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El adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos no solo es el único al que se enfrenta el dueño de Grupo Salinas, pues de no cubrirlo en el plazo fijado, el caso podría escalar a una acusación penal por defraudación fiscal, con un riesgo real de prisión de hasta nueve años.

El reloj corre para el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego y, más allá del impacto económico, el foco del caso está en las posibles consecuencias penales. Si el deudor no cubre hoy mismo el pago de 51 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el conflicto puede transformarse en un proceso penal por defraudación fiscal, con penas de tres a nueve años de prisión, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

El artículo 108 del CFF establece que cuando la omisión en el pago de contribuciones supera los montos máximos previstos por la ley como ocurre ampliamente en este caso la sanción aplicable es la más alta del rango penal. La deuda atribuida a Salinas Pliego, integrada por ISR, recargos, actualizaciones y multas acumuladas durante más de una década, rebasa por mucho los umbrales que activan estas sanciones.

El escenario podría agravarse si el SAT y la Fiscalía General de la República determinan que existió dolo, simulación de operaciones o uso reiterado de esquemas para evadir el pago, elementos que fortalecerían una imputación penal y permitirían incluso solicitar medidas cautelares más severas.

Aunque la legislación fiscal contempla la posibilidad de extinguir la acción penal si el adeudo se liquida antes de que exista una sentencia definitiva, el vencimiento del plazo marca un punto crítico: a partir de ese momento, el “Tío Richie” ya no solo enfrentaría embargos y ejecución coactiva, sino la probabilidad real de una causa penal que, en el peor de los escenarios, podría derivar en una condena de prisión.

Así, el caso deja de ser únicamente un conflicto entre un contribuyente y el SAT para convertirse en un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar la ley fiscal mexicana cuando los adeudos no se cubren y las instancias legales se agotan.

José Eduardo Rodríguez Blanco