La regidora Melisa Madero cuestionó que el Ayuntamiento destinara millones de pesos a banquetes y tamales mientras persisten necesidades y carencias en el municipio.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta enfrenta cuestionamientos por un gasto de 4.4 millones de pesos en tamales y servicios de banquete, presuntamente autorizado durante la administración del alcalde Luis Ernesto Munguía González. La denuncia fue presentada por la regidora Melisa Madero durante una sesión de Cabildo celebrada el pasado 24 de junio.
De acuerdo con los datos expuestos, los recursos fueron destinados a eventos oficiales y actividades públicas, entre ellas festejos por los primeros 100 días de gobierno. Entre los pagos señalados aparecen 1 millón 250 mil 480 pesos a Yoshi Food S.A. de C.V., así como 928 mil pesos por 10 mil tamales para Ixtapa y Las Juntas y 986 mil pesos por otros 10 mil tamales para El Pitillal.
Las cuentas llaman todavía más la atención al hacer las matemáticas. En los contratos donde se conoce el número de piezas, el costo alcanzaría hasta 92.80 pesos por tamal, cifra que, de acuerdo con los señalamientos difundidos, sería muy superior al precio habitual en Jalisco. A esto se suma un gasto cercano a 1 millón de pesos por 2 mil litros de atole y champurrado, equivalente a unos 500 pesos por litro.
Madero cuestionó que millones de pesos del erario se destinen a convivios y alimentos mientras Puerto Vallarta enfrenta necesidades en servicios públicos y atención ciudadana. La regidora adelantó que continuará revisando expedientes, facturas y contratos entregados por la Tesorería municipal para determinar cómo se ejercieron los recursos.
La denuncia ha colocado bajo la lupa el manejo del presupuesto municipal y los procesos de contratación de proveedores durante la administración de Munguía. Mientras se revisan las cifras, la exigencia de los regidores es clara: transparencia sobre cada peso gastado y explicación de por qué unos simples tamales terminaron convertidos en un banquete millonario.
Harman Consultores de América, S.A. de C.V., una de las empresas señaladas en las denuncias contra el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, por presunto uso indebido de recursos públicos para su promoción personal, tiene en su acta constitutiva el nombramiento de Director General a favor de Juan de Dios Gascón Rocha, un operador político con trayectoria documentada dentro del PRI.
Documentos en propiedad de Los Reporteros MX muestran, además, que la misma empresa mantiene —o mantuvo hasta mediados de 2025— un contrato de prestación de servicios publicitarios con el Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, por el mismo tipo de actividades que factura al municipio gobernado por un alcalde de Morena.
Quién es Harman y quién la dirige
De acuerdo con el testimonio de su constitución, protocolizado el 21 de enero de 2021 ante el notario público número 46 de Aguascalientes, Ciro Silva Murguía (folio mercantil electrónico N-2021013545), Harman Consultores de América quedó con Gabriel Eduardo Esparza Llamas como Administrador Único, y con Juan de Dios Gascón Rocha como Director General, con facultades otorgadas dentro de la propia acta.
Gascón Rocha no es una figura desconocida en la política priista.
En 2018, siendo presidente de una asociación juvenil en Aguascalientes, tomó protesta como presidente del “Movimiento PRI.mx” de manos del entonces dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, junto con Janneth Moreno Argüelles como secretaria general. Su trayectoria pública en medios locales de Aguascalientes lo ubica de forma reiterada dentro de la estructura del tricolor en ese estado.
Un documento del Registro Público de Comercio de Aguascalientes, correspondiente a la constitución de otra sociedad —Blue Mountain Dream, S.A. (FME N-2021046337)— confirma además que Gascón Rocha y Lilia Estefanía Montoya Palacios son socios en esa empresa. Montoya Palacios es, a su vez, la representante legal de Harman Consultores de América: es ella quien firma en nombre de Harman el contrato con el PRI de Aguascalientes que se describe abajo, identificada con su credencial de elector del INE.
El contrato con el PRI de Aguascalientes
El 18 de noviembre de 2024, Harman Consultores de América firmó un “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Actividades para Gasto Ordinario” con el Partido Revolucionario Institucional, representado por el maestro Kendor Gregorio Macías Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes. Por Harman firmó Lilia Estefanía Montoya Palacios.
