso faccioso de instituciones de seguridad. Mientras el gobierno estatal asegura que se trató de una actuación apegada a la ley, la polémica detención de Antonio y Tania Flores vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de las corporaciones policiacas y el clima político que prevalece en la entidad.
