El Gobierno de México anunció que impugnará el fallo de un Tribunal Internacional que favorece a Odyssey Marine Exploration, empresa minera submarina, y que ordena a la nación mexicana pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares.
México expresó su desaprobación por el fallo emitido de manera unánime por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que emitió un laudo a favor de Odyssey Marine Exploration, tras más de dos años de mantener un litigio con la empresa estadounidense.
A través de un comunicado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que, entre 20116 y 2018, negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La dependencia explicó que el proyecto estaba planeado en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
Además se detalla que, en el arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
También, se sostiene “el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat”, que fueron presentados como testigos por Odyssey Marine Exploration, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.
Ante las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles.
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