La FGR comprobó que la doctora brindó una atención inadecuada durante un parto, lo que derivó en la muerte de la recién nacida.
Una médica identificada como Martha “N” fue condenada a tres años de prisión por un caso de negligencia médica ocurrido en Colima. Además, un tribunal federal ordenó su inhabilitación para ejercer la medicina durante un mes, al encontrarla responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima, quien señaló que el 8 de junio de 2015su hija recibió una atención médica deficiente durante el trabajo de parto. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la doctora no revisó correctamente el expediente clínico ni dio el seguimiento adecuado al parto.
Como parte de la investigación, la FGR aseguró los expedientes médicos y presentó un peritaje que concluyó que la atención brindada por la médica fue incompleta y no cumplió con los protocolos establecidos. Esto permitió acreditar su responsabilidad en los hechos.
Además de la pena de prisión, el tribunal también suspendió los derechos políticos y civiles de la sentenciada y le impuso una amonestación. La FGR señaló que este caso refleja su compromiso de investigar y sancionar los delitos relacionados con la prestación de servicios médicos.
La Comisión de Derechos Humanos confirmó la autenticidad del video y la Fiscalía abrió una investigación por posibles actos de tortura cometidos contra un detenido en Coquimatlán.
Un video que muestra a elementos de la Policía Municipal de Coquimatlán, Colima, presuntamente torturando a un detenido ha generado una fuerte ola de indignación y ha encendido las alarmas sobre los abusos de autoridad en corporaciones de seguridad. Tras la difusión de las imágenes, el alcalde Luis Gerardo Olivares solicitó la suspensión inmediata de los agentes involucrados y aseguró que enfrentarán consecuencias administrativas y penales si se confirma su responsabilidad.
Las imágenes, grabadas presuntamente en noviembre de 2025 y difundidas recientemente en redes sociales, muestran a un hombre identificado como Gabriel N con las manos atadas mientras varios policías lo someten. En el video se observa cómo uno de los agentes vierte agua sobre una tela colocada en el rostro de la víctima, una práctica conocida como waterboarding o ahogamiento simulado, considerada internacionalmente una forma de tortura.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) confirmó la autenticidad del material e inició de oficio la queja correspondiente, además de requerir información formal al Ayuntamiento. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Otros Tratos Crueles, luego de que la víctima presentara una denuncia formal por los hechos.
🚨⚠️ Investigan presunto caso de abuso policial en Colima. Autoridades de Coquimatlán abrieron una investigación tras la difusión de un video en el que presuntos policías municipales someten a una persona detenida con un método que ha sido señalado como posible acto de tortura.… pic.twitter.com/kpMAHrqZdH
— AG Medios | Noticias de Puebla (@AG_Medios) June 26, 2026
Ante la gravedad del caso, el alcalde informó que presentó una solicitud ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para que los policías señalados sean suspendidos preventivamente mientras se desarrollan las investigaciones. “No deben portar armas, no deben estar en las calles y no deben tener contacto con personas detenidas”, sostuvo el edil, quien prometió total colaboración con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
El Ayuntamiento también emitió un posicionamiento en el que aseguró que no tolerará conductas contrarias a la ley y reiteró que cualquier servidor público que incurra en abusos deberá responder ante la justicia. Olivares dirigió además un mensaje a la víctima y a su familia, reconociendo la gravedad de los hechos y afirmando que ninguna persona bajo custodia policial debe temer ser violentada por quienes tienen la obligación de protegerla.
Este caso vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de erradicar prácticas violatorias de derechos humanos dentro de las corporaciones policiales. Las autoridades estatales y municipales ahora enfrentan el reto de garantizar una investigación transparente, sancionar a los responsables y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en Colima.
Tras llegar al Senado gracias a la alianza con Morena, el dirigente del PVEM en Colima busca ahora la gubernatura alejándose de quienes lo llevaron al cargo, reavivando cuestionamientos sobre su congruencia política.
Si algo ha caracterizado la carrera de Virgilio Mendoza Amezcua no es la lealtad a un proyecto político, sino su capacidad para cambiar de aliado cuando las circunstancias electorales lo requieren.
El hoy senador por Colima y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vuelve a colocarse en la escena política tras perfilarse como aspirante a la gubernatura, aun cuando llegó al Senado gracias a la coalición encabezada por Morena.
