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  • Rojo de la Vega queda exhibida al negar donaciones de asfalto que antes reconoció

    Rojo de la Vega queda exhibida al negar donaciones de asfalto que antes reconoció

    La alcaldesa reservó el convenio para instalar los tótems y ahora niega haber recibido donaciones de asfalto, pese a declaraciones previas ante el Congreso capitalino.

    La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quedó en evidencia por contradicciones en torno a la instalación de los tótems de identidad territorial y el programa Adiós Baches. En una respuesta enviada al Congreso de la Ciudad de México, la edil informó que el convenio con la empresa privada que colocó las estructuras fue clasificado como información reservada y negó haber recibido donaciones de asfalto en frío, pese a que anteriormente había sostenido lo contrario.

    El caso surgió a partir de un punto de acuerdo promovido por la diputada de Morena, Leonor Gómez Otegui, quien solicitó transparentar el origen de los recursos utilizados para ambos proyectos. La legisladora pidió información detallada sobre las presuntas donaciones, así como copias de los documentos que acreditaran el convenio para la instalación de los tótems en colonias como Roma, Juárez y Condesa.

    Sin embargo, las respuestas de la alcaldía contradicen las declaraciones que la propia Rojo de la Vega hizo ante el Congreso en 2025. Durante una comparecencia en mayo aseguró que el asfalto en frío utilizado para el programa Adiós Baches había sido entregado mediante donaciones, por lo que no representó un gasto para el erario. Meses después, en noviembre, afirmó que los 60 tótems instalados tampoco habían costado recursos públicos y prometió hacer público el convenio con la empresa responsable, lo que nunca ocurrió.

    En el documento remitido al Legislativo, firmado por el asesor Erick Castillo, la alcaldía sostiene ahora que “no ha celebrado, recibido ni formalizado donación alguna” relacionada con el asfalto. Respecto a los tótems, confirmó la existencia de un convenio con una empresa privada, pero argumentó que la documentación fue clasificada temporalmente como reservada, impidiendo conocer sus términos.

    Además, la administración de Rojo de la Vega tardó cinco meses en responder al exhorto aprobado por el Congreso local. La falta de transparencia y las diferencias entre las declaraciones públicas de la alcaldesa y la información oficial entregada al Poder Legislativo han reavivado los cuestionamientos sobre el manejo de estos proyectos en la demarcación.

    Con información de Ángel Bolaños Sánchez para La Jornada.