Golpe al huachicol: 19 cateos en tres estados dejan tres detenidos y el aseguramiento de medio millón de litros de combustible
Fuerzas federales desarticularon parte de una red de contrabando de hidrocarburos con 19 cateos simultáneos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde fueron detenidas tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado como operador financiero de la facción “Los Metros”, del Cártel del Golfo.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “Bebo” estaría vinculado directamente con César N., alias “Primito”, señalado como líder de “Los Metros”, organización con presencia en Nuevo León y Tamaulipas. Además, cuenta con una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los operativos fueron realizados los días 24 y 25 de septiembre por elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, luego de trabajos de inteligencia militar. Las autoridades aseguraron aproximadamente 500 mil litros de combustible, 13 inmuebles, dos aeronaves y 290 vehículos y remolques, presuntamente utilizados en las operaciones de la red.
El despliegue también permitió decomisar 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura, cuatro tanques fijos para almacenamiento de hidrocarburo y 11 bombas despachadoras, además de siete motocicletas, armas, 219 cartuchos, dinero en efectivo y 1.3 kilogramos de metanfetamina.
La Defensa Nacional informó que los detenidos y todo lo asegurado quedaron a disposición de la FGR para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. El Gobierno federal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para golpear las fuentes de financiamiento de los grupos criminales y combatir el mercado ilícito de hidrocarburos.
Ronald Johnson elogió a la gobernadora de Chihuahua apenas dos días después de reunirse con ella a puerta cerrada, mientras la investigación de la FGR continúa abierta.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, salió nuevamente en respaldo de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, al destacar su supuesto “compromiso con la seguridad”, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación relacionada con un operativo en el que murieron dos agentes de la CIA en la entidad.
A través de redes sociales, Johnson celebró las detenciones y decomisos posteriores a una agresión contra un helicóptero de la Policía Estatal ocurrida el 12 de septiembre. El diplomático aseguró que quienes ataquen a agentes del orden “rendirán cuentas” y también reconoció al secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, y a su equipo. Todo muy institucional, salvo que el respaldo llegó justo después de un encuentro privado con Campos.
Y es que apenas dos días antes, la gobernadora acudió a una recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos para dar la bienvenida a Douglass Benning, nuevo jefe de Misión Adjunto. La reunión fue encabezada por Johnson y no tuvo acceso para la prensa. Ahí también estuvieron otros gobernadores y políticos mexicanos. Después de aquello, llegó el reconocimiento público para Campos: coincidencia diplomática, según corresponda.
Mientras el embajador reparte elogios, la investigación de la FGR continúa en curso por el operativo relacionado con la muerte de dos agentes de la CIA ocurrida cinco meses atrás. El mensaje de Johnson no representa una resolución judicial ni determina responsabilidades, pero sí coloca nuevamente a Washington en una posición de respaldo político a la gobernadora panista.
El episodio que motivó el mensaje ocurrió en la zona rural de Coyame y Ojinaga, en la frontera con Texas, donde un helicóptero de la SSPE fue atacado con armas de fuego, presuntamente con un fusil calibre .50. Un policía resultó herido y fue trasladado a Chihuahua capital, mientras el piloto y el resto de la tripulación resultaron ilesos. Por ahora, entre la investigación mexicana y los elogios diplomáticos, Maru Campos parece tener en Washington un respaldo bastante puntual.
El operativo se realizó en una bodega de El Diez, donde también fueron localizados cargadores y cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 49 toneladas y 45 mil litros de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, durante un cateo en una bodega del poblado El Diez, sobre la carretera Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.
El inmueble fue ubicado después de que elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) atendieran un reporte sobre una bodega cuya cortina estaba semiabierta. Desde el exterior se observaron chalecos, cargadores, costales y bidones, además de un fuerte olor a sustancias químicas.
Tras iniciar las investigaciones, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa obtuvo una orden judicial para catear el inmueble. El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes localizaron los precursores químicos y material relacionado con armas de fuego.
