La Fiscalía de Ciudad de México tendrá tres meses más para investigar las posibles omisiones en los protocolos de seguridad y la instalación de estructuras que provocaron la tragedia en el Parque Bicentenario.
Un juez de control vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por el homicidio culposo del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, fallecido en abril de 2025 durante el festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Con esta resolución, suman 11 personas físicas y morales sujetas a proceso por los hechos.
La decisión se tomó tras una audiencia que comenzó el lunes 19 de octubre por la noche y se prolongó hasta la mañana del martes. El juzgador determinó iniciar proceso contra el resto de los imputados, luego de que la semana pasada se dictaran resoluciones similares contra otros señalados.
Las investigaciones buscan determinar las responsabilidades por presuntas omisiones en la revisión de los protocolos de Protección Civil y en la instalación de estructuras decorativas cuya caída provocó la muerte de Rojas y de la fotógrafa Berenice Giles. El pasado 15 de octubre también fue vinculada a proceso la responsable de Protección Civil relacionada con el caso.
El juez concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía capitalina deberá continuar reuniendo pruebas para esclarecer los hechos y establecer las posibles responsabilidades de los involucrados.
En paralelo, familiares y amigos de Miguel Ángel realizaron una protesta pacífica frente a los juzgados de la avenida Niños Héroes para exigir justicia. Durante la movilización, señalaron que Grupo Eco, una de las empresas organizadoras del festival y ya vinculada a proceso, presuntamente habría recibido una suma millonaria de un seguro relacionado con la muerte de ambos fotoperiodistas.
El caso mantiene bajo escrutinio las condiciones de seguridad y la actuación de las empresas involucradas en el evento. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades deberán esclarecer cómo se autorizó la instalación de las estructuras y si existieron negligencias que pudieron evitar la tragedia.
Familiares de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles denuncian desigualdad económica y exigen que las empresas organizadoras enfrenten la justicia por las muertes ocurridas en el festival de 2025.
Familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, fotoperiodistas que murieron durante el festival AXE Ceremonia 2025, se manifestaron el 19 de octubre frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia y la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres empresas señaladas por homicidio culposo.
Durante la segunda jornada de audiencia, representantes de Grupo Eco, organizadora del evento, solicitaron que se declarara prescrito el delito para las personas morales, bajo el argumento de que el plazo legal venció el 5 de octubre de 2026. La petición mantiene abierta la disputa sobre la responsabilidad penal de las empresas involucradas.
La asesora legal de la familia, Tábata Salas, denunció que las compañías habrían cobrado el dinero de un seguro relacionado con la muerte de ambos jóvenes. Calificó la situación de indignante, pues, mientras las empresas habrían recibido recursos, los familiares continúan enfrentando dificultades económicas y deudas derivadas del caso.
En la primera audiencia, que se prolongó cerca de 21 horas, un juez vinculó a proceso a María “N”, funcionaria de Protección Civil encargada durante el festival. Los abogados de la familia consideran que esta resolución puede representar un avance para el proceso contra las empresas señaladas.
Por su parte, Diana Hernández, hermana de Miguel Ángel, denunció el desgaste físico y emocional que ha enfrentado su familia, además de presiones para aceptar una reparación económica. Aseguró que empresarios vinculados al caso amenazaron con disolver sus compañías si no aceptaban el monto ofrecido, lo que habría dejado a las víctimas ante una negociación desigual.
Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles murieron cuando una estructura cayó sobre ellos mientras cubrían el festival en el Parque Bicentenario. A más de un año de los hechos, sus familiares mantienen la exigencia de que se esclarezcan las responsabilidades y que el proceso judicial avance sin que los recursos económicos de las empresas obstaculicen el acceso a la justicia.
Tras más de un año de los hechos, la justicia capitalina comenzó a definir responsabilidades por la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario; otros 10 imputados tendrán que esperar para conocer su situación jurídica.
Después de 21 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a María del Pilar “N” por el delito de homicidio culposo, relacionado con la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas durante el festival Axe Ceremonia, celebrado en la Ciudad de México. La imputada enfrentará el proceso en libertad, bajo medidas cautelares.
La audiencia comenzó a las 10:00 horas del miércoles y concluyó la mañana del jueves, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentara la imputación. María del Pilar “N” fue la única de las 11 personas señaladas que solicitó que se resolviera su situación jurídica en esa sesión.
