La nueva dirigente nacional dejó claro que ningún aspirante será candidato si tiene antecedentes irregulares, aunque gane encuestas internas.
Al asumir la presidencia nacional de Morena, Ariadna Montiel fijó una postura firme rumbo a las elecciones de 2027: solo perfiles con trayectoria impecable podrán competir por gubernaturas, pues aseguró que está en juego la autoridad moral del movimiento.
Desde el Congreso Nacional realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente advirtió que su liderazgo no tolerará actos de corrupción en gobiernos emanados del partido. “En Morena, los corruptos no tienen cabida”, sostuvo ante gobernadores, legisladores y militantes.
Montiel subrayó que, aunque las candidaturas se definan mediante encuestas, la honestidad será un filtro obligatorio, por lo que cualquier aspirante señalado por irregularidades quedará fuera, incluso si resulta ganador. “La ética no admite excepciones”, enfatizó.
Hoy la estafeta pasa entre mujeres extraordinarias. Reconocemos la labor de @LuisaAlcalde al frente de nuestro Partido y celebramos la llegada de @A_MontielR como nuestra nueva Presidenta Nacional.
El relevo se da con fraternidad, compromiso y una sola meta: seguir sirviendo al… pic.twitter.com/ZODTqzMALn
En su mensaje, también lanzó críticas a la oposición, a la que acusó de promover la injerencia extranjera y de intentar debilitar al movimiento con campañas de desinformación. Afirmó que estos grupos buscan recuperar privilegios perdidos, pero advirtió que “no se les permitirá”.
Sobre casos polémicos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Montiel reiteró que Morena estará del lado de la justicia y la transparencia, pero rechazó acusaciones con fines políticos que, dijo, buscan abrir la puerta a intereses externos.
Finalmente, llamó a la militancia y a la ciudadanía a mantenerse unidas frente a lo que calificó como una ofensiva contra la Cuarta Transformación, asegurando que la relación con el pueblo es la base que sostiene al proyecto.
La exsecretaria de Economía afirma tener la experiencia y capacidad para encabezar el proyecto de la 4T en un estado clave rumbo a las elecciones.
La titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo, confirmó su intención de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León en 2027, asegurando que cuenta con el perfil más completo dentro del movimiento.
A través de un video difundido en redes sociales, la también exsecretaria de Economía fue contundente: “no me cabe la menor duda de que soy la más preparada”, al destacar su trayectoria en distintos niveles de gobierno y su cercanía con la llamada Cuarta Transformación.
Clouthier ya había adelantado su interés desde marzo pasado. Ahora, refuerza su posicionamiento al subrayar que ha trabajado cerca de nueve años en el ámbito municipal, cuatro en el estatal y a nivel federal, lo que —afirma— le permite construir acuerdos y mantener cercanía con la ciudadanía.
Pese a sus aspiraciones, dejó claro que respetará los tiempos internos de Morena y continuará enfocada en sus responsabilidades actuales dentro del IME, así como en el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el contexto político, Nuevo León se perfila como una de las entidades más competidas rumbo a 2027, actualmente gobernada por Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Al interior de Morena también suenan perfiles como Judith Díaz Delgado, Clara Luz Flores, Waldo Fernández y Andrés Mijes.
De acuerdo con versiones cercanas al partido, los procesos internos, como registros o encuestas, podrían arrancar hacia finales de junio, marcando el inicio de la definición rumbo a una de las contiendas más relevantes del país.
El primer acercamiento fue un “saludo” entre aliados, pero abre la ruta para definir acuerdos formales la próxima semana, tras la renovación de la dirigencia nacional morenista.
Con miras a las elecciones de 2027, Citlalli Hernández inició el reacomodo político de Morena al encabezar su primer encuentro con las dirigencias del PVEM y el PT, luego de asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones. La reunión, de carácter privado, marca el arranque de una nueva etapa de negociación dentro del bloque oficialista.