Mendoza comenzó su trayectoria en distintas fuerzas políticas y ha transitado por el PRI, organizaciones locales, el PAN y finalmente el PVEM, acumulando una larga lista de cambios partidistas que han alimentado las críticas sobre la falta de una identidad política clara. Para muchos observadores, más que convicciones, sus movimientos parecen responder a cálculos electorales y oportunidades de poder.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2015, cuando estaba encaminado a competir por la gubernatura bajo las siglas del PAN, pero terminó respaldando al priista José Ignacio Peralta. Años después reconoció públicamente que aquella decisión fue un error. Sin embargo, lejos de representar una autocrítica profunda, el episodio se convirtió en símbolo de una carrera marcada por virajes constantes y alianzas contradictorias.
La contradicción vuelve a aparecer en 2026. Después de obtener un escaño en el Senado con el respaldo de la alianza entre Morena, PVEM y PT, y beneficiarse de la fuerza electoral de la Cuarta Transformación en Colima, ahora busca construir una candidatura propia tomando distancia del movimiento que contribuyó a llevarlo al cargo.
Sus detractores sostienen que Mendoza representa una de las prácticas más cuestionadas de la vieja política: utilizar las plataformas partidistas como vehículos personales para escalar posiciones, sin importar el proyecto ideológico detrás de ellas. La crítica se ha intensificado debido a que pretende presentarse como una alternativa política distinta después de haber formado parte de prácticamente todos los espacios de poder relevantes en la entidad.
A medida que se acerca la definición de candidaturas en Colima, Virgilio Mendoza deberá enfrentar una pregunta que cada vez resuena con más fuerza entre la ciudadanía: ¿qué proyecto representa realmente un político que ha pasado por tantos partidos y alianzas distintas? Para sus simpatizantes es experiencia; para sus críticos, es el ejemplo de una carrera construida más sobre la conveniencia política que sobre la congruencia.
Valdemar “N”, identificado como un objetivo prioritario por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue detenido junto con otros dos presuntos integrantes de una red vinculada al tráfico de personas y drogas.
Un operativo conjunto de fuerzas federales logró la detención de Valdemar “N”, alias “Valdo”, señalado como integrante del Cártel del Golfo y buscado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y hechos violentos. La captura se realizó en Ixtlahuacán, Colima, junto con otras dos personas que también enfrentan órdenes de extradición.
De acuerdo con información oficial, Valdemar “N” es considerado un objetivo prioritario de seguridad, debido a su presunta participación en el traslado de grandes cargamentos de metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense. Además, las investigaciones lo ubican como posible autor intelectual de diversos homicidios cometidos tanto en México como en Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que el detenido habría formado parte de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde ocupó una posición relevante dentro de las operaciones criminales. Sin embargo, tras presuntos conflictos internos abandonó esa organización y posteriormente se integró al Cártel del Golfo, desde donde continuó con actividades ligadas al tráfico internacional de drogas.
Durante el mismo despliegue fueron capturados Ramón “N” y Cristina “N”, quienes contaban con órdenes de detención con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas. Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima, donde se definirá su situación jurídica y los procedimientos correspondientes para atender las solicitudes internacionales.
La detención ocurre en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra las organizaciones criminales que operan en México. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre una posible fecha de extradición, las autoridades confirmaron que los detenidos permanecerán bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales en ambos países.
Pese a los señalamientos, las autoridades recordaron que las personas detenidas gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.
La Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez abastecerá a más de 800 mil usuarios y permitirá reducir emisiones contaminantes mientras aumenta la capacidad energética del Estado mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró en Manzanillo, Colima, la nueva Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez, una obra estratégica que fortalece la capacidad de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y consolida el proyecto de soberanía energética impulsado por la Cuarta Transformación. Durante el acto, la mandataria afirmó que sin la empresa pública “no habría soberanía nacional ni soberanía energética”, por lo que defender y fortalecer a la CFE es también defender a México.
La nueva central incorpora tecnología de última generación y aporta 357 megavatios adicionales al complejo termoeléctrico General Manuel Álvarez Moreno, que alcanza una capacidad total de 2 mil 860 megavatios, convirtiéndose en uno de los complejos de generación eléctrica más importantes de América Latina. La obra requirió una inversión superior a 347 millones de dólares y beneficiará a más de 800 mil usuarios, además de respaldar las actividades comerciales, industriales y de servicios del occidente del país.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que el proyecto representa un avance significativo en la transición hacia fuentes de energía más limpias y eficientes. Explicó que la planta permitirá ahorrar más de 93 millones de litros de agua al año y evitará la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono, una reducción equivalente a retirar de circulación más de 312 mil vehículos de gasolina.
