En la conferencia matutina de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó acerca de la visita de la consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Estela Ríos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar pruebas para la pronta resolución del amparo en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos para educación básica en el estado de Chihuahua y Coahuila.
Este amparo fue solicitado por los gobernadores de ambos estados, Miguel Ángel Riquelme Solis y Maria Eugenia Campos Galván. Fue aprobado y promovido por el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, quien en conjunto con los gobernadores, se encuentran violando la Constitución Mexicana y con ello afectando el derecho a la educación de las niñas y los niños de estos estados.
A pesar de que las madres, padres y tutores de las y los menores de Chihuahua y Coahuila que no cuentan con sus libros de texto, se han pronunciado para exigir la distribución de los ejemplares, el amparo continúa sin resolverse.
Ante esto, Andrés Manuel asegura que se trata de cuestiones “politiqueras”, pero, los únicos afectados son las y los menores, el tabasqueño confirmó que la consejera fue a presentar pruebas sobre el tema para obtener una pronta resolución ya que está pasando el tiempo y los estudiantes de educación básica se están atrasando.
Cabe destacar que AMLO indicó que los medios de la manipulación hicieron un “escándalo” con respecto a la visita de la consejera a la SCJN.
Hasta el momento, Santiago Creel no ha firmado los decretos aprobados la noche del viernes y madrugada del sábado de 20 reformas legislativas por los senadores en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl por que lo que Legisladores de Morena acusaron al presidente de la Cámara de Diputados.
La firma de Creel es necesaria para que los decretos de las 20 reformas puedan ser enviados al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y puedan tener efecto legal.
Por tanto, el senador de Morena, César Cravioto, exhortó al diputado Santiago Creel, a que “no partidice” su función como presidente de la Cámara de Diputados y firme los proyectos que fueron aprobados al final del periodo de sesiones, para que se puedan enviar al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Sabemos que no votaron a favor en la Cámara de Diputados; sabemos que no quisieron (los de oposición) ni siquiera votarlas en la Cámara de Senadores, pero su función debe ser institucional”, dijo Cravioto.
El legislador recordó que la oposición anunció que presentará recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que calificó como “una gran aliada de la derecha”; sin embargo, reiteró que Creel Miranda debe firmar los documentos, porque de lo contrario tampoco podrán ser impugnadas las reformas.
La oposición ha señalado que buscará impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 18 de las 20 formas aprobadas, excepto la que desaparece al Instituto de Salud del Bienestar, y la relativa a la Ley 3 de 3, para que deudores de pensiones alimentarias no puedan ocupar cargos públicos.
El Senado de la República, en una histórica sesión llevada a cabo en la Antigua Casona de Xicoténcatl, sede alterna al pleno, aprobó la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), la cual fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dentro de las nuevas implementaciones se incluye la suma de la letra “H” de Humanidades, transformando al Conacyt en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), por lo que este no desaparece ni se extingue, sino que se renueva reforzando su calidad de entidad especializada responsable de la política nacional, coordinadora del sector de HCTI y asesora del Ejecutivo federal.
Con la aprobación de esta legislación se busca garantizar el acceso al derecho humano a la ciencia y el conocimiento, al incorporar un enfoque humanístico que enmarca y guía el avance científico y el desarrollo tecnológico a favor del bienestar social y el cuidado ambiental.
La propuesta fue realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a petición del mandatario nacional, y con esta se promoverá una ciencia soberana y su aplicación para incidir en la habilitación de los derechos individuales y colectivos de las personas para vivir con bienestar.
La Ley fue remitida por la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril para su análisis y aprobación con el objetivo de fortalecer al Conacyt y a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina.
Con la creación de esta primera Ley General, México rompe el paradigma que, en los últimos tres sexenios, permitió el uso de recursos públicos para financiar una gran cantidad de proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico, y que, a pesar de haber autorizado la transferencia de más de 45 mil millones de pesos a empresas trasnacionales, México redujo 16 escaños en eficiencia tecnológica.
En un comunicado el Gobierno de México aseguró que con esta legislación “el país podrá recuperar el quehacer en las HCTI, y las y los mexicanos podrán gozar de los beneficios derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.
La nueva Ley General en materia de HCTI garantiza libertades de cátedra, investigación y expresión, y mandata al Estado el financiamiento público y sostenido a la ciencia básica, de frontera y aplicada.
La Ley también considera el principio de progresividad y no regresión del presupuesto federal para las HCTI, asegurando que los recursos asignados a la investigación humanística, científica y tecnológica nunca sea menor al del año previo.
Sobre las becas, la Ley se establece que sean universales y se entreguen de manera directa a todas las y los estudiantes de posgrado públicos de investigación; además, garantiza apoyos a quienes deseen especializarse en áreas imprescindibles para el país, como la salud, la agricultura y otras áreas fundamentales para el desarrollo.
En cuanto a los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la Ley General regula un programa público conforme a su propio objeto y garantiza los apoyos económicos a los miembros adscritos al sector público. No desdeña la investigación que se hace en las universidades privadas, sino que promueve que éstas entreguen estímulos similares a sus trabajadores.
“La nueva Ley General en materia de HCTI es resultado del conjunto de esfuerzos y la participación de más de 70 mil personas e instituciones, de las comunidades académicas, científicas y tecnólogas, así como de instituciones de educación superior (IES) y del sector público y privado, así como organizaciones de base social y comunitaria que participaron en distintos foros, mesas de trabajo y diálogo desde 2018. Pero, sobre todo, representa un triunfo del pueblo mexicano al respaldar a un gobierno y a representantes populares de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión, que avanzan con la convicción de llevar a cabo acciones sustantivas para hacer de las HCTI herramientas a favor del bien común”, aseguró el Gobierno mexicano.
