El diario ecuatoriano Expreso cerró su edición impresa tras 53 años de circulación, debido a meses de presiones tributarias, judiciales y administrativas de parte del gobierno de Daniel Noboa, con el objetivo de castigar su línea crítica.
El cierre de la edición impresa del diario Expreso es, para sus directivos, la consecuencia de una estrategia de desgaste. Su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, sostiene que el Gobierno de Daniel Noboa recurrió a organismos del Estado para ahogar económicamente al medio. Afirma que la publicidad cayó cerca del 70% porque los anunciantes temían inspecciones del Servicio de Rentas Internas o de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. “Tienen miedo a que nos vean. Esto es una autocracia”, dijo.
La persecución que denuncia el medio Expreso comenzó tras la publicación de “Los dueños de la salud” en agosto de 2025, sobre los intereses económicos detrás de la crisis de la Seguridad Social.
Un mes después llegaron las primeras advertencias tributarias. Luego vino una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos, acusación que Granasa rechaza.
En febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías intervino Granasa a pedido de Inmobiliar, empresa pública adscrita a la Presidencia. Inmobiliar reclama derechos sobre el 2,56% de las acciones, que pertenecían al grupo Isaías y que el Estado incautó en 2008.
El Gobierno justificó la medida en el derecho de Inmobiliar, como accionista, a acceder a la información financiera de la empresa. El presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Leisker, sostiene que la ley no se lo permite.
Granasa asegura que perdió cerca del 70% de su publicidad durante la disputa. También se retiraron clientes de impresión comercial, otra fuente clave de ingresos.
El columnista Martín Pallares declaró que el periódico recibió el mensaje de que las presiones cesarían si apartaba al periodista Roberto Aguilar, al abogado Eduardo Carmigniani y a él mismo. La dirección decidió mantenerlos.
Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas cuestionaron la intervención, advirtieron del riesgo de que los mecanismos administrativos de Noboa se usen como presión contra medios críticos. La Sociedad Interamericana de Prensa pidió el cese del hostigamiento por parte del Gobierno de Ecuador.
El informe anual 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el uso recurrente de procesos administrativos, tributarios y legales contra comunicadores en Ecuador.