Los otros 10 imputados, siete personas físicas y tres empresas, solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo domingo para determinar si también serán vinculados a proceso. La investigación busca establecer las responsabilidades por la tragedia ocurrida durante el evento musical.
El caso se remonta al 5 de abril de 2025, cuando los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles murieron luego de que una estructura colapsara sobre ellos en el Parque Bicentenario, mientras cubrían el festival. El accidente generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la operación del evento.
La imputación actual se relaciona únicamente con la muerte de Miguel Ángel Rojas, debido a que la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con dos empresas y ocho personas físicas, según el reporte de La Jornada. Entre las compañías señaladas en el caso se encuentran Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.
Las imputaciones ministeriales llegaron aproximadamente un año después de la tragedia. Con la primera vinculación a proceso, el caso comienza a avanzar en los tribunales, aunque todavía está pendiente definir la situación jurídica de los otros señalados. La resolución no constituye una sentencia condenatoria y el proceso deberá continuar para determinar las responsabilidades correspondientes.
Mientras se anuncia el Campo Marte 26 Santander como una gran celebración para disfrutar del Mundial, detrás de su organización están las mismas empresas implicadas en la muerte de dos fotoperiodistas durante el Axe Ceremonia 2025.
Eco en Vivo y OCESA son las encargadas de realizar y promover Campo Marte 26. Ambas compañías tienen las manos igual de sucias: OCESA fue imputada formalmente por homicidio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida el 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica los aplastó durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario.
Grupo ECO y su subsidiaria Obra Negra (O.N. Producciones) también figuran entre las empresas imputadas por la Fiscalía capitalina en ese mismo caso. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, en el evento estaría involucrado el fundador de la firma, Andrés Méndez, junto con colaboradores como Jorge Carlo Ross, Aurelio Benítez y María Infante.
La familia de Berenice Giles denunció que enfrentó más de nueve meses de trabas y omisiones de la Fiscalía, y acusó que hubo intentos de proteger institucionalmente a las empresas involucradas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un oficio el 12 de mayo en el que confirmó que “no existe ningún registro ni trámite de Programa Especial de Protección Civil” para Campo Marte 26 Santander. Al menos hasta el 28 de mayo el festival no contaba con el permiso de seguridad que la ley exige para eventos masivos. La misma omisión que costó dos vidas el año pasado.
Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo presentaron amparos para intentar cancelar el evento, aunque sin éxito. El evento comenzará este jueves 11 de junio.
Familiares y colectivos acusan negligencia empresarial y exigen castigo a responsables, mientras el caso sigue sin resolverse en tribunales.
A un año de la tragedia en el festival Axe Ceremonia, familiares, periodistas y artistas realizaron un “anticoncierto” en la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes fallecieron tras el colapso de una estructura metálica en 2025.
El acto se llevó a cabo afuera del Parque Bicentenario, donde desde temprano comenzaron las actividades bajo el lema “Por lxs que ya no están, lxs que sí, y lxs que vendrán”. El evento reunió a colectivos como #HoySomosTodoPorMiguel, así como a músicos y creadores que participaron de manera solidaria.
Más allá del homenaje, la jornada se convirtió en una protesta directa contra la impunidad. Padres y familiares de las víctimas exigieron avances en la investigación, particularmente la realización de la audiencia inicial que, denuncian, ha sido retrasada por recursos legales.
De acuerdo con la defensa legal, existen al menos ocho personas físicas y tres empresas señaladas como responsables, vinculadas a la organización del festival. Sin embargo, el proceso judicial ha avanzado lentamente, lo que ha generado indignación entre el gremio periodístico.
Organizaciones y defensores de derechos humanos advirtieron que el caso no sólo es individual, sino que refleja un problema estructural: condiciones laborales precarias y fallas graves en seguridad en eventos masivos, donde la vida de trabajadores y asistentes queda en segundo plano frente a intereses económicos.
Además de exigir justicia, los participantes impulsan la creación de una Ley del Trabajo Periodístico, con el objetivo de garantizar protección a periodistas y fotoperiodistas. El mensaje fue contundente: informar o asistir a un evento no debe costar la vida.
El “anticoncierto” concluyó con música, memoria y protesta, dejando claro que, a un año, los nombres de Bere y Miguel siguen resonando más fuerte que el silencio institucional.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se alista para formular imputación contra nueve directivos de OCESA y de la empresa de seguridad privada LOBO, en el marco de la investigación por la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojasdurante el festival Axe Ceremonia 2025.
