Comunidades de la Sierra Noroeste de Jalisco han iniciado el proceso de solicitud al Congreso Local para la creación del municipio Tatei Yurienaka, lo que podría convertirlo en el primer municipio indígena del estado buscando autonomía, reconocimiento territorial y una nueva forma de organización basada en sus usos y costumbres.
Las comunidades Wixárikas de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños han acordado en asamblea general iniciar formalmente el proceso para solicitar la creación de un nuevo municipio indígena en el estado de Jalisco.
El proyecto plantea la conformación del municipio de Tatei Yurienaka, que traducido al español significa “Nuestra Madre Tierra Fértil”, con cabecera en Tuxpan de Bolaños, integrando a ambas comunidades en una sola estructura administrativa. La iniciativa fue aprobada por consenso en asamblea general, lo que refuerza el respaldo interno del plan.
De acuerdo con la propuesta, las comunidades consideran que cuentan con los elementos necesarios para constituirse como municipio, como población, territorio y organización comunitaria, lo que permitirá convertir esta demarcación en el municipio número 126 de Jalisco.
El movimiento se enmarca en una larga exigencia de los pueblos wixárikas por acceder de manera directa a los recursos públicos que les corresponden, así como por transitar hacia sistemas de elección por usos y costumbres, en lugar del modelo de partidos políticos, el cual ha enfrentado diversas impugnaciones legales.
Las autoridades tradicionales han señalado que la iniciativa se fundamenta en el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas, además de buscar el fortalecimiento de su identidad cultural y la protección de su territorio ancestral frente a lo que consideran vulneraciones históricas.
La Comunidad wixárika ha anunciado una estrategia legal contra más de 400 empresas que utilizan elementos de su cultura sin autorización, incluyendo firmas internacionales. La propuesta busca regular estos usos mediante convenios formales, con aportaciones de entre 7% y 10% de las ganancias destinadas directamente a las comunidades originarias para inversión cultural y social.
