Siete personas fueron capturadas en dos operativos en Toluca y Valle de Bravo; las autoridades aseguraron seis armas de fuego, municiones, radios y equipo táctico.
La Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Daniel “N”, señalado como presunto líder de una célula de La Familia Michoacana dedicada al secuestro y la extorsión en el Estado de México. En las acciones también fueron arrestadas otras seis personas.
De acuerdo con las investigaciones federales, el grupo operaba en la zona centro y noreste de la entidad, con presencia en municipios como Toluca, Ecatepec y Tecámac. Las labores de inteligencia que condujeron a las capturas comenzaron tras el secuestro de una persona ocurrido el 21 de abril en Toluca, hecho que derivó en el seguimiento de individuos presuntamente relacionados con la organización criminal.
El primer operativo se realizó en un rancho ubicado cerca del camino a la Ex-Hacienda La Gavia, donde elementos navales, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), policías estatales y efectivos de Seguridad Pública de Valle de Bravo detuvieron a tres hombres y una mujer. En el sitio fueron aseguradas dos escopetas, un arma corta, tres cargadores abastecidos y 100 cartuchos, entre otros objetos.
La segunda intervención tuvo lugar en un inmueble de San Lorenzo Cuauhtenco, en Toluca, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer, incluido Daniel “N”. Las autoridades decomisaron un arma larga, dos armas cortas, seis cargadores, cartuchos de distintos calibres, cuatro radios de comunicación y un chaleco táctico.
En total, los dos operativos dejaron siete personas detenidas y seis armas de fuego aseguradas, además de municiones y equipo presuntamente utilizado para actividades delictivas. Las acciones forman parte de las investigaciones contra células criminales señaladas por cometer secuestros y extorsiones en territorio mexiquense.
Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la FGR y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Esta autoridad determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones; por ahora, las acusaciones contra los implicados deberán acreditarse ante las instancias correspondientes.
