La Fiscalía Anticorrupción de Campeche investiga una presunta red de empresas factureras que habría operado durante el gobierno de Moreno Cárdenas para desviar recursos de al menos 12 dependencias estatales.
La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Campeche (Feccecam) busca llevar ante un juez de control a 32 exfuncionarios que colaboraron con Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado entre 2015 y 2019, por presuntos desvíos de más de 270 millones de pesos mediante empresas factureras.
De acuerdo con fuentes de la fiscalía, las investigaciones se originaron a partir de denuncias de organismos fiscalizadores y apuntan a un esquema en el que empresas presuntamente fantasma, con domicilios fiscales en Campeche y Ciudad de México, habrían sido utilizadas para desviar recursos públicos. Las irregularidades abarcarían al menos 12 secretarías y dependencias.
Entre las áreas señaladas se encuentran Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo, Educación, Obras Públicas y Comunicación Social, además de la Fiscalía estatal. Las autoridades han identificado distintos montos presuntamente desviados y han iniciado procesos contra exservidores públicos y particulares.
Hasta ahora, la Feccecam ha detenido a 17 excolaboradores de Moreno Cárdenas, acusados principalmente de peculado. Todos fueron vinculados a proceso; 16 enfrentan sus procedimientos en libertad, mientras uno permanece en prisión. Entre los casos recientes está el de un excontador del hermano de Alito, quien fue procesado por un presunto desvío de 36 millones de pesos.
La investigación también alcanza a exdirectivos de áreas como Seguridad Pública, Comunicación Social y la Comisión de Agua Potable. Además, partidos de oposición han exigido que se investigue a América Azar Pérez, exsecretaria de Finanzas durante el gobierno de Moreno, al señalar que era responsable de firmar los cheques de los recursos presuntamente desviados.
Mientras las autoridades de Campeche avanzan con las carpetas de investigación, Alejandro Moreno se encuentra nuevamente en Estados Unidos y aseguró que acudió a la sede de la ONU para denunciar supuestas violaciones cometidas por el Gobierno federal. El dirigente priista ha sostenido una confrontación política con las autoridades de Campeche y el gobierno de Layda Sansores.
Con información de La Jornada.