El objeto del contrato: “la elaboración de material publicitario, así como diseño de imagen para la promoción de las actividades efectuadas por ‘EL PARTIDO’ a través de las distintas redes sociales”, incluyendo fotografía, video y diseño gráfico, con entregas mensuales. La contraprestación pactada fue de $50,000 mensuales más IVA ($58,000 mensuales en total), y el contrato fija su vigencia desde el 3 de julio de 2024 hasta junio de 2025, con posibilidad de prórroga.
Ese periodo —julio de 2024 a junio de 2025— coincide casi por completo con el tramo en el que, según los registros de pagos de Escobedo ya documentados en la primera parte de este reportaje, el municipio comenzó a pagar de forma regular a proveedores de publicidad y comunicación vinculados con la promoción de Mijes.
Es decir: durante buena parte de ese año, Harman Consultores facturaba de manera simultánea al Comité Estatal del PRI en Aguascalientes y —de acuerdo con las denuncias ante el INE y la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León— a un municipio gobernado por un alcalde de Morena, por el mismo tipo de servicio: producción de contenido y material para redes sociales.
Un pago documentado desde Escobedo, sin el contrato a la vista
La relación analítica de pagos de la Tesorería de Escobedo correspondiente a enero de 2026 registra, entre cientos de proveedores, un pago del 8 de enero de 2026 (cheque 23000037429) a HARMAN CONSULTORES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., por $621,760.00, bajo el concepto “SEGUIMIENTO EN VIDEO”.
El archivo público no incluye, junto a este pago, el contrato o la orden de servicio que lo respalda —a diferencia de lo que sí ocurre en el expediente de Magenta Multimedia revisado en la primera parte—, lo que impide conocer con precisión el objeto contractual completo detrás de esa factura. Esa ausencia documental es, en sí misma, un punto que las autoridades investigadoras tendrían que requerir directamente al municipio.
Esta cifra es consistente con lo señalado en las denuncias de Ramiro Alvarado Beltrán ante el INE, que atribuyen a Harman Consultores 21 pagos del municipio de Escobedo por un total de $4,640,000 entre noviembre de 2023 y enero de 2026, así como el pago de 743 anuncios en la Biblioteca de Anuncios de Meta difundidos desde las cuentas personales de Andrés Mijes en Facebook e Instagram —346 de ellos activos durante el mismo periodo en que se registraron los pagos municipales a la empresa.
Que Harman Consultores esté dirigida estatutariamente por un operador con trayectoria dentro del PRI, y que esa misma empresa haya cobrado al gobierno de un alcalde morenista por su promoción personal, alimenta la acusación central de las denuncias presentadas ante Morena: que Andrés Mijes usó el erario de un municipio gobernado por su partido para financiar, entre otros, a estructuras y operadores de la oposición que dice combatir.
Para sus críticos dentro del propio movimiento, no se trata de un descuido administrativo, sino de una traición con recursos públicos al proyecto que Mijes dice representar.
La administración de Donald Trump habría recurrido a fondos reasignados de otras dependencias y aportaciones privadas para financiar las obras, sin solicitar directamente recursos al Congreso.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea destinar al menos 900 millones de dólares a una renovación de gran escala de la Casa Blanca, sin que el gasto haya sido solicitado directamente al Congreso, de acuerdo con documentos gubernamentales revisados por The Washington Post.
Según el reporte, los recursos fueron transferidos desde otras dependencias a una cuenta utilizada para el mantenimiento de la residencia presidencial, que ahora financia parte de los trabajos de modernización. Entre los proyectos se encuentra la construcción de un nuevo salón de baile en el Ala Este, una de las principales obras impulsadas por Trump.
La información señala que 500 millones de dólares fueron transferidos de presupuestos del Servicio Secreto y la Oficina Militar de la Casa Blanca, mientras que otros 305 millones provinieron de fuentes privadas. La cifra total contempla distintos contratos relacionados con las obras y supera ampliamente estimaciones previas sobre el costo de la renovación.
La administración Trump justificó la reasignación al señalar que los trabajos son necesarios para modernizar las instalaciones y reforzar la seguridad. También sostuvo que los recursos utilizados corresponden a fines compatibles con la intención establecida originalmente por el Congreso.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump impulsó una transformación de la residencia presidencial que incluyó la demolición del Ala Este para dar paso al nuevo salón de baile. En marzo, el proyecto había sido estimado en alrededor de 600 millones de dólares. Además, en julio, el mandatario confirmó la construcción de un helipuerto en el jardín sur, financiado por Sikorsky, filial de Lockheed Martin.
