Etiqueta: corrupción política

  • Dinastía potosina: esposa de gobernador Gallardo quiere heredar el trono

    Dinastía potosina: esposa de gobernador Gallardo quiere heredar el trono

    Por Ricardo Sevilla

    Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.

    Pero déjeme contarle la historia con datos duros.

    Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.

    En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.

    La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.

    El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañanera del Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.

    Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.

    De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.

    No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.

    Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.

    Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.

    Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.

    De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.

    Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.

    Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.

    Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.

    En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.

    Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.

    Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.

    Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.

    Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.

    Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.

    Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.

    Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí

    Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.

    Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.

  • El diputado “Chamarra”

    El diputado “Chamarra”

    Por Ricardo Sevilla

    El PAN en Guanajuato huele a cuero y a corrupción. Lamentablemente, en ese estado, el partido conservador no tiene vergüenza. Y es que, en Guanajuato, los panistas han hecho de la desfachatez su moneda de uso corriente.

    Pero déjeme contarle esta historia, con datos duros.

    Ocurre que al diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim, le pareció muy divertido jactarse de ser el dueño de una empresa que, según él, es la que fabrica más chamarras de piel en México.

    El panista, con un tono fanfarrón, dijo que su compañía exporta 1200 chamarras a la semana. Y haciéndose el gracioso, agregó que no sabe qué está haciendo como diputado. ¿No me cree? Escúchelo usted:

    Lamentablemente, entre los panistas, la línea entre el servicio público y el éxito empresarial se ha desdibujado hasta volverse invisible.

    El diputado Miguel Ángel Salim no es un ciudadano de a pie; es un legislador, un diputado federal, y sus palabras caen tan pesadas como un yunque. ¿Y sabe por qué? Porque lo hace desde una posición de cinismo legislativo.

    El panista no se da cuenta de que su bufunería invalida el contrato social con sus electores. A Salim le importa más ser empresario que servidor público. Al panista le importa un camote el pueblo, porque prefiere el negocio, el negocio que le da más.

    En Guanajuato, el PAN ha consolidado un modelo donde el valor de un individuo no se mide por su vocación social, sino por su eficiencia financiera. Se asume que “saber hacer dinero” califica automáticamente para “saber gobernar”.

    Los panistas, infelizmente, piensan que la gestión pública es una mera administración de activos privados.

    Y eso está mal, está pésimo por cualquier lado donde se le vea. ¿Y sabe por qué? Porque, de acuerdo con diferentes encuestas de cultura política en México, el 75% de los ciudadanos percibe que los políticos legislan para intereses privados. Y esta clase de declaraciones, como las que hace el panista Salim, no hacen más que validar esa triste percepción.

    ¿Y quiere saber un secreto? Este panista, el que ve la política como una empresa privada, se ha mostrado muy interesado en contender por la alcaldía de León en 2027. Cabe decir que el tipo fue exsecretario de Economía del Municipio de León.

    La intención de Salim de contender por la alcaldía de León en 2027 revela que la política, entre los panistas, es vista como un ciclo de inversión. Y su paso por la Secretaría de Economía y la Cámara de Diputados podría funcionarle como una campaña de relaciones públicas para consolidar un feudo local, utilizando la estructura del PAN como una franquicia comercial.

    Miguel Ángel Salim no es un representante; es un gerente de ventas con fuero

    Así el comportamiento del diputado “Chamarra”, que tiene más cuero que cerebro legislativo.

  • Denuncian nepotismo del PAN en Chihuahua por vínculos familiares en dependencias estatales

    Denuncian nepotismo del PAN en Chihuahua por vínculos familiares en dependencias estatales

    El alcalde de Ciudad Juárez exhibió al menos ocho casos de familiares de liderazgos panistas con cargos públicos, mientras el PAN acusa persecución política y violencia de género.

    El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, denunció un presunto caso de nepotismo y tráfico de influencias en el gobierno de Chihuahua, al señalar que ocho familiares de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, y de la diputada local Edna Xóchitl Contreras Herrera, ocupan cargos en distintas dependencias estatales, con salarios de hasta 48 mil 600 pesos mensuales.

    Durante su conferencia de prensa, el edil presentó una nueva sección denominada “Tráfico Influenciómetro”, con la que —aseguró— se busca exhibir prácticas de corrupción y favoritismo entre funcionarios y representantes del PAN, bajo los mismos criterios que, dijo, utiliza la dirigencia panista para criticar a Morena.

    De acuerdo con la información difundida, entre los familiares señalados se encuentran padres, hermanos, tíos, hijos, sobrinos y el esposo de ambas panistas, quienes laboran en áreas como Recaudación de Rentas, Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, el Congreso del Estado y el Poder Judicial, con sueldos que van desde los 12 mil hasta casi 60 mil pesos mensuales.

    Pérez Cuéllar afirmó que las denuncias surgen de información proporcionada por ciudadanos, y advirtió que algunos registros oficiales habrían sido eliminados, particularmente en el Congreso local, por lo que la documentación ya está siendo resguardada.

    En respuesta, Daniela Álvarez Hernández rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de persecución política y violencia política en razón de género, anunciando que presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado y el Instituto Estatal Electoral, además de brindar acompañamiento jurídico a mujeres que, aseguró, han sido víctimas de acoso en el gobierno municipal.

  • La Aurora abre sus páginas a Bazbaz, Zuarth y Capella, exfuncionarios marcados por el escándalo

    La Aurora abre sus páginas a Bazbaz, Zuarth y Capella, exfuncionarios marcados por el escándalo

    Un proyecto que se presenta como “liberal” reúne a exfuncionarios ligados a negligencia judicial, presunto enriquecimiento ilícito y represión policial, sin transparentar el origen de sus recursos.

