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  • PAN da la espalda a Comunidad  LGBT+ y frena avance de derechos trans en Querétaro

    PAN da la espalda a Comunidad LGBT+ y frena avance de derechos trans en Querétaro

    El veto del gobernador Mauricio Kuri a la Ley de Identidad de Género en Querétaro y el silencio del PAN durante el Mes del Orgullo refuerzan las críticas por la postura conservadora del partido frente a los derechos de la diversidad sexual. 

    La decisión del gobierno de Querétaro de frenar la Ley de Identidad de Género colocó al PAN en el centro de los señalamientos por su postura frente a los derechos de la comunidad LGBT+. Aunque la reforma había sido aprobada por el Congreso Local a finales de abril, el gobernador Mauricio Kuri optó por vetarla, dejando en pausa un cambio que buscaba facilitar el reconocimiento legal de las personas trans. 

    La iniciativa planteaba que las personas trans mayores de edad pudieran hacer un cambio de nombre y de género en el acta de nacimiento mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil, sin recurrir a procesos judiciales largos ni a requisitos médicos que organizaciones civiles consideran innecesarios y discriminatorios.

    Como argumento para rechazar la reforma, Kuri sostuvo que la redacción podía dar paso a modificaciones relacionadas con menores de edad y que ello podría afectar la integridad de las familias. Sin embargo, colectivos de la diversidad sexual señalaron que esa interpretación desvió el objetivo original de la iniciativa, que estaba dirigida única y exclusivamente a personas adultas.

    La controversia se suma al silencio que mantuvo el PAN durante el Mes del Orgullo, lapso en el que la dirigencia nacional evitó pronunciarse sobre las demandas de la Comunidad LGBT+. La ausencia de mensajes de respaldo fue interpretada por diversos sectores como una muestra más de la distancia que el partido mantiene respecto a las causas de la diversidad sexual.

    Con ello, los blanquiazules vuelven a reforzar la imagen de un partido identificado con ideologías y posiciones conservadoras en temas de derechos civiles. Mientras otras fuerzas políticas impulsan reformas para ampliar el reconocimiento de las diversidades. El PAN continúa siendo señalado por privilegiar una política tradicional, que mantiene rezagados los avances en materia de inclusión e igualdad. 

  • Avanza ley de Inteligencia Artificial con castigos severos y freno a abusos

    Avanza ley de Inteligencia Artificial con castigos severos y freno a abusos

    El Senado avanza en una ley inédita para regular la Inteligencia Artificial, con sanciones clasificadas que van desde leves a “gravísimas”, creación de una nueva autoridad y un catálogo de prácticas prohibidas, especialmente para frenar la manipulación y violencia digital. 

    El Senado dio el primer paso a una regulación integral de la Inteligencia Artificial con una propuesta que marcará un antes y después: por primera vez se clasificarán las faltas como leves, graves y “gravísimas”, estas últimas con consecuencias que pueden llegar hasta la cárcel. 

    Se considerará “gravísimo” usar IA para manipular procesos políticos, electorales o sociales con fines ilícitos. Asimismo, se castigará el desarrollo de sistemas que causen daños graves a la salud, la seguridad o los derechos humanos, así como el uso de vigilancia masiva sin base legal o tecnologías diseñadas para fraude, suplantación de identidad o desinformación. 

    La propuesta se centra en la protección contra la violencia digital de género. También se prohíbe la creación y difusión de contenidos íntimos falsos -los llamados “deepfakes”- sin consentimiento, así como cualquier uso de IA para humillar, extorsionar o acosar a mujeres. En el uso de menores de edad, cualquier consentimiento será inválido, reforzando aún más las sanciones.

    Además, se planteó la creación de nuevas instituciones clave, una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, una estrategia nacional, un fondo para su desarrollo así como un sistema de certificación con el fin de sostener el orden ante esta tecnología en el país. 

    Dentro de las infracciones graves se incluirán el incumplimiento de evaluaciones de riesgo, ocultar información técnica o el uso de sistemas sin certificación cuando sea obligatorio. Por otro lado, las leyes integrarán omisiones administrativas menores que no pongan en peligro la seguridad ni los derechos de las personas.

    Asimismo, se prohíben las prácticas como la manipulación mental sin consentimiento, los sistemas de “puntuación social” discriminatoria y el reconocimiento de emociones en entornos laborales o educativos cuando afecte la dignidad de las personas.