Pobladores denuncian restricciones para pescar y obtener agua mientras un centenar de policías resguarda el rodaje de Survivor en Cayos Cochinos.
El próximo rodaje de una nueva temporada del reality Survivor en playa Uva, en los Cayos Cochinos, Honduras, desató protestas de pobladores garífunas, quienes denuncian afectaciones a sus actividades y un operativo policial para contener su movilización.
Mientras la producción de la empresa española Cuarzo Producciones prepara las grabaciones, alrededor de un centenar de policías fue desplegado en la zona. De acuerdo con los habitantes, los pescadores no pueden salir a trabajar, las mujeres enfrentan dificultades para conseguir agua y las tortugas carey tienen impedimentos durante su temporada de desove.
El conflicto escaló luego de que un juzgado penal de San Pedro Sula ordenara el desalojo de los pobladores considerados “ocupantes no autorizados”. El sitio donde se desarrolla el proyecto pertenece a la Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario es Fundación Azteca Honduras, vinculada al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.
Míriam Miranda, dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), declaró en alerta al campamento Por la Vida y anunció que los manifestantes se trasladarán a Cayos Cochinos para instalar un plantón indefinido. La organización acusa una escalada de hostigamiento contra las comunidades ancestrales y exige el cumplimiento de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que reconocen derechos territoriales de pueblos garífunas.
El conflicto ocurre bajo el gobierno de Nasry Asfura, quien asumió la presidencia en enero. En mayo, el Congreso hondureño aprobó una llamada Ley Agropecuaria, que establece como prioridad nacional diversos megaproyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios, ganaderos y energéticos. Organizaciones sociales advierten que la legislación podría facilitar desalojos y la criminalización de defensores territoriales.
Ofraneh mantiene además un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, donde cerca de 300 activistas se turnan para exigir el respeto a las resoluciones internacionales. La organización sostiene que existen alrededor de mil conflictos agrarios o territoriales que podrían agravarse con las nuevas disposiciones.
