La comunidad estudiantil rechazó una nueva propuesta de la SEP al considerar que no ofrece soluciones reales a sus demandas ni garantías de seguridad para quienes participan en la protesta.
El conflicto entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las autoridades federales continúa escalando. A tres semanas de la toma de las instalaciones de Canal Once, integrantes del movimiento estudiantil rechazaron la más reciente respuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que el documento repite planteamientos anteriores y evade temas centrales de su pliego petitorio.
La inconformidad se intensificó luego de que la representante de la SEP, Araceli Durán, se negara a recibir los 11 mil pesos que, según los estudiantes, fueron entregados por un grupo de hombres que intentó acercarse a las instalaciones del canal días atrás. Los jóvenes también reprocharon que la funcionaria rechazara gestionar la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos, los cuales califican como preocupantes y relacionados con posibles actos de intimidación.
Los estudiantes sostienen que la nueva propuesta gubernamental no responde a exigencias clave como la destitución del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ni establece mecanismos vinculantes que garanticen la ausencia de represalias contra quienes participan en las movilizaciones. Además, denunciaron haber recibido amenazas derivadas de la ocupación de Canal Once, por lo que insistieron en la necesidad de una intervención formal de las autoridades ministeriales.
Por su parte, la SEP defendió su actuación mediante un comunicado en el que aseguró que su representante actuó conforme a los principios de legalidad y transparencia. La dependencia destacó como avances la emisión de un Acuerdo de No Represalias, la disolución del denominado Patronato Corazón Guinda y Blanco y el inicio de una auditoría externa para revisar el manejo de los recursos administrados por dicha asociación.
Sin embargo, los manifestantes consideraron insuficientes estas medidas y acusaron que la respuesta oficial llegó con tres horas de retraso y sin la presencia de funcionarios de alto nivel.
Asimismo, exigieron que la auditoría incluya un informe detallado sobre el ingreso, destino y estado actual de los recursos del patronato, además de un calendario claro para la devolución de posibles fondos observados. Mientras no existan respuestas concretas, advirtieron, la toma de Canal Once continuará y las movilizaciones seguirán activas.