    El lanzamiento de La Aurora no solo marca la irrupción de un nuevo frente mediático de la derecha, sino la reagrupación de perfiles emblemáticos del viejo régimen con historiales marcados por la opacidad, el escándalo y la impunidad. Bajo el discurso de la “defensa de la libertad de expresión”, el medio se perfila como una plataforma de reposicionamiento político para figuras vinculadas al PRIAN, en abierta confrontación con la Cuarta Transformación.

    Uno de los nombres centrales es Alberto Bazbaz Sacal, cuya gestión como procurador del Estado de México quedó marcada por el Caso Paulette. En 2010, tras nueve días de búsqueda, el cuerpo de la menor fue hallado en su propia habitación, pese a que peritos y medios ya habían inspeccionado el lugar. Bazbaz reconoció la alteración de la escena del crimen y, aunque cerró el caso como “accidente”, enfrentó denuncias por omisión y negligencia, lo que derivó en su renuncia. Aun así, el grupo político de Enrique Peña Nieto lo rescató para encabezar la UIF y el CISEN, consolidando una carrera sostenida por el poder, no por resultados.

    A este bloque se suma Roberto Gil Zuarth, operador del calderonismo con un expediente financiero bajo sospecha. En 2021, la UIF turnó a la Fiscalía Anticorrupción información sobre depósitos y retiros millonarios sin justificar, además de gastos exorbitantes. Su historial incluye una condena penal en España por agresión a policías en Barcelona, episodio que intentó minimizarse desde instancias diplomáticas.

    Completa el cuadro Alberto Capella Ibarra, exjefe policial señalado por presunto desvío de recursos del Fortaseg y por encabezar la represión contra una protesta feminista en Cancún en 2020, hecho que lo obligó a dejar el cargo. Denuncias ante la ASF y la FGR apuntan a cursos de capacitación pagados y nunca realizados.

    Con estos perfiles, La Aurora se configura menos como un ejercicio periodístico y más como un cuartel de reciclaje político, donde la derecha intenta rearmarse mediáticamente sin rendir cuentas sobre financiamiento ni responsabilidades pasadas.

  • Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020.

    Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos, denunció Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en la entidad, quien exigió que el caso sea reabierto de inmediato bajo la nueva titularidad de Ernestina Godoy.

    El expediente fue integrado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Santiago Nieto, que en agosto de 2020 alertó a la FGR sobre transferencias irregulares por al menos 724 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí hacia empresas privadas vinculadas a la familia Gallardo, entre 2012 y 2019.

    De la Rosa acusó que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la investigación quedó en el archivo muerto, lo que permitió que Gallardo no solo llegara a la gubernatura, sino que ahora impulse reformas legales para heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González, a través de la polémica llamada “Ley Ruth”.

    El Congreso local aprobó en fast track una reforma que obligaría a que la candidatura a la gubernatura en 2027 sea exclusivamente para una mujer. La votación fue avalada por legisladores del PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, apenas días después de que el gobernador ofreciera una posada a diputados con regalos, rifas y hasta camionetas, hecho que ha sido señalado como una muestra de corrupción política descarada.

    Morena votó en contra y anunció que buscará impugnar la ley por inconstitucional, al considerar que se trata de un intento por consolidar un cacicazgo familiar y una forma de nepotismo que choca frontalmente con los principios de la Cuarta Transformación.

    “El expediente no puede seguir durmiendo. O hay delito o no lo hay, pero la Fiscalía debe decirlo ya”, advirtió De la Rosa. El caso Gallardo se ha convertido en un símbolo de impunidad, y su reactivación sería una prueba clave para medir si la FGR realmente rompió con la política de encubrimiento del pasado.

    Con información de Dulce Olvera para Sin Embargo.

  • FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de asegurar respaldo institucional y obtener beneficios judiciales, entre ellos su libertad provisional en junio de 2024, según lo expuesto durante la audiencia de imputación.

    De acuerdo con lo revelado por Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, argumentó que Duarte representa un riesgo real de fuga, al contar presuntamente con una red de cómplices políticos y administrativos en Chihuahua, donde incluyó a la mandataria estatal. Con base en estos señalamientos, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponerle prisión preventiva justificada.

    La FGR sostuvo que el respaldo institucional al exmandatario priista quedó evidenciado cuando el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre sus bienes, bajo el argumento del “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación federal.

    Tras 11 horas de audiencia y el desahogo de alrededor de 100 pruebas, la juzgadora decretó un receso y anunció que este lunes resolverá si vincula a proceso a Duarte por su presunta responsabilidad como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    La Fiscalía le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y sido canalizados a empresas ganaderas donde Duarte figuraba como accionista mayoritario, algunas en las que también participaba su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

    Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal federal del Altiplano. La jueza también rechazó invalidar la orden de aprehensión, al considerar improcedentes los argumentos de la defensa. En paralelo, el exgobernador Javier Corral afirmó que la detención pone fin a años de impunidad y señaló que durante el actual gobierno estatal no se ejecutaron más de 20 órdenes de captura contra Duarte.

  • Ingresan a César Duarte al Altiplano; hoy define juez su vinculación por lavado de dinero

    Ingresan a César Duarte al Altiplano; hoy define juez su vinculación por lavado de dinero

    Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.

    El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.

    El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.

    Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.

    Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.