La medida contempla reportes a la SSPC y la Guardia Nacional cuando las plataformas detecten publicaciones relacionadas con abuso sexual, autolesiones y extremismo; el gobierno dialogará con las empresas antes de su publicación.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un proyecto de decreto que obligará a las plataformas digitales a retirar contenidos que promuevan la violencia, el odio y otras conductas de riesgo, con el objetivo de garantizar entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes. La propuesta también incluye material relacionado con explotación sexual, suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las empresas deberán eliminar este tipo de publicaciones y reportarlas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional cuando las identifiquen. Aclaró que, en esta primera etapa, el proyecto no contempla sanciones para las plataformas que incumplan las obligaciones previstas.
Sheinbaum adelantó que el decreto podría publicarse entre martes y miércoles de la próxima semana, después de abrir un espacio de diálogo con representantes de las compañías digitales para explicar los alcances de la medida. No obstante, subrayó que el retiro de contenidos será obligatorio, pues el gobierno busca impedir que estos espacios expongan a menores de edad a materiales violentos o de abuso.
La iniciativa responde, entre otros factores, al compromiso asumido por el gobierno federal tras el ataque ocurrido en una escuela de Coahuila. Para elaborar la propuesta, autoridades federales sostuvieron reuniones con especialistas y representantes de los gabinetes de seguridad, así como con funcionarios de las secretarías de Educación Pública y Salud.
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, señaló que las plataformas ya cuentan con mecanismos para retirar publicaciones violentas y material de abuso sexual. Explicó que el objetivo es perfeccionar esas herramientas y agilizar los canales de comunicación con las autoridades de seguridad para atender los reportes.
La presidenta también anunció la integración de un grupo de trabajo que evaluará si el decreto resulta suficiente o si será necesario impulsar reformas legales adicionales. Con ello, el gobierno busca avanzar en la regulación de contenidos digitales que representen riesgos para menores, mientras define el alcance de las obligaciones que tendrán las empresas tecnológicas.