La audiencia inicial está prevista en los próximos días y será el momento procesal en el que el Ministerio Público presente formalmente las acusaciones y datos de prueba contra los directivos señalados por su responsabilidad en fallas de organización, supervisión y medidas de seguridad durante el evento.
De acuerdo con la investigación, las indagatorias apuntan a omisiones en protocolos de protección civil, instalación de estructuras y supervisión de condiciones de riesgo. Las autoridades buscan establecer responsabilidades específicas dentro de la cadena de mando tanto de la empresa promotora como de la compañía encargada de la seguridad privada.
No obstante, el representante legal de la familia Giles Rivera ha expresado preocupación ante lo que consideran un historial de investigaciones que se diluyen cuando involucran a grandes corporativos. Señala que, aunque la imputación representa un avance, temen que en la audiencia la Fiscalía no sostenga con firmeza la acusación o que se presenten argumentos técnicos que impidan vincular a proceso a los señalados.
El 11 de febrero, el equipo jurídico de la familia denunció ante el Ministerio Público a nueve personas físicas que no se encontraban originalmente señaladas en la carpeta de investigación. Según acusa la familia de Giles Rivera y su defensa, la Fiscalía habría favorecido a estos corporativos responsables de la instalación ilegal de las grúas que colapsaron en el evento. Para los representantes legales esta omisión inicial evidenciaría posibles irregularidades en la integración del expediente.
La audiencia inicial será clave para definir si el juez considera que existen elementos suficientes para vincular a proceso a los directivos. Para las familias, más allá de la etapa procesal, lo fundamental es que se establezca una responsabilidad clara y que el caso no quede como un episodio más de tragedia sin consecuencias penales para quienes tomaron decisiones operativas y administrativas.
El TJA rechazó suspender la resolución administrativa que identifica a Ocesa como organizadora del festival donde murieron dos fotoperiodistas, manteniéndola pública pese a los intentos legales de la empresa.
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México negó a Ocesa la suspensión de una resolución administrativa emitida por la alcaldía Miguel Hidalgo, en la que quedó acreditado su papel como organizadora del festival Axe Ceremonia, evento donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera en abril pasado.
Con esta decisión, la resolución permanece vigente y pública, pese a que la empresa buscó frenar su difusión. La determinación se conoció durante una audiencia de omisiones realizada en las salas orales de Doctor Lavista, donde además un juez avaló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no incurrió en ilegalidad al no incluir a las víctimas en los citatorios dirigidos a los representantes legales de Ocesa dentro de la investigación.
Al concluir la audiencia, el abogado Fabián Victoria, representante legal de la familia de Berenice Giles, explicó que Ocesa impugnó la resolución administrativa que la señala como organizadora —junto con Ecolive— y, adicionalmente, solicitó una suspensión para impedir que el documento siguiera difundiéndose. El TJA, sin embargo, cerró esa puerta, fortaleciendo la transparencia del caso.
Por su parte, Edwin Alan Piñón, abogado de la familia de Miguel Ángel Rojas, adelantó que presentarán una solicitud ante la Jueza Cuarta de Distrito en Materia Penal para revocar la determinación que actualmente impide la celebración de la audiencia inicial, paso clave para el avance del proceso penal.
El fallo del TJA marca un precedente relevante: limita las estrategias para ocultar resoluciones administrativas en casos de alto impacto y refuerza la rendición de cuentas de empresas organizadoras de espectáculos masivos. Mientras la investigación continúa, la decisión judicial mantiene visible una verdad administrativa que Ocesa buscó silenciar.
Luego de que un juez federal negó el amparo solicitado por Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), en el caso Axe Ceremonia que provocó las muertes de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, la promotora Eco Live se pronunció a 9 meses de lo ocurrido para asumir responsabilidad.
El recurso de amparo promovido por OCESA el pasado 14 de enero buscaba que un juez federal otorgará protección legal para modificar su situación jurídica, lo que habría impedido que la Fiscalía la señalará formalmente como imputada en la investigación. Sin embargo, la jueza a cargo determinó que no existían elementos para conceder la medida, por lo que la imputación permanece firme y el caso continuará su curso ante un Juez de Control.