Entre lo asegurado se encuentran aproximadamente 18 mil 100 kilos de sosa cáustica, 25 mil 975 kilos de ácido tartárico, 950 kilos de acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de cianuro de sodio. También fueron decomisados 12 mil litros de ácido clorhídrico, además de 33 mil 490 litros y 225 kilos de sustancias pendientes de determinar.
La FGR informó que en el inmueble también fueron encontrados cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación correspondiente para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.
El aseguramiento representa un nuevo golpe al abastecimiento de precursores químicos para drogas sintéticas en Sinaloa, mientras las autoridades federales mantienen operativos contra las estructuras dedicadas a la producción y distribución de este tipo de sustancias.
El “reportaje” de Latinus acusó un supuesto abandono de restos humanos; la Fiscalía respondió que se trata de una Osteoteca especializada con protocolos, personal forense y cadena de custodia.
Otra vez Carlos Loret de Mola, conocido como “Lord Montajes”, recibió una respuesta de la FGR luego de que Latinus difundiera un “reportaje” en el que se acusó a la Fiscalía de mantener restos óseos en condiciones inadecuadas y sin los protocolos correspondientes. La institución rechazó esos señalamientos y explicó que el espacio mostrado forma parte de sus instalaciones forenses.
La FGR precisó que el sitio señalado no es una bodega improvisada ni un almacén de desechos, sino la Osteoteca del Centro Federal Pericial Forense, destinada al resguardo de restos en estado de reducción esquelética. De acuerdo con la Fiscalía, el área cuenta con condiciones climatológicas, infraestructura especializada y personal de antropología y medicina forense.
La dependencia también aseguró que los elementos óseos están catalogados, embalados y rotulados, además de contar con su respectivo Registro de Cadena de Custodia para garantizar su trazabilidad. Añadió que los restos permanecen en procesos de identificación y confronta genética como parte de las labores periciales.
El contraste resulta particularmente relevante porque el reportaje de Latinus presentó las imágenes del lugar como evidencia de un supuesto abandono y de fallas en la preservación de indicios biológicos. La Fiscalía sostuvo, en cambio, que el espacio tiene acceso restringido y que su operación corresponde a procedimientos especializados para el manejo de restos humanos.
La FGR añadió que en la Osteoteca también se resguardan herramientas y materiales utilizados por especialistas en arqueología para diligencias de búsqueda, localización y recuperación de indicios biológicos. Así, mientras el reportaje planteó un escenario de negligencia, la versión oficial sostiene que se trata de una instalación destinada precisamente al manejo técnico de estos materiales.
El partido celebró el cambio de medida cautelar para el exgobernador de Baja California, quien continuará enfrentando su proceso penal desde su domicilio.
El PAN salió a festejar la prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo Appel, luego de que una jueza federal ordenara cambiar la medida cautelar que mantenía al exgobernador en el Altiplano. El partido presentó la resolución como un avance en la defensa de sus derechos, aunque el proceso penal en contra del político no fue cancelado y continuará desde su domicilio.
La modificación fue concedida después de que la defensa de Ruffo presentara un nuevo recurso acompañado de peritajes médicos actualizados. La jueza tomó en cuenta su edad, de 74 años, y su condición física, además del impacto que las condiciones del penal federal tenían sobre su salud, por lo que determinó que podía continuar el proceso bajo arresto domiciliario.
El PAN, mientras tanto, aprovechó la resolución para lanzar su celebración pública. “Desde Acción Nacional festejamos esta decisión”, expresó el partido, que también sostuvo que debe prevalecer la presunción de inocencia y el debido proceso mientras continúan las investigaciones.
La celebración panista, sin embargo, no significa que Ruffo haya quedado libre de las acusaciones. El exgobernador seguirá sujeto al proceso penal y deberá enfrentar las diligencias correspondientes desde su residencia. Es decir, el PAN ya sacó los confetis, pero jurídicamente el expediente sigue abierto.
