Tras el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno capitalina informó que promoverá centros de acopio y donaciones de víveres para enviar ayuda al pueblo cubano.
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que se sumará a las acciones de apoyo humanitario dirigidas a Cuba, luego del llamado realizado por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar al pueblo cubano.
“Como ayuda humanitaria, sí creo yo que se estará aportando recursos y apoyo para solidarizarnos como siempre se ha hecho con el pueblo cubano”, expresó la mandataria ante pregunta expresa por Los Reporteros Mx sobre el tema. Asimismo, explicó que el gobierno capitalino impulsará diversas acciones para facilitar la participación ciudadana en esta iniciativa solidaria.
Entre las medidas previstas, la mandataria detalló que se instalarán centros de acopio para reunir víveres y otros insumos destinados a la población cubana. “Como gobierno de la ciudad estaremos también promoviendo acciones para promover donaciones de víveres y de acopio al pueblo cubano”, afirmó. En los próximos días se dará a conocer el plan completo para organizar estas donaciones.
Brugada también respaldó el derecho internacional para poner fin al bloqueo económico contra la isla: “Como lo hace la ONU cada año, este llamado tiene que ver con levantar el bloqueo económico a Cuba. Me parece que esto es muy importante y hacemos ese llamado. No tendríamos que estar promoviendo solidaridad si se respeta el derecho internacional”, señaló.
Autoridades capitalinas recuperaron departamentos, casas y predios ocupados irregularmente en siete alcaldías, como parte de la estrategia del Gabinete contra Despojos para frenar la apropiación ilegal de inmuebles.
El Gobierno de la Ciudad de México intensificó las acciones contra el despojo de inmuebles, al realizar 13 operativos interinstitucionales en una sola semana, mediante los cuales se logró restituir departamentos, viviendas y predios a sus legítimos propietarios, además de asegurar espacios donde se detectó ocupación irregular.
Las intervenciones se llevaron a cabo del 9 al 13 de marzo en diversas zonas de la capital, particularmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac, donde se atendieron denuncias por invasiones, ingresos no autorizados y conflictos derivados de intentos de apropiación ilegal de propiedades.
Los operativos fueron coordinados por el Gabinete contra Despojos, con la participación de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de la Policía de Investigación (PDI), quienes realizaron acciones de verificación, restitución y resguardo de los inmuebles.
También colaboraron dependencias como la Coordinación General de Movilidad Humana, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas durante los operativos.
En algunos casos se contó con el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal, especialmente cuando en los predios intervenidos se encontraban animales que requerían protección o resguardo durante las diligencias.
Las autoridades capitalinas informaron que también se realizaron acciones de seguimiento jurídico y resguardo en inmuebles donde se detectó quebrantamiento de sellos o intentos de reocupación, con el fin de evitar nuevas invasiones mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Habitantes acusan falta de estudios, consulta ciudadana y transparencia en el proyecto impulsado por la alcaldía encabezada por Luis Mendoza, que limitará el acceso vehicular a residentes.
Vecinos de la calle Uxmal, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron opacidad, falta de planeación y ausencia de consulta ciudadana en una obra impulsada por el gobierno del alcalde Luis Mendoza Acevedo, que mantiene cerrada la vialidad desde hace seis meses y que ahora pretende controlar el acceso mediante un código QR.
De acuerdo con los habitantes del tramo ubicado entre Municipio Libre y Miguel Laurent, la obra inició desde octubre sin que la alcaldía presentara estudios técnicos, presupuesto, duración del proyecto o detalles del plan urbano. Los vecinos aseguran que, pese a varias reuniones con funcionarios de la alcaldía, nadie ha podido explicar con claridad en qué consisten los trabajos.
Según versiones de trabajadores de la obra, el proyecto contempla un acceso peatonal en la zona cercana al edificio sede de la alcaldía y al deportivo Benito Juárez, mientras que los vehículos ingresarían por la rampa del estacionamiento subterráneo para salir posteriormente hacia Miguel Laurent. Sin embargo, no existe información pública oficial que confirme estos cambios viales.