Un segundo amparo tramitado por Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del festival, fue también rechazado por la misma autoridad judicial, reafirmando que ambas compañías están sujetas a la investigación penal en curso.
La resolución judicial se produce nueve meses después de la tragedia, en un proceso marcado por litigios, recursos y una exigencia social y de las familias de las víctimas por avances en la investigación. Abogados de los familiares han denunciado que los recursos legales promovidos por OCESA y Lobo se presentaron incluso antes de que la imputación fuera oficializada por la Fiscalía, lo que ha generado sospechas sobre una posible filtración de información que habría beneficiado a las empresas para intentar blindarse jurídicamente.
Por su parte, la promotora Eco Live, responsable directa de la producción del festival, rompió el silencio antes de la resolución y afirmó en un comunicado su “plena disposición” para colaborar con las autoridades y con las familias de las víctimas, aunque no había hecho público este posicionamiento hasta ahora. Sin embargo, se cuestiona el momento de este pronunciamiento, pues expone una posible estrategia mediática y de relaciones públicas coincidente con los movimientos procesales de las otras empresas involucradas.
Aunque la negación del amparo no equivale a una sentencia condenatoria, sí representa un avance para la Fiscalía en su intención de llevar a cabo audiencias iniciales y sustentar la imputación por homicidio culposo contra las empresas organizadoras. Tras esta determinación, el proceso penal puede continuar con las diligencias previstas para avanzar hacia la judicialización del caso.
El fallo impide que la empresa organizadora evada su responsabilidad legal por el fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrido en el festival de 2025.
La justicia federal negó un amparo a la empresa Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA), con el que buscaba revertir su imputación por homicidio en el caso de la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia, celebrado en abril de 2025 en el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal resolvió que Ocesa deberá mantener su calidad jurídica de imputada, por lo que seguirá formando parte de las cinco empresas señaladas dentro de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la cual se encuentra en proceso de ser judicializada ante un Juez de Control.
De acuerdo con el expediente 68/2026, la jueza negó la protección de la justicia federal solicitada por Ocesa el pasado 14 de enero, fecha en la que el Ministerio Público capitalino modificó su estatus legal, tras considerar su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante el evento masivo.
Este revés legal se suma al amparo promovido por Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del festival, a la que también se le negó dicha protección, fortaleciendo la línea de investigación de la Fiscalía.
El caso mantiene bajo la lupa a las empresas involucradas en la organización y operación del Axe Ceremonia, en un proceso que busca esclarecer responsabilidades penales por la muerte de los comunicadores y evitar que el caso quede en la impunidad.
Familiares de Berenice y Miguel, fotoperiodistas muertos durante el colapso de una grúa en el Festival Ceremonia, acusan que OCESA ha maniobrado legalmente para deslindarse del caso; el director ejecutivo, el poderoso empresario Alejandro Soberón, niega que la empresa haya colaborado con la organización del evento.
Por Martha Rojas
Miguel Rojas Hernández perdió la vida durante una cobertura que realizaba en el Festival AXE CEREMONIA. Tenía 26 años, estudiaba en las FES Aragón de la UNAM y su sueño era convertirse en fotoperiodista profesional.
Pero estos sueños y su vida quedaron frustrados la tarde del 5 de abril de 2025, cuando una estructura de 2.5 toneladas, le cayó encima, a él y a otra de sus colegas, Berenice Aguilar.
A casi un año de la tragedia, familiares y amigos de Miguel señalan que la poderosa empresa de espectáculos OCESA así como otros implicados, entre ellos la promotora cultural ECO LIVE y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo SA de CV, habrían maniobrado legalmente para evitar el proceso dar carpetazo al caso con un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, para los familiares de Miguel la impartición de justicia va más allá de la reparación del daño. Consiste, según expresan sus representantes legales a Los Reporteros MX, de que los responsables asuman públicamente su responsabilidad.
Diana, hermana de Miguel, señala que, en distintas ocasiones la investigación ha sido pospuesta. En primer lugar, porque familiares de Berenice, quien también murió en el lugar, interpusieron un amparo para que la audiencia final se pospusiera hasta que OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo SA de C fueran imputadas e investigadas.
Sin embargo, representantes legales de la familia de Miguel exponen que las audiencias pueden continuar aún si OCESA no ha sido imputada en el caso.
Una diferencia legal que abre la pregunta ¿están encubriendo a alguien?