El uso de cientos de millones de dólares reasignados para financiar las obras coloca nuevamente bajo escrutinio la manera en que la administración Trump gestiona recursos públicos y privados para modificar la sede presidencial, particularmente ante la ausencia de una solicitud directa de esos fondos al Congreso.
El consejero nacional de Morena, Ramiro Alvarado Beltrán, denunció ante el INE, el IEEPC de Nuevo León, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la Fiscalía Anticorrupción del estado el presunto uso de recursos públicos del municipio de Escobedo para promover la imagen de su alcalde con licencia, Andrés Mijes Llovera.
Documentos de pagos, contratos y facturas revisados por Los Reporteros MX muestran que buena parte de esos recursos llegó a Magenta Multimedia, S.A.P.I. de C.V., empresa dueña del portal Código Magenta, dirigido por Ramón Alberto Garza —una de las voces que más ha criticado públicamente a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum.
Las denuncias, presentadas el 4 de agosto, piden investigar contratos y pagos del municipio entre 2023 y 2026 y determinar si hubo promoción personalizada con dinero público. Entre las empresas señaladas está Magenta Multimedia.
Casi 3 millones de pesos para Código Magenta
El 29 de enero de 2025 el municipio de Escobedo adjudicó directamente a Magenta Multimedia un contrato por $2,088,000 (con IVA incluido) para “publicidad mediante el portal de Magenta para difusión masiva de actividades municipales y de todo tipo de campañas institucionales”, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Firma por el “Prestador” César Iñaqui Abis Coutigno, representante legal de la empresa; por el Municipio, entre otros, el propio Mijes.
Sin embargo, la relación de pagos publicada por la Tesorería municipal registra 16 pagos a Magenta Multimedia entre julio de 2024 y marzo de 2026, por un total acumulado de $2,966,700, una cifra que ya rebasa en casi $880,000 el monto del contrato de 2025.
Un detalle documentado y relevante: siete de esos pagos —de $174,000 cada uno, entre julio de 2024 y enero de 2025— se realizaron antes de que existiera el contrato que en teoría los ampara, firmado hasta el 29 de enero de 2025. El expediente de contratos revisado sólo identifica un antecedente de 2018 (por $482,328, y con vigencia hasta octubre de 2019), insuficiente para justificar esos pagos previos.
Los pagos, casi todos de $174,000 mensuales, muestran algunas variaciones hacia el final del periodo: uno de $348,000 en enero de 2026 y otro de $182,700 en marzo de 2026, ya fuera de la vigencia formal del contrato de 2025.
Cuatro facturas (CFDI) ligadas a publicidad oficial de septiembre a diciembre de 2025, por $174,000 cada una, están además vinculadas en la Plataforma Nacional de Transparencia a un tema específico: tres de ellas, la de septiembre, octubre y noviembre, aparecen bajo el concepto “No le falle Mijo es Mijes”, mientras que el CFDI en sí usa una descripción fiscal más genérica (“publicidad y contenido de octubre”, por ejemplo).
Una de esas facturas, con folio fiscal 44a49283-35df-4061-bc93-e88c0fb0334a, corresponde exactamente al comprobante de octubre de 2025 revisado para este reportaje: $150,000 de subtotal, $24,000 de IVA, $174,000 de total.
La cobertura: 90 de 114 piezas fueron favorables o promocionales
Aquí está el hallazgo que más llama la atención. Un rastreo de las 114 publicaciones que el propio sitio de Código Magenta arroja al buscar “Mijes” muestra que 90 de ellas fueron clasificadas como cobertura favorable, promocional o editorial explícitamente elogiosa hacia el alcalde, su gobierno o su proyecto político de la “4T Norteña”.
Títulos como “El efecto Mijes en el nuevo Escobedo”, “El Factor Mijes”, “La Morena 4T que sí funciona” o “La 4T Norteña ya dio frutos, mijo” —esta última publicada apenas un día después de que Mijes rindiera su primer informe de gobierno del nuevo ciclo, en septiembre de 2025— coinciden en el tiempo con la vigencia del contrato de publicidad.
