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    Fiscalía de Perú abre indagatoria contra el presidente Jerí por contrataciones bajo sospecha

    El caso estalla a dos meses de las elecciones y podría escalar hasta el presidente interino si se acreditan responsabilidades penales.

    La Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar por presuntas contrataciones irregulares dentro del aparato gubernamental, un escándalo que alcanza al presidente interino José Jerí en la antesala de las elecciones generales. El Ministerio Público indaga la contratación de cinco mujeres que habrían obtenido puestos en el Estado tras reuniones privadas con el mandatario, lo que podría constituir un delito contra la administración pública.

    Fuentes fiscales confirmaron que la indagatoria se dirige, en una primera etapa, contra quienes autorizaron las contrataciones, aunque no se descarta incluir a Jerí si se presume una posible responsabilidad penal directa. El expediente se sustenta en reportes que señalan encuentros privados previos a la asignación de cargos en el despacho presidencial y en el Ministerio del Ambiente.

    Este no es el único frente abierto para el jefe del Ejecutivo. En enero, la fiscalía abrió otra investigación preliminar contra Jerí por una reunión encubierta con un empresario chino con intereses comerciales en el gobierno peruano. De manera paralela, la Contraloría General solicitó desde esta semana información detallada a la oficina presidencial para revisar la legalidad de los procesos de contratación.

    El caso salió a la luz tras un reportaje del programa Cuarto Poder, que documentó cómo las cinco jóvenes visitaron al presidente entre octubre y noviembre, antes de ser incorporadas a la administración pública. La revelación generó una rápida reacción política y mediática, al evidenciar posibles prácticas de favoritismo en el corazón del poder.

    La Presidencia de Perú rechazó los señalamientos y calificó la investigación periodística como un “uso malintencionado y tendencioso” de la información. Además, sostuvo que las publicaciones afectan la dignidad y el buen nombre de las trabajadoras involucradas, sin aclarar los criterios utilizados para su contratación.