Un tribunal federal rechazó concederle un amparo a Artemio Gutiérrez Rodríguez, señalado por delincuencia organizada y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la trama de corrupción que sacudió a Segalmex.
La justicia federal asestó un nuevo golpe a uno de los implicados en el escándalo de Segalmex. Un tribunal colegiado negó el amparo solicitado por Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe operativo de Diconsa Querétaro, quien buscaba revertir la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con el desvío de recursos públicos.
Los magistrados determinaron que los argumentos presentados por el exfuncionario carecían de sustento suficiente para modificar la resolución judicial. Gutiérrez Rodríguez alegó que el juez de amparo no valoró adecuadamente pruebas relacionadas con su arraigo familiar y social, además de cuestionar que la posesión de varios inmuebles fuera utilizada como elemento para acreditar riesgo de fuga. Sin embargo, el tribunal concluyó que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para garantizar su comparecencia durante el proceso penal.
De acuerdo con la investigación federal, el exservidor público está vinculado al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, una de las líneas de investigación derivadas del multimillonario fraude detectado en Segalmex. Las autoridades sostienen que formó parte de una estructura integrada por funcionarios encargados de autorizar compras, contratos y movimientos presupuestales que habrían permitido la simulación de operaciones comerciales para desviar recursos públicos.
El expediente señala que esta presunta red operó mediante convenios y pedidos relacionados con la adquisición de productos alimentarios. Entre ellos destaca una operación vinculada a toneladas de azúcar a granel, cuya requisición habría sido firmada por el propio Artemio Gutiérrez como parte de sus funciones en Diconsa Querétaro. Según la acusación, estos actos permitieron generar movimientos financieros destinados a dar apariencia de legalidad a recursos de origen presuntamente ilícito.
Los magistrados también consideraron que existe riesgo de sustracción de la justicia debido a inconsistencias en el arraigo del acusado y a la gravedad de los delitos imputados. La resolución confirma así que el exfuncionario continuará enfrentando el proceso penal privado de la libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los mayores casos de corrupción registrados en la administración pública reciente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el tamaño del saqueo atribuido a Segalmex, una trama que involucró a funcionarios, contratos irregulares y millones de pesos cuyo destino aún sigue siendo motivo de investigación. Mientras algunos responsables buscan salir de prisión mediante recursos legales, los tribunales comienzan a cerrarles la puerta.