Código Magenta también pagó directamente anuncios en la Biblioteca de Anuncios de Meta para promover piezas favorables a Mijes: al menos cuatro, con textos que lo describen como “un político forjado en la cultura del esfuerzo y la tenacidad norteña” o que aseguran que “las cifras hablan por sí solas” respecto a su gestión, firmados como opinión de Ramón Alberto Garza.
El símbolo de la traición pura
El contraste resulta evidente: mientras Código Magenta y su director, Ramón Alberto Garza, han construido una imagen pública de crítica frontal a los gobiernos de Morena, la administración de Andrés Mijes destinó recursos públicos a la empresa vinculada con ese medio. Garza —fundador de Reporte Índigo y exdirectivo de Reforma, El Universal y Televisa— ha cuestionado en distintas ocasiones a la administración de Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios de la Cuarta Transformación, además de lanzar críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
Garza también participa en espacios como Atypical TeVe, programa de crítica política encabezado por Carlos Alazraki, y ha entrevistado al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales críticos de la llamada Cuarta Transformación y quien mantiene un conflicto fiscal con el Gobierno de México.
Y aquí aparece la contradicción que Mijes tendrá que explicar: ¿por qué un político de Morena, que además busca posicionarse rumbo a la gubernatura de Nuevo León, destinó millones de pesos a una empresa vinculada con un medio cuya línea editorial ha sido abiertamente crítica de la Cuarta Transformación?
La pregunta no es menor. Mijes no contrató cualquier medio: contrató a Código Magenta, un espacio que ha construido buena parte de su identidad editorial precisamente a partir de sus críticas contra los gobiernos de Morena. Por eso, los casi 3 millones de pesos identificados en los pagos a Magenta Multimedia adquieren una dimensión política que ahora deberá ser aclarada.
Porque si Mijes presume pertenecer a Morena y pretende encabezar un proyecto político bajo la bandera de la “4T Norteña”, resulta inevitable preguntarse por qué recurrió a una empresa vinculada con un medio que mantiene una línea editorial tan distante —e incluso confrontativa— con el movimiento al que dice representar.
¿Estrategia política, promoción personal o simple conveniencia?
Lo demás: Harman Consultores y las marcas de “4T Norteña”
Las denuncias de Alvarado también señalan a Harman Consultores de América, S.A. de C.V., que habría recibido 21 pagos del municipio por $4,640,000 entre noviembre de 2023 y enero de 2026, relacionados con 743 anuncios de Meta pagados por esa empresa desde las cuentas personales de Mijes en Facebook e Instagram, de los cuales 346 coincidieron con el periodo de los pagos municipales.
Otro expediente aborda la expresión “4T Norteña”: se identificaron 187 anuncios relacionados con ese proyecto político y nueve solicitudes de Mijes ante el IMPI durante 2025 para registrar la marca, entre ellas tres para “La 4T Norteña” y seis para “4T Norteña ¡Transformación para Nuevo León!”.
Los denunciantes piden determinar si hubo promoción personalizada con recursos públicos y una relación entre la comunicación institucional del municipio y la actividad política de Mijes, hoy precandidato de Morena a la gubernatura de Nuevo León.
Las denuncias incluyen como señalados a Mijes, a funcionarios de la Tesorería y de la Unidad de Información, Enlace y Difusión de Escobedo, y a las empresas Harman Consultores y Magenta Multimedia.
El alcalde con licencia de Ciudad Juárez aseguró que la capital del estado paga más por barredoras, luminarias y patrullas, además de mantener una deuda pública que, afirmó, encarece los servicios para la población.
El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, presentó un comparativo financiero con el que acusó al gobierno del panista Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua capital, de mantener un manejo ineficiente de los recursos públicos. El también aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación afirmó que su administración ha logrado mejores resultados con menor gasto y sin contratar deuda.
La presentación se realizó luego de que exalcaldes juarenses interpusieran una denuncia en su contra por el arrendamiento de barredoras. En respuesta, Pérez Cuéllar sostuvo que el verdadero derroche presupuestal se encuentra en la administración de la capital del estado. Como ejemplo, señaló que Ciudad Juárez paga 354 pesos por kilómetro barrido, mientras que Chihuahua desembolsa 482 pesos, una diferencia del 36.2%, lo que representa alrededor de 43 millones de pesos adicionales por el mismo servicio.