El partido también insistió en que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto huachicol fiscal tendrían motivaciones políticas, una interpretación que corresponde a la postura del PAN y que no modifica la situación procesal del exmandatario. La resolución judicial únicamente cambió las condiciones de su cautela, no determinó su inocencia.
Así, Ernesto Ruffo dejó el penal federal, pero no el proceso que enfrenta. Mientras la defensa busca que continúe bajo mejores condiciones de salud, el PAN celebra una decisión que no representa el cierre del caso ni una absolución para quien fuera el primer gobernador panista de México.
La investigación pasó por tres gobiernos, sumó nuevas identificaciones, análisis de comunicaciones y procesos judiciales, pero el paradero de la mayoría de los estudiantes sigue sin esclarecerse.
Este 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero. Desde entonces, el caso ha atravesado los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, con cambios en las investigaciones y nuevas líneas para determinar qué ocurrió con los estudiantes.
Durante el sexenio de Peña Nieto, la entonces PGR presentó la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron entregados a integrantes de Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó irregularidades e inconsistencias y cuestionó el sustento científico de esa versión.
Con López Obrador se creó en 2018 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y posteriormente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR. Esta etapa incorporó archivos, registros telefónicos, comunicaciones y nuevas búsquedas. También se confirmó la identificación genética de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, que se sumaron a la identificación previa de Alexander Mora Venancio. Así, 40 estudiantes continúan sin ser localizados.
En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un nuevo reanálisis de las actuaciones del expediente, del que surgieron nuevas líneas de investigación. Entre ellas se encuentran el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos relacionados con el Palacio de Justicia de Iguala. La investigación también derivó en la detención de un exgobernador de Guerrero, contra quien la FGR obtuvo prisión preventiva y formuló imputación por su posible participación en desaparición forzada; el proceso judicial continúa.
A 12 años de los hechos, el expediente continúa abierto. El Gobierno federal informó en agosto que las investigaciones recientes contemplan nuevas detenciones, análisis de comunicaciones y revisión de actores y hechos relevantes, además de mantener las labores de búsqueda. El caso, que ha cambiado de hipótesis e instituciones durante tres administraciones, mantiene pendiente la respuesta central para las familias: conocer el paradero de los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos.
La alcaldesa de Uruapan aseguró que busca que la extracción de información quede en manos de autoridades federales y reveló que ya habló con Omar García Harfuch.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, rechazó haberse negado a entregar los celulares de su esposo, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025, y aseguró que actualmente gestiona con el Gobierno Federal que la Fiscalía General de la República (FGR) realice la extracción de información de los dispositivos.
La declaración ocurre después de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán reiterara que los teléfonos deben ser aportados a la investigación. El vicefiscal Israel Vega Rodríguez señaló el 22 de septiembre que la dependencia mantiene el requerimiento para obtener los equipos, considerados necesarios para realizar los peritajes relacionados con el homicidio de Manzo.
Quiroz explicó que su postura no es impedir el acceso a la información, sino que la extracción sea realizada por una instancia federal. “En ningún momento me he negado”, afirmó, al señalar que busca que el procedimiento se lleve a cabo ante la FGR. La alcaldesa reveló además que tres días antes habló con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para avanzar en la gestión.
La presidenta municipal también pidió que la FGR atraiga la investigación del asesinato de Carlos Manzo, al considerar urgente que el caso sea llevado por una autoridad federal. “Si hay alguien que quiere la justicia, que quiere la verdad, soy yo”, sostuvo durante el encuentro con medios.
Por su parte, la Fiscalía de Michoacán ha señalado que los dispositivos deberán ser sometidos a análisis periciales para determinar, entre otros aspectos, si hubo modificaciones o alteraciones en aplicaciones y comunicaciones del teléfono de Manzo. La entrega de los equipos permanece como uno de los puntos relevantes para continuar con las diligencias del caso.