Foto: Josefina Quintero
Además, los residentes señalaron que la calle será convertida en doble sentido en un tramo, pero con acceso exclusivo para habitantes mediante un sistema de código QR, lo que impediría el tránsito habitual desde Emiliano Zapata hacia el norte. Esta medida, advierten, podría generar mayor congestión vial y complicaciones para servicios de emergencia y transporte.
La situación se agrava —afirman— por la presencia de vehículos siniestrados, patrullas y ambulancias estacionadas en la zona, muchos de ellos bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin que la alcaldía haya explicado qué ocurrirá con estas unidades si la calle queda restringida.
Los vecinos también criticaron que ni el director de Participación Ciudadana ni el equipo de arquitectos presentado en las reuniones pudieron detallar el proyecto, lo que evidencia —dijeron— la improvisación del gobierno de Luis Mendoza. Para los habitantes, la obra se ha convertido en un ejemplo de falta de transparencia y mala gestión urbana, pues afecta directamente a al menos 11 predios habitacionales sin que exista información pública clara.
Más de 9 mil 500 personas se reunieron en el Zócalo capitalino para participar en una clase masiva de futbol, superando por amplio margen el récord anterior registrado en Estados Unidos.
El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en una enorme cancha este domingo luego de que 9 mil 500 personas participaran en la clase de futbol más grande del mundo, logrando romper un Récord Guinness y marcando un momento histórico rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México será una de las sedes.
Durante el evento, miles de asistentes realizaron ejercicios con balón, rutinas técnicas y dinámicas deportivas, superando con facilidad la marca anterior de mil 38 participantes registrada en Seattle, Estados Unidos. La actividad reunió a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, quienes llenaron la plancha del Zócalo con entusiasmo futbolero.
¡9 mil 500 personas participaron en La Clase de Futbol más Grande del Mundo para batir el @GWR!
Nos reunimos para demostrar que esta es la #CiudadMásDeportiva y apasionada por el futbol.
La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, destacó que este tipo de eventos demuestran el poder del deporte para unir a la sociedad. “Con esta clase masiva en el Zócalo, el Mundial ya comenzó en la Ciudad de México”, afirmó ante miles de asistentes que participaron en la jornada deportiva.
En el templete también participaron exfutbolistas mexicanos como Francisco Fonseca, Miguel España y Óscar Pérez, quienes animaron a los asistentes durante los ejercicios. Además, estuvieron presentes exjugadoras de la selección mexicana que representó al país en el Copa Mundial Femenina no oficial de 1971, recordando un capítulo histórico del futbol femenil.
Tras concluir la sesión deportiva, representantes de Guinness World Records verificaron la cifra oficial de participantes y confirmaron el nuevo récord. “A partir de ahora son oficialmente asombrosos”, anunció el juez encargado, desatando la celebración entre miles de capitalinas y capitalinos que hicieron historia en el corazón de la ciudad.
La Secretaría de Administración y Finanzas coordina con alcaldías el seguimiento a proyectos que serán financiados con recursos del FIMAS y el nuevo Fondo de Repavimentación para mejorar vialidades y servicios urbanos en la capital.
Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, encabezó una reunión con representantes de las 16 alcaldías para revisar y recibir los proyectos de infraestructura urbana previstos para 2026.
Las alcaldías presentaron las propuestas que serán financiadas con recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), que contará con 1,850 millones de pesos, además del nuevo Fondo de Repavimentación, que suma 1,000 millones de pesos adicionales destinados principalmente a la rehabilitación de vialidades secundarias.
De acuerdo con las autoridades, los recursos se distribuirán de manera proporcional y equitativa entre las alcaldías, con el objetivo de impulsar proyectos prioritarios de infraestructura que mejoren la movilidad, el acceso al agua, la seguridad y el estado de las calles en distintas zonas de la capital.