En materia de alumbrado público, aseguró que Chihuahua adquirió 20 mil 772 luminarias con un costo de 6 mil 624 pesos por unidad, mientras que Juárez instaló 22 mil 639 lámparas a 4 mil 125 pesos cada una. De acuerdo con sus cálculos, si la capital hubiera comprado al mismo precio que Juárez, habría ahorrado 51.9 millones de pesos.
Las diferencias también alcanzan el rubro de seguridad pública. Según el edil con licencia, el municipio de Chihuahua destinó 634.4 millones de pesos al arrendamiento de 154 patrullas, con un costo promedio de 4.12 millones por unidad. En contraste, Ciudad Juárez compró 170 patrullas por 213 millones de pesos, con un promedio de 1.25 millones por vehículo, lo que implicaría una diferencia superior a 441 millones de pesos.
Pérez Cuéllar añadió que entre 2022 y 2025 Ciudad Juárez destinó 5 mil 270 millones de pesos a obra pública, equivalente al 15% de su presupuesto, mientras que Chihuahua invirtió 2 mil 543 millones, apenas el 10%. Además, destacó que Juárez no ha contratado deuda pública entre 2022 y 2026, mientras que Chihuahua registra un adeudo de 595 millones de pesos, prevé pagar 96 millones en intereses durante 2026 y solicitó un nuevo financiamiento por 150 millones de pesos. Afirmó que estas cifras reflejan dos modelos de gobierno: uno enfocado en la inversión y la disciplina financiera, y otro basado en el endeudamiento y el incremento de los costos para la ciudadanía.
La Copa del Mundo del centenario se jugará por primera vez en tres continentes y seis países; además, ya tiene seis selecciones clasificadas de forma automática.
Tras el cierre del Mundial 2026, la FIFA puso en marcha la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2030, una edición que marcará un antes y un después en la historia del futbol. El torneo se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030 y será el primero en celebrarse en tres continentes y seis países: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.
La mayor parte de los encuentros se disputará en España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno para conmemorar el centenario del primer Mundial, celebrado en Uruguay en 1930. Además, Montevideo será sede de una ceremonia especial organizada por la FIFA para recordar el nacimiento de la máxima competencia del futbol internacional.
Como países anfitriones, España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo 2030, aunque la FIFA aún deberá definir el formato de las eliminatorias para el resto de las selecciones. También continúa sobre la mesa la posibilidad de ampliar el torneo de 48 a 64 equipos, una propuesta impulsada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, que todavía se encuentra en evaluación.
El Mundial 2030 contará con 21 estadios distribuidos entre las seis sedes. España aportará nueve inmuebles, Marruecos seis y Portugal tres, mientras que los partidos conmemorativos se disputarán en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el Estadio Centenario de Montevideo y el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción. Entre los escenarios más emblemáticos destacan el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el futuro Estadio Hassan II de Casablanca, que tendrá capacidad para 115 mil espectadores, convirtiéndose en uno de los más grandes del planeta.
La edición de 2030 también tendrá un significado especial para varios de los anfitriones. España volverá a organizar una Copa del Mundo tras haber sido sede en 1982; Portugal debutará como organizador, mientras que Marruecos se convertirá en el segundo país africano en albergar el torneo, después de Sudáfrica en 2010. Con un formato inédito y una organización multinacional, la FIFA busca convertir el Mundial del centenario en el evento futbolístico más grande de todos los tiempos.
La selección que conquiste la Copa del Mundo también recibirá una joya inédita inspirada en las grandes ligas de Estados Unidos; solo 30 piezas serán personalizadas para el equipo campeón.
La FIFA anunció una de las principales novedades del Mundial 2026: por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los futbolistas del equipo campeón recibirán un anillo conmemorativo, similar a los que se entregan en la NFL, NBA, MLB y NHL. El reconocimiento se sumará al tradicional trofeo y a las medallas de oro, marcando un nuevo capítulo en los premios del torneo más importante del futbol.
La histórica decisión llega a unos días de la final entre Argentina y España, programada para el 19 de julio, donde además del título mundial estará en juego este nuevo galardón. De acuerdo con la FIFA, los jugadores recibirán inicialmente una pieza provisional y posteriormente serán entregados 30 anillos personalizados, diseñados exclusivamente para los integrantes del equipo campeón.