El encuentro, que se prolongó por cerca de tres horas en un hotel como sede neutral, fue descrito por los asistentes como un acercamiento inicial. Karen Castrejón, líder del Partido Verde, minimizó tensiones y aseguró que “no hay asperezas” entre las fuerzas políticas, subrayando que la intención de mantener la alianza sigue firme.
Por parte del Verde también acudieron Arturo Escobar y Vega y Carlos Puente, mientras que el PT estuvo representado por su dirigente Alberto Anaya, junto con Geovanna Bañuelos y Benjamín Robles. Todos coincidieron en que se trató de una reunión preliminar, sin acuerdos concretos, pero con disposición al diálogo.
Las dirigencias adelantaron que la primera mesa formal de trabajo para definir la coalición se realizará el próximo martes, una vez que Morena resuelva su renovación interna, proceso clave para ordenar la estrategia electoral.
En ese contexto, crece la expectativa sobre quién asumirá la presidencia nacional del partido guinda. Todo apunta a Ariadna Montiel, quien recientemente dejó la Secretaría del Bienestar, lo que podría acelerar la consolidación de acuerdos con sus aliados.
Así, Morena comienza a reconfigurar su bloque político de cara a 2027, buscando evitar fracturas y mantener la cohesión que le ha permitido dominar el escenario electoral en los últimos años.
El activista abre la puerta a alianzas con PAN y MC mientras critica la violencia, pero su salto político genera dudas sobre su rumbo y coherencia.
El activista Julián LeBarón confirmó que buscará la gubernatura de Chihuahua en 2027 como candidato independiente, marcando su transición del discurso social a la arena política. El anuncio llega en un contexto de alta violencia en la entidad, tema que ha sido eje de su activismo.
En entrevista, LeBarón aseguró que está abierto a dialogar con fuerzas políticas como el PAN y Movimiento Ciudadano, aunque intenta mantener una narrativa de independencia. Sin embargo, su disposición a negociar con partidos tradicionales deja ver que su proyecto no es tan “ciudadano” como presume.
El activista sostuvo que su prioridad será “defender la vida, la propiedad y la libertad”, aunque evitó detallar propuestas concretas. Su discurso, centrado en consignas generales, ha sido cuestionado por la falta de un plan claro frente a los retos estructurales de Chihuahua.
Además, reveló que ha mantenido comunicación con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tras recibir amenazas del crimen organizado. Según dijo, autoridades federales ya brindan apoyo en materia de seguridad.
Sobre temas polémicos, como la presencia de agencias estadounidenses en operativos, LeBarón respaldó la cooperación con Estados Unidos, postura que también ha generado críticas, al considerar que podría comprometer la soberanía nacional en materia de seguridad.
Con este movimiento, LeBarón se perfila como un posible contendiente frente a figuras como Cruz Pérez Cuellar y la continuidad del grupo político de Maru Campos. No obstante, su salto a la política deja más preguntas que certezas: ¿liderazgo ciudadano o reciclaje de la vieja oposición con nuevo rostro?
Jorge Romero abre la puerta a la alcaldesa de Uruapan y apuesta por sumar liderazgos externos para competir en 2027 por Michoacán.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, abrió la posibilidad de que Grecia Quiroz se convierta en la cara del partido para competir por la gubernatura de Michoacán rumbo a 2027. Con esto, el líder panista quiere aprovecharse del peso político que tiene hoy Quiroz para intentar subsanar un PAN debilitado.
En conferencia de prensa, Romero Herrera señaló que, aunque no ha tenido contacto directo con Quiroz, existe interés en sostener un encuentro para conocer sus posturas y explorar coincidencia. Un movimiento de tintes desesperados, donde están dispuestos a aceptar gente que no es del partido, que es ya es un movimiento decadente. El dirigente subrayó: “por supuesto que ella es un liderazgo de Uruapan, de Michoacán, con quien queremos platicar”.
