La Contraloría investiga 7.3 millones de pesos en adjudicaciones irregulares; la mayoría se otorgó por asignación directa.
El ahora exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, presentó su renuncia inmediata en medio de un escándalo por la asignación de contratos por 7.3 millones de pesos a una presunta empresa fantasma en León, Guanajuato.
La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos confirmó la salida del funcionario y aseguró que la decisión busca garantizar una investigación “objetiva, imparcial y a fondo” por parte de la Contraloría municipal, que ya abrió un expediente para esclarecer posibles responsabilidades legales.
El caso gira en torno a la empresa Office and Publicity (Officy), la cual, según revelaciones periodísticas, habría sido constituida utilizando la identidad de dos mujeres de colonias populares, sin contar con presencia física ni digital verificable. A pesar de ello, el gobierno municipal le otorgó 12 contratos para servicios como impresión y artículos promocionales.
De acuerdo con la información disponible, solo uno de los contratos fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, mientras que el resto se realizó mediante asignaciones directas, lo que encendió las alertas sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En tanto avanzan las indagatorias, Arantxa Ruiz Vázquez fue designada como encargada de despacho de la dependencia. El proceso de investigación buscará determinar si hubo simulación de servicios, uso indebido de identidad o desvío de recursos en la administración local.
El escándalo golpea también el escenario político, ya que Allan León es aspirante a la alcaldía dentro del PAN, en un contexto donde la propia alcaldesa ha mostrado distancia con el partido, abriendo la puerta a un posible reacomodo político en las próximas semanas.
El alcalde panista recibió un préstamo de una entidad calificada por hacienda como “empresa fantasma”; de este modo, Felifer justificó ingresos por más de 500 mil pesos en 2025.
Por Martha Rojas
Felipe Fernando Macías, actual alcalde del municipio de Querétaro, aspira a convertirse en el nuevo gobernador de la entidad, sucediendo en 2027 al empresario panista Mauricio Kuri.
Afiliado al PAN en 2007, “Felifer”, como popularmente se le conoce, ha construido una carrera cobijada por el partido blanquiazul, desempeñándose como secretario juvenil de Acción Nacional, consejero estatal, asesor del Congreso en Querétaro, regidor, diputado y ahora, alcalde.
En la trayectoria política de Felifer, no sólo brillan los cargos conquistados rápidamente, sino también los cuantiosos ingresos que el alcalde albiazul ha obtenido.
Según versa en sus declaraciones patrimoniales, en los últimos dos años, el panista ha ostentado ingresos por 1 millón 421 mil 770 pesos netos.
Amasando una fortuna a través de los diferentes cargos públicos que ha desempeñado.
En 2024, Felifer se convirtió en el presidente municipal de Querétaro. Desde ahí, ha presumido cuantiosas inversiones en infraestructura pública, cuyos resultados son poco palpables.
Ese mismo año, el panista realizó su primera declaración ya como alcalde. Ahí, dijo ser propietario de un automóvil Mazda 6 del año 2020, valuado en 519 mil pesos, y gozar de ingresos por 1 millón 83 mil 457 pesos. Además, declaró tener un crédito de 40 mil pesos.
Al año siguiente, en 2025, los bienes de Felifer crecieron. Además de su Mazda 6, el alcalde declaró ser propietario de un inmueble valuado en 2 millones 131 mil pesos y además, dijo tener una inversión personal no especificada en ALLIANZ FONDIKA SA de CV.
Nada raro, si no fuera porque en la declaración de 2025 del panista existe un vacío en torno a un ingreso por 500 mil pesos, que, según Felifer, fue producto de un préstamo recibido por LINYSUB NUEVA GENERACIÓN, una entidad que ha sido señalada por la Secretaría de Hacienda como una “empresa fantasma”.
De acuerdo con los documentos, el 1 de mayo de 2024 Felifer recibió un préstamo personal por 500 mil pesos de LINYSUB NUEVA GENERACIÓN SA DE CV. Una empresa fantasma con sede en Naucalpan, Estado de México, a la que Hacienda boletinó luego de confirmar que se trata de una entidad que no cuenta ni con los medios, ni con el personal y mucho menos con los recursos para financiar las operaciones que asevera tener.
