La Secretaría Anticorrupción confirmó inhabilitaciones de hasta 20 años y sanciones superiores a 65 millones de dólares contra exfuncionarios ligados a un contrato firmado con una empresa israelí en 2015.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones y sanciones económicas millonarias contra dos exmandos de la extinta Policía Federal, señalados por el presunto desvío de recursos públicos vinculados a un contrato firmado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones encabezadas por la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron acreditar faltas administrativas graves relacionadas con el manejo irregular de más de 65 millones de dólares, recursos destinados al cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato suscrito en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD.
Entre las personas sancionadas se encuentra Frida M., ex secretaria general de la Policía Federal, quien recibió una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, además de una indemnización económica. Asimismo, Damián C., ex titular de la División de Inteligencia de la corporación, fue castigado con 15 años de inhabilitación y otra sanción económica derivada de las irregularidades detectadas.
La Secretaría Anticorrupción precisó que las multas e indemnizaciones impuestas a ambos exfuncionarios superan en conjunto los 65 millones de dólares estadounidenses, cifra que refleja la magnitud del presunto daño ocasionado al erario. Además, señaló que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que mantiene abiertas investigaciones penales relacionadas con estos hechos.
En su posicionamiento oficial, la dependencia sostuvo que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo”, por lo que reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la política de cero impunidad y combate a la corrupción dentro de las instituciones públicas.
Finalmente, la autoridad federal hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, destacando que la vigilancia y protección de los recursos públicos también requiere de la participación social.