Afirmó también que uno de los puntos en común con la alcaldesa de Uruapan es su postura crítica hacia la llamada 4T. No obstante, fuentes cercanas señalan que Quiroz aún no define su futuro político, incluso ha señalado que: “Si participamos, va a ser bajo la línea independiente”, mostrando que ni ella quiere ser parte de Acción Nacional.
De cara a la renovación de 17 gubernaturas en 2027, Michoacán se perfila como un estado clave donde el PAN podría apostar por candidaturas externas para poder subsanar su mala imagen. Aunque no hay acuerdos formales hasta el momento, el eventual acercamiento con Grecia Quiroz refleja una estrategia criticable del partido, que busca sumar liderazgos emergentes en un escenario político donde no tiene la fuerza necesaria para ganar terreno.
El pleito entre Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza ya salió a la luz pública y eleva la tensión. Lo que empezó como una decisión sobre una obra en Monterrey terminó en críticas directas mediante mensajes fuertes y advertencias.
Rumbo a las elecciones de 2027, Mariana Rodriguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuestionó la decisión del alcalde Adrián de la Garza de quitar una rotonda ubicada en el Arco de la Independencia, una obra hecha en la administración pasada.
Desde redes sociales, Mariana rechazó la versión del alcalde, quien asegura que esa obra afectaba el tráfico. La ex candidata a la alcaldía, la cual perdió justamente contra él, respondió con mensajes duros y sin rodeos a su modo influencer.
Incluso emitió advertencias al asegurar que si Adrián llegaba a ser gobernador, podría eliminar muchas obras que hoy presume la administración de Samuel, obras que hasta han colapsado, tales como estructuras para nuevas líneas del metro. En sus palabras, mencionó espacios públicos así como programas sociales, insinuando que todo podría desaparecer.
Mientras tanto, Adrián siguió adelante con su decisión. Este jueves inició la demolición de la rotonda y otros cambios en la zona. Según él, estos trabajos “ayudarán” a que los automovilistas tarden mucho menos en pasar por ahí. Las obras públicas se han vuelto el centro de una pelea política que apenas comienza.
El conflicto exhibió que la disputa no terminó en las elecciones, sino que ahora se juega en las calles, en las decisiones diarias y en los mensajes que cada uno emite para marcar su posición ante la gente.
Ni Mariana Rodríguez ni Adrián de la Garza quedan bien, pues el choque parece más una disputa adelantada por las elecciones de 2027 que una discusión con propuestas reales por la ciudad, dejando a la gente en segundo plano.
El PAN arranca con un año de anticipación la sucesión en Michoacán bajo la figura de “coordinadores”, mientras su carta fuerte en Morelia arrastra señalamientos por 154 contratos y 576 millones de pesos, en medio de críticas por inseguridad y servicios deficientes.
Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional comienza a nombrar “coordinadores estatales” que, en los hechos, perfilan a sus candidatos para 2027, adelantando la contienda con una estrategia que durante años cuestionó a Morena.
Este experimento arrancó en Michoacán con Alfonso Martínez Alcázar, quien actualmente funge como presidente municipal de Morelia, nombrándolo “coordinador del cambio y defensa de la familia”. El cargo suena a una etiqueta para desviar una campaña hacia lo que ya opera como promoción rumbo a junio de 2027.
Pero, ¿quién es Alfonso Martínez Alcázar?
La figura política no llega limpia, puesto que el alcalde arrastra señalamientos por presunto uso de recursos públicos para apuntalar su aspiración, así como críticas constantes por el deterioro de Morelia, como baches, servicios irregulares y una percepción de inseguridad que no cede.
Las acusaciones más graves hablan de una red de influencias. De acuerdo con denuncias presentadas por actores políticos, su administración habría asignado 154 contratos de obra pública por adjudicación directa, a lo que llamaron “Cártel de la Construcción”, acumulando una inversión de más de 576 millones de pesos en manos de allegados.
El caso escaló hasta instancias federales y estatales, ya que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, la fiscalía estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos delitos que van desde abuso hasta lavado de dinero.
