El presidente argentino admitió el deterioro social provocado por sus políticas de ajuste, mientras aumentan las movilizaciones estudiantiles, las críticas por violaciones a derechos humanos y las acusaciones de persecución política.
El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció públicamente que sus políticas económicas han provocado un fuerte deterioro social y una “enorme frustración” entre la población argentina. Las declaraciones ocurrieron en medio de crecientes protestas contra los recortes impulsados por su gobierno, particularmente tras la multitudinaria marcha en defensa de las universidades públicas realizada en Buenos Aires.
Durante una entrevista, Milei minimizó las manifestaciones estudiantiles y acusó al peronismo de intentar desestabilizar a su administración. Incluso aseguró que enfrentó un supuesto “golpe de Estado” luego del triunfo electoral de su partido, La Libertad Avanza, en los recientes comicios porteños. Sin embargo, también admitió el impacto negativo de sus medidas de ajuste y reconoció el descontento social generado por la crisis económica.
Las declaraciones del mandatario se suman a una creciente polémica por diversas decisiones de su gobierno. Recientemente, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Milei por presunto encubrimiento, luego de que el presidente afirmara haber rechazado un supuesto soborno ofrecido por un empresario sin reportarlo ante la justicia, como obliga la ley argentina.
En paralelo, organismos de derechos humanos encendieron las alertas por la intención del gobierno de cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos, institución clave para las investigaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo. La medida fue frenada temporalmente por el juez federal Alejo Gómez Padilla, quien presentó una cautelar para impedir el cierre del organismo que ha permitido identificar a hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.
La tensión política también escaló por denuncias de persecución judicial y mediática contra figuras opositoras y exfuncionarios. Uno de los casos más polémicos involucra a la ex fiscal Viviana Fein, procesada por presunto encubrimiento en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un caso utilizado políticamente desde 2015 contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además, organizaciones islámicas argentinas denunciaron allanamientos “violentos e ilegales” realizados a finales de abril contra familias musulmanas en distintos puntos del país. Las agrupaciones acusaron al gobierno de Milei de impulsar operativos con sesgo ideológico y basados en supuestos informes de inteligencia sin sustento, profundizando el clima de tensión social y política que atraviesa Argentina.