En entrevista con Los Reporteros MX, la familia de Miguel Rojas desmintió que OCESA haya logrado un acuerdo monetario fuera de los juzgados.
Lo que piden es que el caso continúe sin demoras legales que obstaculicen el avance de la investigación.
Por otra parte, familiares de Berenice Giles piden que no se omita en dicho proceso la probable responsabilidad de la organizadora de eventos más importante en América Latina.
Soberón Kuri, el poderoso empresario detrás de OCESA
El viernes 23 de enero de 2026, la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados notificó que OCESA, propiedad de Luis Alejandro Soberón Kuri, y su filial Servicios de Protección Privada Lobo SA de C, fueron imputadas por el caso.
Un vocero de la organizadora señaló que dicha imputación aún no había sido notificada, sin embargo, admitió que forman parte de las investigaciones por la muerte de Miguel y Berenice.
Familiares de los deudos coinciden en que la promotora ha desplegado un ejército legal y monetario para desligarse del caso.
Después de que la muerte de Miguel y Berenice fue confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, OCESA se desentendió del festival y limitó su participación a “difusor de publicidad”.
En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de Justicia habría respaldo la versión, pero luego de algunos meses y ante los señalamientos de encubrimiento, la dependencia optó por imputar a la promotora.
En un primer comunicado la FGJ indicó que las responsables directas del montaje de la grúa, así como de la aplicación del Programa de Protección Civil serían Agencia de los Socios SAPI de CV (Grupo ECO) y Operadora Eclectic S.A de CV.
En total la Fiscalía imputaría a ocho personas físicas y tres morales por el colapso de la estructura en el Ceremonia.
Según acusan familiares de ambas víctimas, OCESA habría desplegado todas sus influencias y recursos para salir bien librada del caso y continuar con sus operaciones.
Y es que, por años, OCESA ha controlado la industria del entretenimiento a través de diversas compañías que van desde la promotoría, la seguridad privada, hasta la publicidad y la venta de boletos.
Alejandro Soberón Kuri fundó OCESA (Operadora de Centro de Espectáculos) cuando tenía 30 años.
Se trata de un empresario, de bajo perfil, que figura como presidente y director general de OCESA y de varias filiales dedicadas a la seguridad privada y la promoción de eventos.
Soberón también es miembro de los consejos de administración de América Móvil, liderado por Carlos Slim; Grupo Financiero Banamex, dirigido por Fernando Chico Pardo, y de asociaciones civiles como Fundación Carlos Slim, Fundación Coca-Cola o Fundación IMSS.
Además, el también novio de la actriz Shasa Sokol es miembro del patronato de instituciones médicas y hasta de organizaciones pro bosque de Chapultepec.
Soberón ha mantenido una participación silenciosa pero influyente en distintas esferas de la vida pública y empresarial. Con el tiempo, OCESA se convirtió en la mayor promotora de espectáculos, pero su fama ha estado acompañada de acusaciones de sobreventa de boletos, negligencias y corrupción.
Además, la empresa sería señalada en Estados Unidos y México por prácticas monopólicas.
La última acusación gira en torno a la preventa de boletos para BTS. ARMY y Jorge Maynez presentaron una denuncia ante PROFECO acusando que la promotora realizó la preventa con precios inflados que violaban el derecho de los consumidores.
En distintas ocasiones han sido los propios consumidores quienes se han quejado de que las preventas organizadas por OCESA muestran precios inflados y que son adquiridos por revendedores que vuelven a sobreinflar y falsificar boletos.
Por su parte Ticketmaster se mantiene alejado de sus contadores con ventas en línea y un servicio impersonal.
Ambas han cancelado eventos sin reembolsar a los consumidores el dinero del boleto.
Se trata de acusaciones que han sido investigadas por la PROFECO y el ya extinto COFECE, pero que de una u otra forma han sido cerradas o dictaminadas en favor de OCESA gracias al poder de sus accionistas.
En total, la PROFECO ha reunido 4 mil 746 denuncias contra la promotora por distintos eventos, pero ninguna ha tenido consecuencias significativas para la empresa que dirige Soberón.
Una de ellas fue la interpuesta por la diputada morenista Laura Pérez Segura, quien exhortó a la PROFECO a investigar y sancionar la presunta relación de OCESA con la mafia de revendedores de boletos.
Pero el poder económico e institucional de la promotora se hace evidente, impidiendo que las averiguaciones progresen.