La ANAM también denunció ante la FGR a unos 50 servidores públicos y reforzó los controles contra el contrabando, el huachicol fiscal, drogas, armas y dinero no declarado.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha separado a mil 400 funcionarios civiles y militares de abril a septiembre de 2026 como parte de las acciones contra la corrupción en las aduanas del país, informó su titular, Alonso Romero Gutiérrez. La cifra representa poco más de 10 por ciento del personal que laboraba en estas instalaciones.
El funcionario explicó que las bajas derivan de la coordinación entre la ANAM, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Además, alrededor de 50 servidores públicos civiles fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por conductas que van desde usurpación de funciones hasta tráfico ilegal de hidrocarburos y distintas modalidades de contrabando.
Uno de los principales focos de atención es el huachicol fiscal, mediante el cual combustibles son introducidos al país haciéndolos pasar por otros productos para evadir impuestos. Romero señaló que México y Estados Unidos han comenzado a intercambiar información sobre las importaciones declaradas en ambos lados de la frontera para detectar inconsistencias. En lo que va del año, la recaudación por mayores volúmenes de importación suma alrededor de 24 mil millones de pesos, aunque aclaró que intervienen diversos factores.
Las aduanas también han incrementado los decomisos de drogas, precursores químicos, armas, cartuchos y dinero en efectivo. El titular de la ANAM destacó que en semanas recientes se aseguraron 27 toneladas de precursores, 53 toneladas en un operativo previo y alrededor de 80 kilogramos de cocaína ocultos en un camión. Asimismo, de abril a la fecha se han incautado 110 millones de cigarrillos.
Para fortalecer la operación, además de separar a mil 400 servidores, la ANAM incorporó a 2 mil funcionarios y busca contratar a otros 300, mientras invierte en tecnología y capacitación. Romero sostuvo que, aunque participan mandos militares en las aduanas, el mando central es civil y la ANAM conserva la última palabra en alertas, criterios jurídicos y decisiones operativas.
En materia de ingresos, el funcionario señaló que el tipo de cambio puede reducir hasta 10 por ciento la recaudación aduanera, pues cada variación de un peso modifica alrededor de 5 mil millones de pesos los ingresos mensuales. Por ello, la meta para este año es mantener niveles de recaudación similares a los de 2025.
La FGR señala que Ana ‘N’ habría captado personas de distintas nacionalidades mediante cursos para después someterlas a explotación laboral y esclavitud.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un auto de formal prisión contra Ana ‘N’, señalada por su participación en el delito de trata de personas con fines de esclavitud dentro de la organización conocida como Defensores de Cristo. La mujer fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial y quedó recluida en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”.
De acuerdo con la investigación, Ana ‘N’ habría participado desde 2010 en la captación de personas de distintas nacionalidades mediante cursos presenciales y por internet. La FGR señala que, una vez incorporadas, las víctimas eran presuntamente sometidas a explotación laboral y condiciones de esclavitud. También se les habrían solicitado pagos y donaciones a cambio de supuestos milagros y sanaciones.
Defensores de Cristo surgió en el norte de México alrededor de Ignacio González de Arriba, conocido como el “Maestro Fénix”, quien se presentó ante sus seguidores como descendiente directo de Cristo. El grupo combinaba discursos religiosos, superación personal, riqueza y poligamia, además de cursos relacionados con la llamada “Bioprogramación”, una mezcla de programación neurolingüística, autoayuda y técnicas de ventas.
La organización fue desmantelada parcialmente en enero de 2013, cuando González de Arriba fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con otras 24 personas. Entre los delitos investigados estuvieron la inducción a la prostitución, tráfico de mujeres y órganos, ejercicio ilegal de la medicina, reducción a la servidumbre y fraude. En 2016, dos integrantes fueron sentenciados a seis años de prisión y 500 días de multa por utilizar cursos para atraer o “enganchar” a más víctimas.
La defensa del empresario Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, cuestionó la apertura consecutiva de cinco carpetas de investigación en su contra y sostuvo que los nuevos procesos han surgido justo cuando el empresario estaba cerca de recuperar su libertad.
