Auditorías detectaron pagos sin contrato y redes de proveedores vinculados; pese a seis denuncias, el exdirector de Juventudes mantiene cargo y sueldo de alto nivel
La Secretaría de la Honestidad confirmó irregularidades graves en el manejo de contratos durante la gestión de Antonio Navarro Padilla al frente del Instituto de Juventudes en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. A pesar de ello, el exfuncionario permanece en la nómina estatal, ahora como coordinador en la Secretaría de Gobierno, con ingresos cercanos a 87 mil pesos mensuales, de acuerdo con una investigación de Carmen Pizano para PopLab.
Las auditorías derivaron en seis denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, interpuestas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Sin embargo, el proceso sigue sin resolverse, lo que ha permitido que Navarro continúe en funciones, bajo el argumento oficial de que no existe una resolución firme.
Entre las irregularidades detectadas destacan 77 pagos sin contrato, 23 contratos con posibles conflictos de interés entre proveedores relacionados, y 44 adjudicaciones sin análisis que justificara la mejor opción. Además, se identificaron pagos con documentación incompleta y posibles inconsistencias patrimoniales de excolaboradores vinculados.
El caso también se conecta con una red de contratos que habría beneficiado a familiares de funcionarios, con al menos 224 contratos por 84 millones de pesos, varios de ellos asignados desde el Instituto de Juventudes. Incluso se documentó el uso de prestanombres para simular competencia en licitaciones.
Otro punto polémico fue el gasto de 30 millones de pesos en un evento de un solo día en 2024, el Congreso Iberoamericano de Juventudes, realizado en plena antesala electoral. Tras ese episodio, Navarro dejó el cargo para integrarse a actividades políticas, pero posteriormente fue reincorporado al gobierno estatal.
Pese a los señalamientos, el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo mantiene a Navarro en un puesto estratégico, donde coordina la remodelación de oficinas públicas, mientras crecen las críticas por la permanencia de funcionarios investigados por corrupción dentro de la administración.
Con información de Carmen Pizano para PopLab.
