La Fiscalía General de la República aseguró que la organización introdujo millones de litros de combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas, provocando un daño superior a los 4 mil millones de pesos al erario.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora en México, una organización dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos y encabezada, presuntamente, por el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Como parte del operativo se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exmandatario, quien ya fue detenido junto con otros tres implicados.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que la red operaba mediante un esquema de importaciones fraudulentas, en el que se declaraban volúmenes menores de gasolina y diésel o se registraban mercancías distintas para evadir el pago de impuestos. La investigación, encabezada por la FEMDO, identificó una estructura integrada por empresas, operadores financieros, agentes aduanales y redes logísticas, que movía recursos dentro y fuera del país mediante transferencias internacionales.
Entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. De acuerdo con la FGR, el esquema provocó un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública, al introducir combustible sin cubrir las contribuciones correspondientes.
Las investigaciones revelan que el grupo utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para ingresar combustible proveniente de refinerías de Texas, el cual era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Según la Fiscalía, en muchos casos solo se declaraba el 10% de la capacidad real de los vagones, reportando cargamentos de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros. En total, 15.3 millones de litros de hidrocarburos habrían ingresado al país sin ser declarados.
Además del contrabando, la FGR detectó movimientos financieros por más de 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares a través de cerca de 80 cuentas bancarias, cuyos recursos eran dispersados casi de inmediato para dificultar su rastreo. La dependencia sostuvo que las empresas involucradas presentaban patrones financieros incompatibles con la actividad económica reportada, fortaleciendo las investigaciones por delincuencia organizada y defraudación fiscal.
