Daniel Noboa entregó 5 mil 570 fusiles automáticos y 20 ametralladoras livianas a las Fuerzas Armadas de Ecuador, con el argumento de “fortalecer el combate a las bandas criminales”, dado el incremento de violencia sin precedentes. Una estrategia que, tras casi tres años, cada vez más depende de las armas y cada vez menos en las instituciones de seguridad.
Daniel Noboa declaró estado de conflicto armado interno en enero de 2024, desde entonces ha equipado de forma frecuente a policías y militares. 1,735 subfusiles a la Policía en diciembre de 2024, 30 mil cascos, chalecos a las Fuerzas Armadas en enero de 2025, entre otras. La lógica es responder a la violencia con más armas y más presencia militar.
El gobierno de Daniel Noboa también ha declarado sucesivos estados de excepción, movilizado a miles de policías y militares a los sectores más violentos, aún así 2025 cerró con un récord de 9 mil 281 asesinatos en Ecuador. El año de mayor despliegue fue también el más letal registrado.
En junio de 2026, 13 mil militares comenzaron a desplegarse en cuatro de las provincias más afectadas, bajo un nuevo estado de excepción en casi la mitad de Ecuador. Ese decreto ratificó el conflicto armado interno y habilitó el ingreso de militares extranjeros con inmunidad. La militarización no es solo cuestión de soldados ecuatorianos en las calles, sino también de tropas de otros países como Estados Unidos operando con protección jurídica especial.
Daniel Noboa no deja claro qué mecanismos independientes supervisan el uso de la fuerza cuando el Ejército ecuatoriano patrulla zonas civiles y bandas catalogadas como “terroristas”. Tampoco aclara a qué autoridad responderan los soldados extranjeros si cometen abusos, ni cuánto del presupuesto público se destina a armamento frente a prevención, empleo juvenil o fortalecimiento judicial.
La actividad criminal en Ecuador abarca narcotráfico, minería ilegal, secuestros y extorsión, con posibles vínculos con la política. Esos delitos no se desmontan con armas de fuego, sino con inteligencia financiera, control de puertos, justicia independiente y cárceles que no estén bajo el mando de las mafias.
La militarización tiene costo político que va más allá de la seguridad. Cuando el estado de excepción deja de ser excepción y se convierte en norma, se naturaliza la presencia del Ejército en tareas diarias, difuminando la frontera entre defensa nacional y orden interno.
Ecuador, geográficamente, se encuentra situado entre Colombia y Perú, los dos mayores exportadores de cocaína del mundo, golpeado por bandas ligadas a cárteles mexicanos y colombianos, enfrentando una amenaza real, pero Daniel Noboa decide generar más violencia para “combatir al crimen organizado”.