El organismo también dio a conocer los primeros detalles del diseño. Cada anillo estará elaborado con oro, diamantes y zafiros, e incluirá en uno de sus costados el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que en el otro aparecerá la identidad de la selección ganadora. Además, cada pieza contará con un certificado oficial de autenticidad, convirtiéndola en un objeto de colección.
Como parte del lanzamiento, la FIFA fabricará 2 mil 26 anillos numerados. De ellos, únicamente 30 serán destinados al campeón, mientras que las mil 996 piezas restantes se comercializarán como producto oficial para aficionados de todo el mundo. Aunque el organismo aún no ha revelado el precio de venta, diversas estimaciones apuntan a que cada anillo podría superar los 50 mil dólares, debido a los materiales utilizados en su fabricación.
Con esta iniciativa, la FIFA adopta una tradición arraigada en el deporte profesional estadounidense y busca ofrecer un reconocimiento adicional a los campeones del mundo. El Mundial 2026 no solo definirá al nuevo monarca del futbol internacional, sino que también inaugurará una distinción que podría convertirse en una tradición para las próximas ediciones del torneo.
El secretario particular de Maru Campos acapara la polémica tras ser visto en el México vs Inglaterra; la gobernadora asegura que fue en su “tiempo libre” y niega uso de recursos públicos
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, intentó cerrar la polémica por la aparición de su secretario particular, Fernando Álvarez Monje, en el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026. Sin embargo, el debate escaló por una razón incómoda: su salario neto es de apenas $38,666.62 mensuales, una cifra que contrasta con el costo de boletos y viaje al evento internacional.
Campos aseguró que no hay irregularidad y que el funcionario asistió en domingo y fuera de horario laboral, insistiendo en que “a todos nos gusta el futbol” y cuestionando incluso: “¿quién levanta la mano y dice que no?”. La mandataria negó que se hayan utilizado recursos públicos para su traslado o entrada al estadio.
El punto de fricción no es la asistencia, sino el financiamiento. En redes y análisis políticos se ha señalado que, con un ingreso como el de Álvarez Monje —titular de la Oficina de la Gubernatura—, resulta difícil justificar gastos en un evento de esta magnitud sin recursos adicionales. Para críticos, el caso evidencia privilegios dentro del círculo cercano al poder.
En el estadio también fue captada la regidora panista Isela Martínez, esposa del funcionario, lo que amplificó la discusión pública. La imagen del alto funcionario en las gradas del Mundial terminó convirtiéndose en símbolo de la brecha entre discurso de austeridad y estilo de vida de la élite política.
Maru Campos defendió a su equipo y aseguró que su administración ha sido “cuidadosa” con el uso del presupuesto. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado ninguna investigación interna ni mecanismos de verificación sobre el origen de los recursos utilizados para el viaje.
El episodio se suma a una serie de señalamientos sobre funcionarios mexicanos presentes en el Mundial 2026, donde la fiesta futbolera también ha abierto un frente de escrutinio político. En este caso, el nombre de Fernando Álvarez Monje quedó en el centro de la conversación pública entre el sueldo oficial, los privilegios y el costo real de estar en un palco mundialista.
Además de pagar por cada jugador convocado al Mundial, la FIFA recompensará a los clubes por la participación de sus futbolistas en las eliminatorias mundialistas, ampliando el beneficio a miles de equipos en todo el planeta.
La FIFA confirmó que destinará 355 millones de dólares para compensar a los clubes que cedan jugadores al Mundial 2026, una cifra histórica que beneficiará a miles de equipos alrededor del mundo. Como parte del programa, cada futbolista convocado generará para su club alrededor de 5 mil dólares diarios durante su participación en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
El organismo rector del fútbol mundial detalló que el fondo contempla 250 millones de dólares para los clubes cuyos jugadores integren alguna de las 48 selecciones participantes del torneo, mientras que otros 100 millones de dólares serán distribuidos entre las instituciones que aportaron futbolistas durante las eliminatorias mundialistas. Los cinco millones restantes se utilizarán para cubrir gastos administrativos del programa.
