Víctimas exigieron disculpas, renuncias y nombres de los responsables del operativo del 11 de octubre; solo Protección Civil reconoció que debía ofrecer una disculpa.
El Gabinete de Seguridad de Jalisco rechazó asumir responsabilidades por la represión policial del pasado 11 de octubre durante una protesta frente a Casa Jalisco, donde ciudadanos denunciaron el suministro de agua contaminada. Durante una comparecencia en el Congreso estatal, los funcionarios evitaron ofrecer disculpas, identificar quién ordenó utilizar gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes o considerar su renuncia.
“¿Por qué no renuncian, por qué no nos ofrecen disculpas?”, cuestionó Luis Antonio Palacio Vázquez, de 28 años, quien denunció que policías le rompieron varios dientes a golpes. El joven reclamó que ningún funcionario reconociera errores ni señalara a los responsables de las agresiones. Daniela Álvarez, otra de las víctimas, también expresó su desconfianza y confirmó que presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
La jornada se extendió de las 10 a las 17 horas y contó con la participación del secretario de Gobierno, Carlos Arias; el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y el fiscal estatal, Salvador González. El Congreso fue cercado con vallas y policías, mientras que la asistencia de las víctimas estuvo condicionada a la presencia de familiares de uniformados lesionados durante la protesta.
El único funcionario que ofreció disculpas fue el titular de Protección Civil, Sergio Ramírez, quien reconoció que las personas que se sintieron lastimadas merecían una disculpa sincera. Sin embargo, justificó el uso de chorros de agua a baja presión como una medida para dispersar el humo de los gases y reducir riesgos de incendio. La diputada morenista Mariana Casillas rechazó esa explicación y aseguró que presenció las agresiones contra los manifestantes. El legislador Tonatiuh Bravo también cuestionó que Protección Civil utilizara la fuerza, al considerar que carecía de facultades legales para hacerlo.
Por su parte, Arias atribuyó lo ocurrido a posibles responsabilidades individuales, mientras Hernández y Alarcón defendieron la actuación de sus corporaciones bajo el argumento de que buscaban preservar el orden público. El fiscal Salvador González aseguró que los detenidos recibieron atención médica, pero las víctimas lo contradijeron y denunciaron que permanecieron cuatro horas bajo la lluvia, algunos semidesnudos, después de ser golpeados.
Al exterior del Congreso, ciudadanos intentaron ingresar para exigir explicaciones, pero se les impidió el acceso. Los funcionarios finalmente abandonaron el recinto por una puerta lateral para evitar encontrarse con los manifestantes que aguardaban su salida.
