Un juez condenó a Juan “N” por tráfico de personas tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que duró casi cuatro años.
Un hombre transportaba a 85 personas extranjeras ocultas y hacinadas en un autobús. Las llevaba sin documentos. Entre ellas viajaban 16 menores de edad. La Policía Estatal de Puebla lo detuvo en abril de 2022, en Santiago Alseseca, municipio de Tecamachalco.
Tras casi cuatro años de proceso judicial, un juez le impuso 12 años de prisión. La condena también incluye amonestación y suspensión de sus derechos civiles y políticos.
El caso llegó a juicio gracias al trabajo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. Los fiscales reunieron las pruebas que acreditaron su responsabilidad en el delito de tráfico de personas, en la modalidad de transporte.
Algunas de las víctimas declararon haber pagado por su traslado. Todas eran de distintas nacionalidades y ninguna acreditó residencia legal en México.
En cuanto a la reparación del daño y el decomiso del autobús, el juez dejó abierta la puerta para que las víctimas reclamen esos derechos durante la etapa de ejecución de la sentencia.
La explosión de seis pipas con combustible presuntamente robado exhibió fallas en la vigilancia de la zona; la FGR ya investiga posibles redes de protección detrás de los centros clandestinos de almacenamiento.
La explosión de seis pipas utilizadas para almacenar huachigas en el municipio de Tepeaca, Puebla, provocó la remoción de mandos y personal operativo de la Policía Estatal asignados a la región. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, reconoció que existieron omisiones en las labores de supervisión y vigilancia, situación que quedó al descubierto tras el siniestro ocurrido la semana pasada.
El funcionario informó que la decisión se tomó como una medida preventiva mientras avanzan las investigaciones federales. Incluso admitió que los elementos destacados en la zona no estaban cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades. “Yo soy el primero en aceptar que mi personal no estaba haciendo bien su trabajo”, declaró al confirmar el relevo del comandante y de los agentes adscritos al Centro de Coordinación Regional de Tepeaca.
La explosión también evidenció la magnitud de la operación ilegal relacionada con el almacenamiento de combustible robado en la región. Sánchez González reconoció que los patios utilizados para resguardar gas LP funcionaban de manera prácticamente visible para la población. “Todo el mundo sabe que estos patios operan como centros de almacenaje”, señaló, cuestionando el papel de las autoridades encargadas de la vigilancia.
Durante las inspecciones posteriores al estallido, las autoridades localizaron instalaciones improvisadas para el manejo de combustible, incluyendo tanques conocidos como “salchichas”, montados sobre camionetas de redilas. Estos hallazgos confirmaron los riesgos con los que operaban los presuntos centros clandestinos de distribución de gas LP, una actividad que puso en peligro a habitantes de la zona.
Debido a que el robo, traslado y almacenamiento ilegal de hidrocarburos son delitos de carácter federal, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo formalmente el caso. Las investigaciones buscan determinar no sólo quiénes operaban los sitios clandestinos, sino también si existió algún tipo de protección o complicidad institucional que permitiera el funcionamiento de estas instalaciones durante tanto tiempo.
Mientras la FGR desarrolla las indagatorias, el gobierno estatal aseguró que colaborará con las autoridades federales para esclarecer los hechos. El caso de Tepeaca vuelve a colocar sobre la mesa el problema del huachicol y el huachigas en Puebla, una actividad ilícita que durante años ha representado uno de los principales desafíos de seguridad en la entidad.
El narcótico fue localizado en un tractocamión que circulaba por la carretera Hermosillo-Santa Ana. El decomiso de 88 kilogramos de fentanilo se suma a los recientes golpes contra el narcotráfico en Sonora, entidad clave para el traslado de drogas hacia la frontera con Estados Unidos.
Un cargamento de 88 kilogramos de fentanilo fue asegurado por autoridades federales en Sonora, luego de que la droga fuera encontrada oculta entre costales de productos agrícolas transportados en un tractocamión con destino hacia el norte del país.
El hallazgo ocurrió durante una inspección llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en la carretera Hermosillo-Santa Ana, una de las rutas más utilizadas para el traslado de mercancías hacia la frontera. Durante la revisión, los agentes localizaron 88 paquetes envueltos y escondidos entre la carga agropecuaria.
Tras el descubrimiento, el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la sustancia ilícita quedó bajo resguardo para continuar con las investigaciones sobre su procedencia y destino.
El aseguramiento ocurrió bajo el contexto de reforzamiento de la vigilancia en las carreteras sonorenses. En fechas recientes, las autoridades también reportaron el decomiso de 70 kg de cocaína en el municipio de Opodepe, también ocultos en un tractocamión que se dirigía hacia la frontera norte.
Las autoridades decomisaron 1.26 millones de litros de combustible ilegal, además de mil 240 contenedores y decenas de vehículos y equipos utilizados presuntamente para el manejo clandestino de hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República desmanteló un presunto centro de almacenamiento ilegal de combustible en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde aseguró un millón 264 mil litros de huachicol, en uno de los decomisos más importantes registrados en la entidad durante el último año.