La medida amplía significativamente los beneficios económicos respecto a ediciones anteriores. Mientras que en Qatar 2022 y Rusia 2018 el fondo fue de 209 millones de dólares, para el Mundial 2026 la cifra aumentó a 355 millones, reflejando la creciente importancia económica de los clubes dentro de la estructura del futbol internacional.
La FIFA también informó que los jugadores que participaron en los 905 partidos clasificatorios generaron aproximadamente 2 mil 360 dólares por encuentro para los clubes donde estaban registrados. Debido a que 209 selecciones nacionales disputaron eliminatorias, se espera que miles de equipos, desde las grandes potencias europeas hasta instituciones más modestas, reciban una parte de estos recursos.
Entre los principales beneficiados destaca el Manchester City, que aportó 19 futbolistas al Mundial, la cifra más alta entre todos los clubes participantes. También sobresalen el Bayern Múnich con 18 jugadores, así como Paris Saint-Germain y Arsenal, con 16 cada uno. Fuera de Europa, el club saudí Al-Hilal figura como la institución mejor representada con 12 seleccionados. Incluso el Crystal Palace, reciente campeón de la Conference League, superó en convocados al Liverpool y al Real Madrid.
Los pagos de la FIFA a los clubes comenzaron en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el fondo apenas alcanzaba los 40 millones de dólares. Desde entonces, el programa ha crecido de manera constante hasta convertirse en una de las principales fuentes de ingresos extraordinarios para los equipos que nutren a las selecciones nacionales. Con el torneo más grande en la historia de los Mundiales, la FIFA también repartirá la bolsa económica más elevada jamás destinada a compensar a los clubes por prestar a sus estrellas.
Mientras Chihuahua enfrenta violencia e inseguridad, funcionarios ligados al proyecto Centinela fueron captados en reuniones con snacks de lujo dentro de la polémica torre señalada por opacidad, sobrecostos y vínculos con agencias extranjeras.
La llamada Plataforma Centinela de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez no por resultados en seguridad, sino por imágenes y señalamientos sobre las cómodas “reuniones de trabajo” realizadas en la Torre Centinela, donde funcionarios estatales y presuntos agentes extranjeros habrían compartido encuentros rodeados de comida, botanas y lujos pagados con recursos públicos.
Las críticas crecieron luego de que circularan imágenes de estas reuniones en las instalaciones del megaproyecto de seguridad valuado en más de 4 mil 710 millones de pesos, contrato entregado a la empresa Seguritech Privada bajo un esquema que ha sido señalado por opacidad y adjudicación directa. “Hay que tratar bien a la CIA para que no sufra de hambre”, ironizaron usuarios en redes sociales al observar las escenas dentro de la Torre Centinela.
De acuerdo con una investigación de Zona Free, la Plataforma Centinela no sólo representa uno de los mayores gastos del sexenio de Maru Campos, sino también un modelo de presunta corrupción protegido desde la Auditoría Superior del Estado. El medio reveló que el auditor Héctor Acosta Félix habría entregado un informe prácticamente testado, con 25 de 27 páginas censuradas, encubriendo irregularidades relacionadas con retrasos, pagos excesivos y multas jamás cobradas a Seguritech.
Según la documentación expuesta, el gobierno estatal dejó pasar sanciones por más de 98 millones de pesos pese a incumplimientos detectados desde 2023 en cámaras de vigilancia, arcos carreteros, subcentros y hasta en la propia construcción de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, la cual acumula más de dos años de retraso. Aun así, el estado continuó pagando cerca de 204 millones de pesos trimestrales a la empresa beneficiada.
La investigación también advierte que dentro del piso 18 de la Torre Centinela se pretende instalar personal de agencias estadounidenses como la DEA, FBI, CBP y ATF, tras acuerdos firmados entre Maru Campos y el gobernador texano Greg Abbott para frenar el flujo migratorio. Esto habría derivado incluso en el intercambio ilegal de datos biométricos obtenidos mediante videovigilancia en Chihuahua.
Mientras el gobierno panista presume tecnología de “vanguardia”, las denuncias apuntan a que la Torre Centinela terminó convertida en un símbolo de derroche, opacidad y presunta subordinación extranjera. Para muchos chihuahuenses, la pregunta ya no es si la plataforma funciona, sino quién está vigilando realmente a quienes manejan los miles de millones destinados a la seguridad pública.
