La Fiscalía mantiene investigaciones por irregularidades en obras públicas, pagos indebidos y presuntos daños al erario durante el gobierno de Ignacio Peralta.
El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, luego de que un juez encontrara elementos suficientes para continuar las investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración priista de 2016 a 2021.
La resolución judicial establece que ambos ex funcionarios enfrentarán el proceso en libertad, mientras se desarrolla una investigación complementaria con un plazo de hasta cinco meses. Durante ese periodo, tanto la defensa como la parte acusadora podrán presentar pruebas adicionales relacionadas con las irregularidades detectadas en auditorías y revisiones financieras realizadas por el gobierno estatal.
Entre las principales acusaciones destacan presuntas anomalías por casi 100 millones de pesos destinados a la construcción del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i) y a la remodelación del Palacio de Gobierno de Colima. De acuerdo con las investigaciones, la administración encabezada por Peralta Sánchez adquirió una deuda superior a los 500 millones de pesos para ambas obras, aunque las auditorías únicamente lograron justificar alrededor de 400 millones.
Las autoridades también detectaron pagos presuntamente irregulares por asesorías inexistentes durante 2018. Según las investigaciones, el gobierno estatal habría pagado cerca de 97 millones de pesos a una empresa por servicios de consultoría, pese a que un año antes se destinó apenas un millón de pesos al mismo concepto. Estas inconsistencias forman parte de las denuncias presentadas por la actual administración estatal encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
Por su parte, Carlos Noriega García ya enfrenta una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos en Colima, debido a acusaciones relacionadas con un presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones. Además, existe otra denuncia penal contra Ignacio Peralta por ordenar en 2021 el pago anticipado de casi mil millones de pesos a bancos derivados de un empréstito de corto plazo, mientras se anunciaba la suspensión del pago de nómina a miles de trabajadores estatales.
Tras la audiencia, Ignacio Peralta aseguró que el proceso “era algo esperado” y sostuvo que demostrará haber actuado conforme a la ley durante su gestión. Sin embargo, el caso representa uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes en la historia reciente de Colima y mantiene bajo escrutinio el manejo financiero del anterior gobierno priista.