📹 #Vídeo | El abogado, Adrián Arellano, señaló que existe una inspección por parte de la Policía respecto a lo desarrollado en la etapa uno en Aguascalientes y que se hará referencia a documentos emitidos por las propias autoridades, en especial por la Fiscalía. pic.twitter.com/72Y9KI4K2c
Durante una conferencia de prensa, el abogado Adrián Yosef Arellano Regino, integrante del despacho Vega-Macgregor-Arellano, señaló que existe una actuación coordinada entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Aguascalientes para mantener a su cliente privado de la libertad. Aclaró que esta es la postura de la defensa y que dicha acusación forma parte de una denuncia presentada ante autoridades federales.
El litigante explicó que el primer proceso contra Maiz Domene está relacionado con los contratos que Next Energy celebró con el Municipio de Aguascalientes para un proyecto de generación y suministro de energía eléctrica. La investigación por fraude comenzó el 27 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la cronología presentada por la defensa, la orden de aprehensión se libró el 14 de noviembre de 2025 y fue ejecutada el 17 de diciembre de ese año.
Adrian Arellano aseguró que al señor Eugenio se le ha negado su derecho a la defensa, no se han dado pruebas a la defensa y ha imperdo la presunción de culpabilidad en su contra sin argumentos sustentables pic.twitter.com/bXgFGwhHww
Para Arellano Regino, el origen del conflicto es principalmente contractual, por lo que cuestionó que el asunto haya sido llevado a la vía penal bajo la acusación de fraude.
“Lo que nosotros hemos señalado es que estamos ante un incumplimiento contractual que debió resolverse en materia mercantil”, sostuvo el abogado.
Sin embargo, pocos días después de la detención del empresario se abrió una segunda carpeta. Según la defensa, ésta se originó por un incidente ocurrido durante un traslado de Maiz Domene a un hospital, en el que dos policías lo acusaron de haberlos amenazado y ofrecido dinero.
La defensa también puso bajo la lupa la rapidez con la que avanzó ese expediente. Arellano Regino aseguró que la investigación comenzó el 22 de diciembre de 2025 y que el 16 de enero de 2026 ya se había emitido una nueva orden de aprehensión.
“Estamos hablando de que en menos de 20 días se integró, se judicializó y se ordenó una orden de aprehensión en contra de una persona”, afirmó.
De acuerdo con el abogado, después aparecieron otras investigaciones por delitos distintos, entre ellos peculado, narcomenudeo y extorsión agravada, con lo que el empresario terminó enfrentando cinco carpetas de investigación.
La defensa considera que la sucesión de expedientes no es casual y sostiene que las nuevas acusaciones han aparecido en momentos en los que Maiz Domene estaba próximo a obtener su libertad.
“Va obteniendo la libertad el señor Eugenio y, como va obteniendo la libertad, necesitan buscar una carpeta para poderlo detener y dejarlo privado de la libertad”, acusó Arellano Regino.
El conflicto tiene como antecedente el contrato celebrado entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy. En torno a ese proyecto, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con pagos realizados por el gobierno municipal, mientras que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación contra cinco exfuncionarios municipales por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pregunta expresa por Los Reporteros Mx sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su conocimiento a la Fiscalía General de la República y del Tribunal de Disciplina y de la SCJN. Arellano aseguró que ya existe una sanción por parte del Tribunal de Disciplina en contra de uno de los jueces que mantiene preso a Eugenio Maiz, por su mala actuación y falta de imparcialidad
A pregunta expresa por #LosReporterosMX sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y al Teibunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su… pic.twitter.com/2satGIXpth
La defensa de Maiz Domene también presentó una denuncia ante la FGR para solicitar que se investiguen posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que, según su señalamiento, involucrarían a jueces, agentes del Ministerio Público y otros servidores públicos de Aguascalientes.
Hasta ahora, no existe una resolución judicial que determine que la Fiscalía estatal y el Poder Judicial de Aguascalientes hayan actuado de manera coordinada para impedir la libertad del empresario. Esa acusación corresponde a la defensa y forma parte de los señalamientos que busca que sean investigados por autoridades federales.