Durante su intervención, Sheinbaum recordó los intentos de privatización que enfrentó la CFE durante el periodo neoliberal y resaltó que las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación permitieron recuperar el control estratégico de la generación eléctrica. La mandataria señaló que actualmente la empresa pública mantiene una participación mayoritaria en la producción de energía y confió en que, al concluir su administración, el Estado mexicano alcance cerca del 65 por ciento de la generación nacional, gracias a la incorporación de nuevas centrales en distintos estados del país.
Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, subrayó que Manzanillo es una región clave para la economía mexicana debido a su actividad portuaria, logística e industrial. Afirmó que contar con un suministro eléctrico estable y suficiente es indispensable para sostener el crecimiento económico, garantizar la operación de las industrias y brindar certeza a millones de familias.
Tras la inauguración, algunos trabajadores manifestaron inquietudes relacionadas con condiciones laborales y la creación de nuevas plazas. Más tarde, la presidenta continuó su gira de trabajo en Aguascalientes, donde encabezó la entrega de apoyos de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares destinados a niñas y niños.
Más de 57 mil estudiantes colimenses recibirán mil 900 pesos bimestrales para uniformes y útiles a partir de agosto.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes en Villa de Álvarez la entrega de la beca Rita Cetina. Frente a familias y docentes, defendió que la educación pública es la mejor del país y reconoció el trabajo diario del magisterio nacional.
“La escuela pública es la mejor, y eso es gracias a las maestras y a los maestros”, dijo ante los asistentes. Para Sheinbaum, los docentes lo dan todo por los hijos de las familias mexicanas.
La mandataria también habló desde su propia experiencia. Estudió Física, obtuvo becas para maestría y doctorado, y durante años fue profesora universitaria. En el salón de clases, su prioridad siempre fue que todos sus alumnos aprobaran. “Siempre he pensado que todas y todos tenemos derecho a la educación”, recordó.
Con ese principio como base, el gobierno federal decidió que las becas no dependerán de las calificaciones. Todos los estudiantes de secundaria ya cuentan con una beca, y ahora los de primaria también recibirán apoyo para útiles escolares.
En Colima, los cerca de 57 mil beneficiarios recibirán una tarjeta bancaria. A partir de agosto, cada dos meses se les depositarán mil 900 pesos para cubrir uniformes y materiales al inicio del ciclo escolar.
Entre los asistentes estuvo María Karime Cano Flores, alumna beneficiaria de la beca. Agradeció a la presidenta el apoyo y compartió su sueño: ser maestra algún día.
Al concluir el evento, Sheinbaum viajó a Manzanillo para continuar su gira de trabajo por el estado.
Ocho detenidos en operación contra la evasión fiscal en varias entidades.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmantelaron una red delictiva dedicada a la evasión fiscal. Esta organización, conocida como “Del Caballito”, utilizaba empresas como fachadas para emitir facturas falsas. A través de esta práctica, lograban evadir impuestos y afectar la hacienda pública.
El despliegue de 440 agentes permitió realizar acciones coordinadas en nueve estados: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Según Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, la red constituyó al menos 15 compañías y asociaciones civiles.
Las investigaciones revelaron que estas empresas generaban comprobantes fiscales falsos. Esto les permitía ingresar dinero correspondiente a operaciones inexistentes, lo que les ayudaba a reducir su carga impositiva. Además, la red repartía esos recursos en el sistema financiero, ocultando su origen.
Durante la operación, se realizaron 40 cateos que resultaron en la detención de ocho personas: Michael ‘N’, Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ y Lilia ‘N’. Las autoridades aseguraron 11 domicilios, así como vehículos y una notable cantidad de dinero en diversas monedas.
Las autoridades siguen investigando. Se espera que esta acción sea un golpe significativo contra la evasión fiscal en el país. La lucha contra prácticas delictivas como estas es fundamental para proteger la economía nacional y asegurar el bienestar de todos los ciudadanos.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó los resultados del operativo realizado en el municipio de Tecomán.
Derivado de una agresión armada contra elementos de la Fiscalía General del Estado mientras realizaban labores de investigación, elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima, Fiscalía General del Estado de Colima, desplegaron un operativo coordinado de reacción y contención en distintos puntos del municipio de Tecomán.
Tras el operativo coordinado se detuvieron a cinco personas, entre ellas, José “N”, quién se presume reside en Estados Unidos, contaba con requerimiento de extradición, siendo entregado a autoridades estadounidenses en coordinación con Interpol.
2 agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Se aseguraron un vehículo blindado de manufactura artesanal, dos vehículos tipo RZR, además de otros vehículos adicionales, 6 armas largas y 1 arma corta, 7 artefactos explosivos caseros, 35 cargadores y cartuchos útiles de diferentes calibres, sustancias con con características similares a narcóticos, equipo táctico, placas y chalecos antibalas.
