Una confesión rendida ante autoridades españolas señala presuntas presiones para incriminar a Rafael Correa y asegura que la orden para asesinar a Fernando Villavicencio provino del entorno del actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
La transcripción de una declaración judicial realizada en España por Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal Los Lobos, ha reavivado la polémica en torno al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.
Según el documento, difundido por La Jornada, Chavarría aseguró que fue presionado para involucrar al expresidente Rafael Correa en el crimen y señaló directamente al actual mandatario, Daniel Noboa, como quien habría ordenado el atentado.
La declaración fue rendida el pasado 5 de mayo ante la Fiscalía de Ecuador en la prisión de Zuera, en Zaragoza, España, donde Chavarría permanece detenido. Durante el interrogatorio, el presunto líder criminal rechazó cualquier vínculo de Correa, del exvicepresidente Jorge Glas y de otros exfuncionarios con el asesinato. Además, recordó que desde mayo de 2022 residía en España, más de un año antes del crimen, lo que, afirmó, desmiente diversas acusaciones en su contra.
Uno de los señalamientos más delicados del documento apunta al ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, a quien Chavarría acusa de haberlo amenazado para que declarara contra Correa. Según su versión, las presiones habrían continuado incluso mientras permanecía encarcelado en territorio español. También aseguró temer por su vida en caso de ser extraditado a Ecuador o a Estados Unidos, por lo que decidió dejar constancia formal de los hechos ante la justicia española.
La declaración escala aún más la controversia al afirmar que la orden para asesinar a Villavicencio habría provenido de Daniel Noboa, supuestamente transmitida a través de una persona cercana al ministro Reimberg. Chavarría sostuvo que el entonces candidato presidencial representaba una amenaza para ciertos intereses debido a información que poseía sobre presuntos envíos de droga hacia Europa y otros materiales comprometedores. Se trata de acusaciones graves que hasta el momento no han sido respaldadas por pruebas públicas ni por investigaciones judiciales concluyentes.
Desde el gobierno ecuatoriano, la respuesta no tardó en llegar. Reimberg calificó el contenido de la declaración como un conjunto de “disparates” y sostuvo que se trata de una estrategia para evitar responsabilidades penales y frenar posibles procesos de extradición. Sin embargo, la revelación vuelve a colocar bajo los reflectores uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Ecuador, un país que enfrenta una profunda crisis de violencia vinculada al crimen organizado.
Mientras las autoridades españolas conservan el registro audiovisual de la declaración, la difusión de este testimonio amenaza con abrir un nuevo frente político para el gobierno de Noboa.
