El aumento en solicitudes de adopción contrasta con los procesos legales lentos, falta de juzgados y criterios poco claros que mantienen a menores sin familia.
Un informe del Instituto Newman, en colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señala que muchos menores permanecen en Centros de Asistencia Social (CAS) durante años y mucho se debe a que el proceso de adopción es engorroso legal y administrativamente pese a que el interés por adoptar casi se duplicó entre 2022 y 2024, al pasar de mil 37 a mil 998 solicitudes.
Entre las principales trabas destacan la falta de juzgados especializados, la carga de trabajo y la lentitud en los procesos judiciales. De 386 juicios de pérdida de patria potestad iniciados, sólo 95 se concluyeron, aunque la ley establece un plazo máximo de 90 días. Esta demora impide que los menores puedan ser legalmente adoptados en tiempos razonables.
Incluso cuando los niños y adolescentes ya son susceptibles de adopción, la asignación a una familia no está garantizada. En 2024, de 858 menores en esta condición, sólo 243 lograron integrarse a un hogar. La falta de criterios claros para evaluar a los adoptantes y la incompatibilidad entre perfiles agravan la situación.
Ante este panorama, el informe advierte sobre las afectaciones emocionales en los menores y plantea la urgencia de una reforma estructural. El Instituto Newman propone una Ley Nacional de Adopciones, desarrollada con apoyo de UNICEF México, para agilizar procesos y garantizar el derecho de la infancia a vivir en familia.