El operativo se llevó a cabo en un amplio predio ubicado sobre la carretera Periférico de Monterrey, luego de trabajos de inteligencia que permitieron detectar actividades relacionadas con el manejo irregular de combustibles. Tras obtener una orden judicial, agentes federales ingresaron al lugar para ejecutar el cateo.
Durante la intervención fueron confiscados mil 240 cubitanques, 13 silos, dos autotanques, nueve bombas eléctricas, tres montacargas, un tractocamión, un vehículo transportador de gas, una motocicleta, además de maquinaria industrial utilizada para procesar y almacenar hidrocarburos.
El operativo contó con la participación de personal especializado de Pemex, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral mientras se realizaban las diligencias ministeriales.
En el operativo fueron asegurados equipos de cómputo, celulares y memorias USB; los dispositivos serán analizados para determinar su posible vínculo con delitos de pornografía y corrupción de menores.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, ejecutó una orden de cateo en un establecimiento ubicado en la colonia Centro de Villahermosa, donde fue detenida una persona y se aseguraron diversos equipos de cómputo, teléfonos celulares y memorias USB que habrían sido usados para una red de pornografia.
De acuerdo con la autoridad ministerial, los dispositivos electrónicos asegurados presuntamente contienen material relacionado con actividades de pornografía, por lo que serán sometidos a análisis periciales para determinar el alcance del delito.
La diligencia fue autorizada por una jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado y deriva de una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y diversas autoridades federales y estatales.
El inmueble, la persona detenida y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos relacionados con pornografía y corrupción de menores, así como los que resulten conforme a derecho.
El ex edil permanecerá en un penal federal de Sonora mientras enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, extorsión y lavado de dinero.
La ofensiva federal contra presuntas redes de corrupción y crimen organizado en Morelos sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Corona Damián, exalcalde panista de Cuautla, quien enfrentará juicio por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Luego de analizar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y concluir el plazo otorgado a la defensa para presentar argumentos a favor del ex funcionario, un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora, determinó que existen indicios suficientes para que Corona Damián continúe sujeto a proceso penal. De acuerdo con las investigaciones, el ex edil estaría relacionado con integrantes del Cártel de Sinaloa que operan en la región oriente de Morelos.
La captura de Corona Damián derivó de una orden de aprehensión vinculada a una investigación más amplia contra funcionarios públicos y empresarios morelenses. Las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), respaldadas por labores de inteligencia del Gabinete de Seguridad, apuntan a una presunta relación entre el ex alcalde y Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, identificado como operador regional del grupo criminal.
Además de la vinculación a proceso, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el ex presidente municipal permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Sonora, mientras avanzan las investigaciones complementarias.
El caso se suma a una serie de procesos judiciales iniciados recientemente en Morelos. Apenas el pasado 27 de mayo, cinco funcionarios y ex funcionarios municipales fueron vinculados a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión. Entre ellos se encuentran autoridades de Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla, lo que evidencia el alcance de las pesquisas federales sobre posibles nexos entre estructuras gubernamentales locales y grupos criminales.
La autoridad judicial fijó un nuevo periodo para el desahogo de pruebas en el caso de Corona Damián. No obstante, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, el ex alcalde deberá ser considerado inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.
Durante un cateo en Villahermosa fueron decomisadas pipas, vehículos y cilindros con combustible presuntamente almacenado de manera ilegal; los detenidos enfrentarán su proceso tras las rejas.
La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un nuevo golpe al robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos en Tabasco, luego de lograr la detención de 10 personas y el aseguramiento de casi 7 mil litros de gas LP, además de una importante cantidad de equipo utilizado presuntamente para la distribución clandestina de combustible en el municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa.
De acuerdo con la dependencia federal, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la ranchería Plátano y Cacao, donde localizaron 6 mil 975 litros de gas LP, así como 610 kilogramos adicionales almacenados en cilindros. En el operativo también fueron aseguradas siete pipas, dos semirremolques, tres vehículos particulares y cuatro motocicletas.
Tras la intervención, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien determinó la vinculación a proceso de Emanuel “N”, José “N”, Jesús “N”, Vicente “N”, Williams “N”, Sergio “N”, Rigoberto “N”, Mario “N”, José del Carmen “N” y Armando “N”, por su probable responsabilidad en el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos, conducta sancionada por la legislación federal en materia energética.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención de los imputados y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que los 10 acusados permanecerán internados en el Centro de Reinserción Social de Tabasco mientras avanzan las investigaciones. El juez también estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
El decomiso representa una de las acciones más relevantes recientes contra el denominado “huachigas” en la entidad. La FGR destacó que continuará fortaleciendo las investigaciones relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos y reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilícitas que afecten la seguridad energética y económica del país.
La comunidad estudiantil rechazó una nueva propuesta de la SEP al considerar que no ofrece soluciones reales a sus demandas ni garantías de seguridad para quienes participan en la protesta.
El conflicto entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las autoridades federales continúa escalando. A tres semanas de la toma de las instalaciones de Canal Once, integrantes del movimiento estudiantil rechazaron la más reciente respuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que el documento repite planteamientos anteriores y evade temas centrales de su pliego petitorio.