El FIMAS se financia con recursos derivados del incremento al Impuesto sobre Nóminas, que pasó de 3% a 4%, medida aprobada en el Código Fiscal con el acuerdo del sector privado para fortalecer la inversión pública en la ciudad.
Las inversiones se ejercerán conforme a las Reglas de Operación del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA), publicadas el 25 de febrero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo que permitirá agilizar la aprobación y ejecución de los proyectos.
Durante el encuentro también se informó sobre la publicación de la circular de austeridad, disciplina presupuestaria y control del gasto público para 2026, medida que busca mantener finanzas sanas y sostenibles en la capital, especialmente ante el contexto de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La policía capitalina recuperó joyería valuada en alrededor de 400 mil pesos y aseguró a los sospechosos luego de una persecución iniciada por la propia víctima.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro presuntos responsables del robo de 739 piezas de joyería de plata en calles de la colonia Niños Héroes de Chapultepec, en la alcaldía Benito Juárez. La mercancía recuperada tiene un valor aproximado de 400 mil pesos, de acuerdo con autoridades capitalinas.
El robo ocurrió entre las calles Castilla y Santa María Nativitas, donde un ciudadano pidió apoyo a policías tras denunciar que cuatro sujetos lo interceptaron y lo amenazaron con una navaja para despojarlo de una maleta con piezas de plata. El afectado explicó que venía del estado de Guerrero para entregar la mercancía en una joyería ubicada en la calle Palma, en el Centro Histórico.
Según el testimonio de la víctima, los presuntos delincuentes escaparon a bordo de un vehículo color blanco tras cometer el atraco. El hombre decidió seguirlos en un taxi mientras solicitaba apoyo de la policía, lo que permitió a los agentes ubicar y detener a los sospechosos en la zona.
#Importante | Resultado de la pronta atención a una denuncia ciudadana, en @BJAlcaldia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a cuatro hombres y recuperaron 739 piezas de joyería de #plata robadas a una persona.
Durante la revisión preventiva, los oficiales encontraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, una navaja roja y una maleta negra con las 739 piezas de joyería de plata, las cuales fueron reconocidas por el denunciante como de su propiedad.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.
Tras un cruce de información en bases de datos, la policía confirmó que uno de los detenidos, de 43 años, cuenta con antecedentes penales, incluido un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado en 2021, además de varias presentaciones previas ante el Ministerio Público por distintos delitos.
El gobierno capitalino ordenó a todas las dependencias aplicar estrictos criterios de austeridad durante la organización del Mundial de Futbol 2026 para evitar dispendio y garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.
El Gobierno de la Ciudad de México instruyó a todos los servidores públicos a cumplir con estrictas reglas de austeridad republicana durante el Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de garantizar que cada peso destinado al evento deportivo esté debidamente justificado, documentado y sujeto a fiscalización.
La medida fue emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas mediante una circular publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se establecen lineamientos obligatorios para todas las dependencias del gobierno capitalino. Entre las disposiciones se establece que los proyectos de inversión pública relacionados con el Mundial deberán generar beneficios permanentes, sostenibles y medibles para la ciudad.
Asimismo, se instruyó a privilegiar procesos de licitación pública en contrataciones y evitar prácticas que simulen excepciones legales para realizar adjudicaciones directas. También se ordenó reducir o limitar gastos innecesarios en rubros como telefonía, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros servicios administrativos.
El documento advierte que cualquier irregularidad o gasto injustificado podría derivar en responsabilidades administrativas, financieras e incluso patrimoniales para los servidores públicos involucrados. Por ello, todas las dependencias deberán actuar bajo los principios de economía, eficiencia, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Además, se estableció que todas las erogaciones vinculadas con la organización del Mundial 2026 deberán registrarse, reportarse y documentarse de manera verificable, con el fin de que estén disponibles para procesos de fiscalización, control gubernamental y acceso a la información pública.
Finalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas subrayó que ninguna dependencia podrá realizar contrataciones, adquisiciones o compromisos sin contar con suficiencia presupuestal aprobada para el ejercicio fiscal 2026, advirtiendo que cualquier sobrejercicio o desviación será responsabilidad directa de la unidad administrativa que lo autorice.
La modificación del calendario legislativo permitirá a los diputados capitalinos ausentarse casi cinco días consecutivos, lo que ha generado críticas por priorizar el descanso sobre el trabajo parlamentario.
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México iniciaron un “megapuente” legislativo con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, luego de que se determinara suspender las sesiones ordinarias hasta el miércoles 18 de marzo. La decisión fue anunciada por la diputada del PAN, Olivia Garza de los Santos, quien encabezó la sesión en ausencia del presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.
La modificación del calendario legislativo permitirá que los legisladores dispongan de casi cinco días consecutivos sin actividad parlamentaria, luego de que se acordara posponer las sesiones de la próxima semana, que normalmente se realizan los martes y jueves, para concentrarlas únicamente el miércoles.
De acuerdo con el acuerdo aprobado previamente por la Junta de Coordinación Política, el calendario de sesiones fue ajustado en el marco de la planeación del segundo periodo legislativo que iniciará en abril, lo que derivó también en el cambio de la sesión programada para el martes.
Tras concluir los asuntos del día, la diputada Garza dio por terminada la sesión y citó oficialmente al pleno para reanudar trabajos el miércoles 18 de marzo a las 10 de la mañana, según consta en la versión estenográfica del Congreso capitalino.
No es la primera vez que esta legislatura enfrenta cuestionamientos por priorizar los recesos legislativos. En febrero pasado, durante el puente por el Día de la Constitución, el Congreso fue criticado porque solo 36 de los 66 diputados acudieron a la sesión de apertura del periodo ordinario, lo mínimo necesario para alcanzar el quorum.
Aquella sesión, realizada el 1 de febrero, fue breve y permitió a los legisladores continuar con el descanso del fin de semana largo, retomando actividades hasta el 5 de febrero, fecha en que se conmemoró el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana.
En los últimos seis años, el TJA capitalino ha resuelto cientos de casos por faltas administrativas graves, que han derivado en sanciones económicas, destituciones e inhabilitaciones de servidores públicos.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México ha logrado reintegrar 115 millones de pesos al erario capitalino durante los últimos seis años, resultado de sanciones económicas impuestas a servidores públicos por faltas administrativas graves. Además de las multas, diversos funcionarios han sido destituidos o inhabilitados para ocupar cargos públicos.
El magistrado presidente del tribunal, Andrés Ángel Aguilera Martínez, explicó que este monto deriva de 460 expedientes resueltos, relacionados con irregularidades cometidas por mandos medios, altos funcionarios y personal de dependencias del gobierno capitalino. Aunque no detalló los casos específicos, subrayó que el objetivo de estas resoluciones es garantizar la rendición de cuentas y proteger los recursos públicos.
Actualmente, el TJA mantiene alrededor de 250 expedientes en proceso correspondientes al periodo 2025-2026, en los que se investigan posibles responsabilidades administrativas de secretarios, subsecretarios, directores generales y otros servidores públicos. Estos casos están siendo analizados por las salas especializadas del tribunal, que deberán determinar las sanciones correspondientes.
Aguilera señaló que la mayoría de las sanciones han recaído en mandos medios y superiores, aunque enfatizó que las destituciones e inhabilitaciones se aplican a funcionarios de distintos niveles dentro de la administración pública.
El magistrado también destacó que muchas faltas administrativas se originan por desconocimiento de la normatividad, más que por una intención deliberada de cometer irregularidades. Por ello, el tribunal busca fortalecer la capacitación y el conocimiento legal entre servidores públicos, con el fin de prevenir errores en la gestión administrativa.
