La FGR busca frenar la liberación del exgobernador de Veracruz con una nueva imputación por el presunto desvío de recursos federales destinados a personas con discapacidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado, relacionado con el supuesto desvío de cinco millones de pesos en subsidios federales durante su administración.
De avanzar esta imputación y ser vinculado a proceso, Duarte podría permanecer en prisión más allá de abril, fecha en la que concluiría la sentencia de nueve años que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa. El caso quedó en manos del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien citó a audiencia inicial el próximo 12 de febrero a las 09:00 horas.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y se refiere al presunto desvío de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, correspondiente al año 2012.
No obstante, la audiencia celebrada este lunes no avanzó luego de que Duarte solicitara un aplazamiento, argumentando que sus abogados se encuentran hospitalizados. Ante ello, la FGR acusó a la defensa del exmandatario de recurrir a “prácticas dilatorias”, recordando que en ocasiones anteriores el proceso ya había sido pospuesto por motivos similares.
El juez recordó que no es la primera vez que se difiere una audiencia por inasistencias o razones de salud, por lo que determinó reprogramarla en el transcurso de esta semana.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado contempla penas de hasta 14 años de prisión y amerita prisión preventiva oficiosa, lo que podría impedir cualquier beneficio de libertad anticipada.
Cabe recordar que Duarte también enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, lo que previamente ya frenó su intento de obtener libertad anticipada. A ello se suma que, según una resolución judicial, no cumplió con los requisitos legales para acceder a dicho beneficio, entre ellos el plan de actividades dentro del reclusorio.