La inconformidad se intensificó luego de que la representante de la SEP, Araceli Durán, se negara a recibir los 11 mil pesos que, según los estudiantes, fueron entregados por un grupo de hombres que intentó acercarse a las instalaciones del canal días atrás. Los jóvenes también reprocharon que la funcionaria rechazara gestionar la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos, los cuales califican como preocupantes y relacionados con posibles actos de intimidación.
Los estudiantes sostienen que la nueva propuesta gubernamental no responde a exigencias clave como la destitución del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ni establece mecanismos vinculantes que garanticen la ausencia de represalias contra quienes participan en las movilizaciones. Además, denunciaron haber recibido amenazas derivadas de la ocupación de Canal Once, por lo que insistieron en la necesidad de una intervención formal de las autoridades ministeriales.
Por su parte, la SEP defendió su actuación mediante un comunicado en el que aseguró que su representante actuó conforme a los principios de legalidad y transparencia. La dependencia destacó como avances la emisión de un Acuerdo de No Represalias, la disolución del denominado Patronato Corazón Guinda y Blanco y el inicio de una auditoría externa para revisar el manejo de los recursos administrados por dicha asociación.
Sin embargo, los manifestantes consideraron insuficientes estas medidas y acusaron que la respuesta oficial llegó con tres horas de retraso y sin la presencia de funcionarios de alto nivel.
Asimismo, exigieron que la auditoría incluya un informe detallado sobre el ingreso, destino y estado actual de los recursos del patronato, además de un calendario claro para la devolución de posibles fondos observados. Mientras no existan respuestas concretas, advirtieron, la toma de Canal Once continuará y las movilizaciones seguirán activas.
Las investigaciones han derivado en más de 15 denuncias y las autoridades no descartan nuevas órdenes de aprehensión contra quienes buscaron inhibir la participación ciudadana durante el proceso electoral.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó la detención de dos hombres presuntamente involucrados en una estrategia de intimidación electoral que utilizó documentos apócrifos atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR) para amedrentar a ciudadanos durante el reciente proceso electoral. Las autoridades adelantaron que las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas capturas en los próximos días.
El fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, detalló que hasta el momento se han presentado más de 15 denuncias relacionadas con estos hechos, lo que llevó a la apertura de igual número de carpetas de investigación. Los expedientes fueron turnados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, encargada de esclarecer el origen y alcance de esta presunta operación para influir en la participación ciudadana.
De acuerdo con las indagatorias, ciudadanos de municipios como Saltillo, Monclova y Matamoros reportaron haber encontrado durante la madrugada del 30 de mayo documentos que aparentaban ser notificaciones oficiales emitidas por autoridades federales. Sin embargo, las investigaciones determinaron que dichos escritos eran falsos y tenían como objetivo generar temor entre la población para desalentar actividades vinculadas al proceso electoral, incluyendo actos de proselitismo y el ejercicio del voto.
La Fiscalía señaló que, gracias a los testimonios recabados y a diversos actos de investigación, fue posible identificar a algunas de las personas que presuntamente se hacían pasar por funcionarios federales para distribuir la documentación falsa. Como resultado, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra dos hombres, uno detenido en la Región Laguna y otro en la Región Sureste de la entidad.
Durante las audiencias iniciales, jueces de control consideraron suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para imponer prisión preventiva a ambos detenidos mientras avanza el proceso judicial. Además, se fijaron fechas para las audiencias de vinculación a proceso. Fernández Montañez aseguró que las investigaciones seguirán su curso y reiteró que el objetivo es garantizar que los procesos electorales en Coahuila se desarrollen bajo principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y certeza democrática, sin presiones ni actos de intimidación contra la ciudadanía.
Tras arrestar a dos traficantes con 68 kilos de droga, las autoridades rastrearon un cargamento mayor y dieron otro golpe al crimen organizado en el norte del país.
Dos arrestos abrieron la puerta a un hallazgo mayor. Cuando las autoridades detuvieron a dos hombres con 68 kilogramos de metanfetamina en Baja California, las investigaciones apenas comenzaban. El hilo que jalaron los llevó, poco después, a otros 150 kilogramos de cristal escondidos en algún punto del mismo estado.
Marina, Defensa, Guardia Nacional, SSPC y la FGR unieron fuerzas para ejecutar el operativo. Cada dependencia aportó personal y recursos para rastrear la pista que dejaron los dos detenidos. El resultado: uno de los decomisos más significativos de droga sintética en la región en lo que va del año.
La cantidad decomisada no es un número abstracto. Según cálculos oficiales, esos 150 kilos representan cerca de 3 millones 750 mil dosis listas para llegar a las calles.
En términos económicos, el golpe le cuesta al crimen organizado alrededor de 38 millones de pesos. Para las organizaciones que mueven este negocio, no es una pérdida menor.
Por ahora, la droga quedó en manos de la Fiscalía General de la República. Los investigadores trabajan para identificar de dónde venía el cargamento y hacia dónde iba. Los dos hombres detenidos siguen bajo proceso, y su caso podría abrir nuevas líneas de investigación en los próximos días.
