El Gobierno de México reportó miles de denuncias, más de 2 mil 500 detenidos y el aseguramiento de 173.7 millones de litros de combustible como parte de la estrategia contra la evasión fiscal en el sector energético.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México ha recuperado 48 mil 411 millones de pesos en ingresos declarados por IEPS hasta septiembre de 2026, como resultado de las acciones contra el comercio ilícito de combustibles. La estrategia busca cerrar espacios a la evasión fiscal y vigilar toda la cadena, desde la importación hasta la venta en gasolineras.
Durante la conferencia matutina, la mandataria recordó que, de acuerdo con las estimaciones presentadas, en 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil millones de pesos por IEPS. Frente a ese monto, destacó que la recuperación registrada en lo que va de 2026 representa recursos adicionales respecto al año anterior, aunque precisó que una parte corresponde al efecto del subsidio aplicado a los combustibles.
Como parte de los operativos, se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) 10 mil 674 denuncias de Pemex por robo de combustible, 152 del SAT por contrabando y fallas en controles volumétricos, 150 de la Comisión Nacional de Energía, 127 de la Procuraduría Fiscal de la Federación y 11 de Aduanas. Además, las autoridades reportaron 2 mil 539 personas detenidas, 5 mil 572 unidades de transporte aseguradas y 173.7 millones de litros de combustible incautados.
Sheinbaum señaló que las investigaciones han alcanzado a distintos participantes de la cadena, desde responsables de importaciones hasta distribuidores. También se han cancelado gasolineras y eliminado registros del RFC, mientras las autoridades concentran esfuerzos en revisar los permisos de comercialización.
La Secretaría de Energía explicó que 16 instituciones federales intercambian información para combatir estas prácticas y que el Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos fortalece la trazabilidad de los productos. En paralelo, Pemex reportó que redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en dos años, hasta alcanzar su nivel más bajo desde 2014.
Con estas medidas, el Gobierno federal busca recuperar ingresos públicos y reducir las operaciones ilegales en el mercado energético. Los resultados reportados reflejan el alcance de los decomisos y las investigaciones, mientras el seguimiento fiscal y judicial deberá determinar el impacto sostenido de la estrategia.