El 24 de enero de 2025, Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista con los nombres de empresas que levantaron las alarmas del fisco al simular operaciones fiscales cuyo origen no se podía rastrear.
Entre las empresas listadas figura LINYSUB NUEVA GENERACIÓN SA DE CV, una empresa que prestó medio millón de pesos a Felifer.
Dinero que el alcalde declaró un ingreso y también como un adeudo en su declaración patrimonial de 2025.
Legal y contablemente, el préstamo de 500 mil pesos, más que un ingreso, es un pasivo. Es decir, una deuda que no incrementa el patrimonio personal, pues se tiene que liquidar, pero al declararla un ingreso, lo que en realidad Felifer intentaba era justificar la entrada de dinero cuyo origen no se puede comprobar.
La declaración de panista no sólo pone en evidencia el tipo de estrategias que el funcionario utiliza para justificar los ingresos adicionales que entran en sus cuentas, sino también su nexo con una empresa que ya ha sido calificada por el SAT como una empresa fantasma.
De las obras no terminadas a las empresas fantasma
Para los queretanos la administración real de Felifer no es la que se relata en los medios de comunicación ni en las campañas mediáticas que desde 2024 el alcalde financia con presupuesto del ayuntamiento.
Su administración es la de las obras inconclusas, pues desde que inició su administración, el alcalde ha presumido la ejecución de al menos 17 obras públicas, cuyos resultados no son palpables.
Al tomar la presidencia municipal, aseveró que modernizaría el alumbrado público del Mercado Escobedo con un gasto de 20 millones de pesos. Pero tremenda decepción se llevaron los locatarios cuando se percataron de que la famosa rehabilitación se limitó al cambio de fusibles y algunos contactos que, hoy en día, lucen casi igual a los anteriores.
En total, el panista ha invertido unos 161 millones de pesos en sus obras. Tan sólo en la rehabilitación de seis calles de la colonia Reforma Agraria gastó unos 25 millones de pesos.
Pese al gasto, algunas de las obras continúan en proceso y otras de plano figuraron como un gasto irresponsable, como la colocación de lámparas en la Alameda Central, cuando las colonias aledañas sufren de cortes eléctricos recurrentes.
Problemáticas que se mantienen ajenas al alcalde, que este año, más que por las obras, está preocupado por la candidatura a gobernador.
La Fiscalía acusa al exsecretario de Administración del IPN de otorgar contratos por más de 11 millones de pesos a una empresa catalogada como facturera por el SAT.
Un nuevo caso de presunta corrupción en instituciones públicas salió a la luz luego de que una juez federal vinculara a proceso a Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, conductas que podrían alcanzar penas de hasta 18 años de prisión.
La decisión fue tomada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. No obstante, la juzgadora rechazó imponer prisión preventiva, al considerar que la Fiscalía no acreditó riesgos suficientes de fuga o amenazas a la investigación.
En su lugar, el exfuncionario deberá entregar su pasaporte y visa, no podrá salir del país y tendrá que firmar periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), Tapia Santoyo habría autorizado tres contratos por alrededor de 11 millones de pesos a la empresa Interacción Biomédica, una compañía que fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada” o factureras.
Los hechos se remontan a cuando el ahora imputado se desempeñaba como tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En el mismo caso también fueron vinculados a proceso Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, exsubdirector médico y exfuncionaria de finanzas del hospital, quienes enfrentan las mismas medidas cautelares.
Cabe recordar que desde noviembre de 2025, el Instituto Politécnico Nacional informó sobre la suspensión temporal de Tapia Santoyo, luego de recibir la instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigarlo por posible desvío de recursos y enriquecimiento oculto, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La investigación complementaria tendrá un plazo de cuatro meses, periodo en el que la FGR y la defensa deberán reunir pruebas para determinar la responsabilidad del exfuncionario en el presunto esquema de contratos irregulares con empresas fantasma.
