La Federación Francesa de Fútbol presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de París contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla, por supuestos insultos racistas dirigidos al futbolista Kylian Mbappé.
El hecho, que comenzó como un cruce en redes sociales, escaló a un conflicto de dimensión diplomática entre Paraguay y Francia.
El abogado penalista Sebastián Echagüe explicó a ABC que, aunque rige el principio de territorialidad, la ley francesa contempla una excepción: puede perseguir delitos cometidos en cualquier parte del mundo cuando la víctima es de nacionalidad francesa. Existe un tratado de extradición vigente entre Paraguay y Francia desde 1997.
Este exige que el hecho sea punible en ambos países (principio de equivalencia) y una pena mínima de dos años. Sin embargo, el artículo tercero del convenio abre una opción alternativa, cuando se imputan varios hechos y alguno no cumple esos requisitos, Paraguay puede conceder la extradición.
Este detalle es clave porque en Paraguay la injuria no tiene pena de cárcel, mientras que en Francia sí se investiga a Amarilla por injuria pública e incitación al odio.
En Francia, el delito de discurso de odio en redes sociales prevé normalmente un año de prisión y 45 mil euros de multa. Pero si quien lo comete ostenta un cargo público, la pena se eleva a tres años de cárcel y 75 mil euros de multa.
Deberá determinarse si la senadora se expresó desde una cuenta privada o en ejercicio de su función. La justicia puede citar a Celeste Amarilla en persona o vía telemática, si no comparece, puede juzgarla y condenarla en rebeldía, dado que los hechos ocurrieron públicamente.
Pese a la fuerte presión mediática y política, el especialista señaló que existen mecanismos para evitar la prisión, como una disculpa pública, el cumplimiento de obligaciones específicas o un acuerdo económico transaccional antes de una sentencia formal.
La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, indicó que Celeste Amarilla “no será bien recibida” en Francia, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también condenó los comentarios como “racistas y deshumanizantes”, recordando que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial frente al racismo.
