Los ex policías ministeriales utilizaban su cargo para cometer actos de extorsión en el mercado “El Piojo”, en Santa María Totoltepec; además fueron destituidos e inhabilitados.
Tres exagentes de la Fiscalía General de la República fueron sentenciados a más de cuatro años de prisión luego de ser encontrados culpables del delito de extorsión agravada en el Estado de México. La resolución fue emitida por un juez federal, quien además ordenó su destitución e inhabilitación del servicio público.
Los ex policías ministeriales identificados como Mauricio Gutiérrez Sánchez, Edwin Jair Tapia Rivera y Gonzalo Alemán Peña estaban adscritos a la Fiscalía Federal del Estado de México y, de acuerdo con las investigaciones, aprovecharon su calidad de servidores públicos para cometer extorsiones en el mercado conocido como “El Piojo”, ubicado en la comunidad de Santa María Totoltepec.
La propia FGR informó que el caso fue investigado por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, instancia que reunió las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal de los implicados. Como resultado, el Ministerio Público Federal obtuvo sentencias de cuatro años y tres meses de prisión para Mauricio “N” y Edwin “N”, además de multas económicas, suspensión de derechos civiles y políticos e inhabilitación por cinco años.
En el caso de Gonzalo “N”, el exfuncionario fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel, junto con sanciones económicas y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. Las autoridades subrayaron que los ahora sentenciados utilizaban sus funciones dentro de la corporación para intimidar y obtener beneficios ilegales.
A través de un comunicado, la FGR sostuvo que no tolerará actos de corrupción cometidos por integrantes de la institución y aseguró que continuará impulsando sanciones ejemplares contra funcionarios que actúen fuera de la ley. La dependencia destacó que el combate a la corrupción interna forma parte de la estrategia para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
El caso ocurre en medio de las exigencias sociales para depurar corporaciones de seguridad y sancionar abusos cometidos por funcionarios públicos. La condena contra los ex agentes representa uno de los golpes recientes contra prácticas de corrupción dentro de instancias federales de investigación.