Beatriz y María Zavala Pérez se han mantenido dentro del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México respectivamente y, tan solo la primera, tiene un sueldo de más de 178 mil pesos mensuales netos, es decir, 44 mil pesos más que la presidenta de México.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) enfrenta cuestionamientos por su limitada actuación contra el nepotismo.
Luego de que una investigación de La Jornada en 2022 evidenciara que en más de siete años únicamente se sancionó a una persona por contratar a familiares, al interior del organismo se daban redes de parentesco y designaciones de allegados en cargos directivos que hoy salen a relucir derivado de sus altos salarios.
Y es que resuelta contradictorio que un organismo electoral, que suele posicionarse públicamente como vigilante de la legalidad y la transparencia, en la práctica ha mostrado una escasa capacidad —o voluntad— para sancionar prácticas de favoritismo dentro de su propia estructura.
Diversos reportes también han documentado presuntos casos de nepotismo dentro del instituto, donde familiares y personas cercanas a consejeros electorales han sido colocadas en áreas estratégicas con salarios elevados.
Un ejemplo es María Guadalupe Zavala Pérez, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, quien es hermana de Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero déjeme contarle con datos duros.
María Guadalupe Zavala, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, gana un sueldo mensual neto de 97 mil 657 pesos. ¿Lo cuestionable? Pues su hermana, Beatriz Claudia Zavala Pérez, es consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sí, la misma consejera señalada de ser “aliada” del PRIAN.
En 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que Claudia Zavala Pérez preside, emitió medidas cautelares contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenándole abstenerse de emitir comentarios de carácter electoral en sus conferencias matutinas.
La decisión se tomó con el argumento de garantizar la imparcialidad y neutralidad rumbo a las elecciones de 2024, lo que incluyó ordenar al Gobierno federal eliminar o modificar contenidos de cinco conferencias mañaneras por considerar que contenían mensajes políticos.
Posteriormente, Zavala también respaldó la decisión del INE de retirar un spot de campaña de Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Tras ello, el dirigente de Morena en ese momento, Mario Delgado, la acusó de “atacar a la Cuarta Transformación y beneficiar a la derecha”.
Las críticas también se intensificaron en 2022, cuando Zavala cuestionó la implementación de un plan de austeridad impulsado por López Obrador para financiar la consulta de Revocación de Mandato en México de 2022. En ese contexto, la consejera sostuvo que el INE debía seguir el marco legal vigente y rechazó la posibilidad de usar fideicomisos o reducir salarios. Ese mismo año, la comisión que encabeza ordenó retirar una carta firmada por gobernadores y por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al considerar que difundía propaganda gubernamental durante el periodo de veda electoral.
Pero la hipocresía se revela cuando, a pesar de haber criticado acciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la “humilde” consejera gana 44 mil pesos más que la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, como lo está leyendo. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Claudia Zavala Pérez gana 178 mil 464 pesos netos mensuales. Eso significa que al año la consejera se lleva del erario 2 millones 141 mil 568 pesos, eso sin contar el seguro de vida con el que cuenta en el INE, ni la prima vacacional.
Lo irónico es que ella y dos consejeros más del INE, ligados al PRI y al PAN, concluyen su periodo de siete años el próximo 4 de abril. Se trata de Dania Paola Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez.
Las hermanas Zavala Pérez, con presencia dentro de las instituciones electorales, se han convertido en un caso que ha despertado fuertes cuestionamientos por posibles prácticas de nepotismo. En conjunto, ambas perciben 276 mil 121 pesos mensuales, una cifra que ha generado críticas debido a la responsabilidad que tienen estos organismos de garantizar imparcialidad, transparencia y ética en la vida pública.
Así, mientras el organismo atraviesa un proceso de reestructuración, las críticas apuntan a una evidente contradicción: un instituto que exige transparencia y legalidad a partidos y autoridades, pero que ha sido señalado por tolerar prácticas de nepotismo y la colocación de allegados en su propia estructura.