Durante la agresión inicial, dos elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima resultaron lesionados. Uno ya fue dado de alta y el segundo se reporta estable, recibiendo atención médica.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima, reiteró que las acciones de seguridad permanecen activas y coordinadas para mantener el orden en la región.
La Fiscalía aclaró que no existen pruebas directas ni imputaciones formales que vinculen a los hermanos Farías Laguna con la muerte de tres elementos navales y una extrabajadora de la FGR en Colima.
La Fiscalía General de la República salió a desmentir una nota de El Universal donde se aseguraba que los hermanos Farías Laguna estaban relacionados con el asesinato de tres marinos y una ex empleada de la Fiscalía de Colima dentro de una investigación por presunto huachicol fiscal y delincuencia organizada.
A través de un comunicado oficial, la FGR aclaró que el Ministerio Público Federal no cuenta con imputaciones ni pruebas directas que establezcan la participación de Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna en los homicidios mencionados. La dependencia subrayó que las afirmaciones difundidas se sustentaban en reportes periodísticos y datos de inteligencia, pero no en elementos sólidos integrados dentro de la carpeta de investigación.
La polémica surgió luego de que el medio nacional publicara que, dentro de una solicitud de orden de aprehensión contra 14 personas relacionadas con delincuencia organizada y contrabando, se señalaba que la presunta red criminal utilizaba métodos violentos para silenciar denuncias relacionadas con operaciones de huachicol fiscal en aduanas mexicanas. Entre las víctimas mencionadas aparecían el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, los capitanes de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, así como Magali Janet Nava Ramos, ex trabajadora de la Fiscalía en Colima.
Según la publicación, las investigaciones apuntaban a que la organización criminal presuntamente liderada por los hermanos Farías Laguna tenía capacidad para identificar a personas que denunciaban irregularidades dentro de aduanas y anticiparse a movimientos de las autoridades. Incluso se mencionaba un supuesto patrón de ejecución coordinado para eliminar a quienes intentaban revelar el funcionamiento de la red de tráfico ilegal de hidrocarburos.
Sin embargo, la FGR insistió en que hasta ahora no existen datos concluyentes que relacionen directamente a los señalados con los homicidios. Además, enfatizó que las investigaciones continúan y que cualquier imputación debe sustentarse en pruebas judiciales verificables y no únicamente en versiones mediáticas o reportes preliminares.
La controversia llegó hasta la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró que la Fiscalía aclarara la situación y criticó la difusión de noticias falsas. La mandataria adelantó que en junio iniciará un programa semanal coordinado por Luisa María Alcalde para combatir la desinformación y reforzar el derecho ciudadano a recibir información verificada.
El presunto generador de violencia operaba en la zona limítrofe entre Colima y Jalisco; durante el operativo también aseguraron armas de alto poder y vehículos utilizados por la célula criminal.
Un fuerte operativo de seguridad en Colima terminó con la muerte de dos presuntos sicarios, entre ellos un sujeto identificado como “El Huesos”, señalado por autoridades como objetivo prioritario y presunto generador de violencia en la región colindante entre Colima y Jalisco. La intervención de fuerzas estatales y federales también habría evitado un homicidio que el grupo criminal planeaba cometer.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las corporaciones recibieron reportes sobre la presencia de hombres armados al interior de un motel ubicado en la capital colimense. Al arribar al sitio, los agentes fueron recibidos a balazos desde el inmueble, lo que provocó una persecución contra dos vehículos en los que intentaron escapar los sospechosos.
Durante la huida, uno de los automóviles perdió el control y se impactó contra un camellón. Los ocupantes descendieron disparando contra los elementos de seguridad, desatando un enfrentamiento armado. En el intercambio de disparos fueron abatidos dos presuntos delincuentes, incluido “El Huesos”, quien era investigado por su presunta participación en hechos violentos ligados al crimen organizado.
Las autoridades detallaron que a los sujetos se les aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora FN y un fusil AK-47. Además, se localizaron cargadores, cartuchos y un segundo vehículo abandonado, junto con casquillos percutidos y otra arma de fuego.
La SSP informó que la célula criminal estaba integrada por al menos seis personas; sin embargo, cuatro lograron escapar tras el enfrentamiento y ya son buscados por fuerzas estatales y federales. Las investigaciones apuntan a que el grupo se dirigía a ejecutar un ataque armado, acción que habría sido frustrada gracias a la rápida respuesta de las corporaciones de seguridad.
