Documentos fiscales revelaron las transferencias por más de 15 millones de pesos al bufete propiedad del padre y del medio hermano del gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, por lo que exigen aclaraciones y ampliar las investigaciones.
La detención de Jesús Ricardo Puente, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto integrante de una red dedicada al huachicol, abrió una nueva polémica que alcanza al entorno familiar del gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García. Documentos fiscales han mostrado que el empresario llevó a cabo pagos millonarios al despacho jurídico propiedad del padre y del medio hermano del mandatario.
De acuerdo con los registros, la empresa Maquiladora de Lubricantes, vinculada al empresario detenido, contrató servicios de GMA Firma Jurídica Fiscal, despacho que pertenece a Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villareal. Entre finales de 2021 y marzo de 2022, se emitieron ocho facturas por un monto total de 15 millones 59 mil 957 pesos por concepto de “honorarios por servicios profesionales”
La información difundida señala que la compañía investigada se convirtió en uno de los principales clientes del despacho familiar, ubicándose entre los que más ingresos generaron para la firma.
Las cifras que rodean a la empresa bajo investigación también llaman la atención. Tan solo en 2021 reportó ingresos por 4 mil 618 millones de pesos mientras que en 2022 declaró otros mil 344 millones. Según la FGR, durante el periodo investigado movió más de 7 mil millones de pesos.
Conforme avanzaron los operativos federales contra el huachicol, la actividad de la empresa se desplomó. Sus ingresos cayeron hasta 67 millones de pesos en 2025 y posteriormente llegaron a cero en 2026, en medio de las investigaciones y cateos realizados por las autoridades.
Ante la difusión de estos datos, Samuel García rechazó cualquier conducta indebida por parte del despacho de su padre y sostuvo que corresponde a cada cliente actuar conforme a la ley. Sin embargo, las explicaciones no han frenado los cuestionamientos sobre la relación entre el empresario detenido y el círculo familiar del gobernador.
El senador morenista, Waldo Fernández y el vocero nacional del PAN, Federico Doring, han solicitado que se aclare si el mandatario mantiene algún vínculo con el despacho familiar y pidieron a la FGR ampliar las investigaciones. Mientras tanto, el caso suma presión política para un gobierno que nuevamente enfrenta señalamientos por sus conexiones con personajes investigados por las autoridades federales.