A esto se añade un hecho que intensificó la sospecha: la presunta eliminación de contratos y documentos de portales oficiales de transparencia, justo después de que se hicieran públicas las irregularidades. Aunque se asegura que las pruebas fueron certificadas previamente, el daño a la credibilidad quedó marcado.
El adelanto de la contienda y la protección política bajo nuevas etiquetas no borran los señalamientos ni mejoran la realidad en las calles. Por el contrario, exhiben a un PAN que apuesta por reciclar prácticas que antes condenaba, mientras uno de sus perfiles principales en Michoacán avanza cargando cifras, denuncias y una gestión cuestionada que pesa más que cualquier discurso.
La salida de la funcionaria apunta a fortalecer la estrategia política del partido guinda, mientras el gobierno federal descarta nuevos cambios en el gabinete.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres, quien dejará el cargo para integrarse nuevamente a Morena, donde asumirá tareas clave en la construcción de alianzas políticas rumbo a los próximos procesos electorales.
El movimiento marca un reacomodo estratégico dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, al devolver a una de sus figuras más cercanas al terreno partidista. Hernández ya había tenido un papel relevante en Morena como secretaria general y operadora política en campañas recientes.
Sheinbaum descartó ajustes inmediatos en el equipo de gobierno tras la salida de Hernández. Indicó que se tomará el tiempo para evaluar diversos perfiles.
Citlalli Hernández, de 34 años, es una de las figuras jóvenes más visibles del movimiento. Es fundadora de Morena, egresada de la UNAM en Ciencias de la Comunicación y ha tenido trayectoria como diputada local, senadora y activista, con participación en el movimiento #YoSoy132.
En su paso por el servicio público, impulsó agendas vinculadas al feminismo, el sistema de cuidados y la erradicación de la violencia contra las mujeres, además de fundar la Internacional Feminista, una red de mujeres políticas a nivel global.
Su regreso a Morena se da en un momento clave para el partido, que busca consolidar su estructura territorial y fortalecer alianzas rumbo a 2027, en un contexto de ajustes internos y reconfiguración política.
El voto dividido del Verde en la reforma electoral y su decisión de competir solo en San Luis Potosí evidencian tensiones dentro del bloque oficialista.
La relación entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) registra tensiones recientes que se reflejan tanto en el ámbito legislativo como en decisiones electorales a nivel estatal, en un contexto clave rumbo a las elecciones de 2027.
En la Cámara de Diputados, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzó la mayoría calificada, al obtener 259 votos a favor y 234 en contra. Durante la votación, el PVEM mostró una postura dividida, ya que parte de su bancada respaldó la iniciativa mientras otro grupo votó en contra junto con legisladores de oposición.
A nivel local, el PVEM formalizó su decisión de competir sin Morena en San Luis Potosí, entidad que actualmente gobierna. La dirigencia nacional del partido informó que buscará mantener la gubernatura en 2027 con candidatos propios, además de ampliar su presencia en presidencias municipales y otras entidades.
El anuncio se da en medio de diferencias políticas relacionadas con reglas internas de Morena, como la prohibición de postular familiares en procesos consecutivos, lo que incide en el escenario político local donde el grupo gobernante del Verde tiene presencia.
Además de San Luis Potosí, se han identificado tensiones entre ambos partidos en entidades como Ciudad de México y Quintana Roo, principalmente en la definición de candidaturas y espacios políticos, lo que podría influir en la configuración de alianzas futuras.
Dirigentes del PVEM han señalado su intención de fortalecer su estructura y competir en más cargos de elección, mientras que Morena ha mantenido el planteamiento de que las diferencias forman parte de un proceso político interno.
Por ahora, ambos partidos continúan colaborando a nivel federal, aunque con señales de ajustes en su relación política.
Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.
Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.
Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.
Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”. Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.
En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.
A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.
De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.
Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.
A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.
Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.
Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.
En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.
Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.
La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.
Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.
Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.
