El gobernador de Nuevo León, Samuel García, plantea que beneficiarios de programas limpien la ciudad a cambio de recibir apoyos, reviviendo posturas que durante años fueron cuestionadas por su enfoque excluyente y prejuicioso.
En Nuevo León, el gobernador Samuel García vuelve a colocar en el centro de confrontación pública una “propuesta” que no sólo resulta polémica, sino profundamente limitante, obligando a las personas que reciben apoyos sociales a trabajar por lo menos cinco horas semanales limpiando la ciudad. La idea, presentada como una medida de responsabilidad colaborativa, revive un discurso que durante años fue señalado por su orientación clasista.
Su narrativa alude directamente a planteamientos promovidos en el pasado por figuras como Vicente Fox, quien sostenía que los apoyos sociales deben condicionarse al trabajo físico, bajo la lógica de que el Estado no debía “mantener” a la población. Ahora, este enfoque surge desde un gobierno durante campañas prometen que sea “distinto”.
Sin embargo, la imaginación de donde surge la propuesta de Samuel García no solo genera cuestionamientos ideológicos. ¿Debe una persona adulta mayor, que ha trabajado toda su vida salir a barrer calles para poder acceder a una pensión universal? El planteamiento parece ignorar la iniciativa de estos programas, diseñados como derechos, no como favores condicionados.
En lugar de fortalecer derechos, se condicionan, los apoyos dejan de ser mecanismos de bienestar para convertirse en herramientas de control. En lugar de reconocer desigualdades estructurales, se responsabiliza a quienes menos tienen.
Mientras el gobernador de Nuevo León piensa en exigir a los sectores más vulnerables realizar trabajo comunitario, poco se observa de ese mismo compromiso desde el poder. El propio Samuel no destaca precisamente por liderar labores sociales en su estado, lo que refuerza y exhibe un doble discurso.
La crítica se extiende cuando se observa que, en lugar de enfocarse en atender los problemas estructurales de Nuevo León, Samuel García ha sido señalado por priorizar su imagen pública y hasta personal en otros países.Entre giras, foros, apariciones internacionales y publicidad pagada con recursos públicos en redes sociales, su imagen parece ocupar un lugar central.
El debate no es sólo sobre limpiar calles, sino sobre la idea misma del Estado y su responsabilidad frente a la ciudadanía. Condicionar derechos bajo el argumento de “ganarse” el apoyo, ha implicado un retroceso en avances sociales que han costado décadas.
Así, Samuel García no solo retoma un discurso prianista, sino que lo hace desde una posición de poder que debería en teoría, apostar por la inclusión y la equidad. La contradicción entre lo que pretende exigir y lo que practica termina por reforzar la crítica: pedir esfuerzo a los de abajo mientras se privilegia la imagen propia no favorece la confianza pública.
