Durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Saldívar expuso los criterios constitucionales que determinan cuándo una persona puede o no ser candidata a un cargo de elección popular, en el contexto de procesos penales.
El Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar, señaló que, conforme al artículo 38 constitucional, los derechos político-electorales se suspenden en los siguientes supuestos:
- Estar sujeto a prisión preventiva.
- Cumplir una sentencia condenatoria privativa de libertad.
- Contar con una suspensión de derechos dictada expresamente en sentencia.
- Ser prófugo de la justicia.
- Tener condena por delitos específicos: contra la vida y la integridad corporal, de índole sexual, contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar, violencia política de género, y por incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Arturo Zaldívar subrayó que el texto constitucional es una cosa y otra distinta es cómo ha evolucionado su interpretación por parte de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, tomando en cuenta la presunción de inocencia. En ese sentido, aclaró que:
- Una persona denunciada, investigada o imputada sí puede ser candidata, pues estas etapas no implican pérdida de derechos.
- Quien está vinculado a proceso pero enfrenta su caso en libertad también conserva ese derecho.
- Una orden de aprehensión, por sí sola, no suspende los derechos políticos; se requiere que la persona tenga la condición material de prófugo, es decir, que se sustraiga efectivamente de la acción de la justicia.
Para los casos en que existe una sentencia condenatoria pero el imputado permanece en libertad, Arturo Zaldívar indicó que se necesita una suspensión de derechos, debidamente argumentada por el juez, o bien que se trate de alguno de los delitos graves o del incumplimiento de obligaciones alimentarias previstos en la ley.
El Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar, enfatizó que, pese a esta guía general, cada caso debe analizarse de manera individual, ya que las reglas no se aplican de forma automática ni uniforme en todas las situaciones.
