Las plataformas bet365.mx y betano.mx, que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, permanecen suspendidas mientras las autoridades fortalecen la vigilancia contra el lavado de dinero en el sector de apuestas en línea.
La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene suspendidos 10 casinos en línea, entre ellos bet365.mx y betano.mx, plataformas que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresa vinculada a Grupo Salinas. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 202 mil 45 reportes relacionados con juegos de apuesta durante los primeros cinco meses de 2026, con operaciones que superan los 15 mil 287 millones de pesos.
De acuerdo con información oficial, los reportes corresponden a operaciones que rebasan el umbral establecido por la legislación antilavado, por lo que son notificadas como una medida preventiva. Aunque estos avisos no implican la comisión de un delito, sí permiten a las autoridades monitorear movimientos financieros que podrían representar riesgos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
En el caso de Grupo Salinas, las plataformas bet365.mx y betano.mx permanecen fuera de operación desde que fueron incluidas en una investigación federal. La propia empresa reconoció anteriormente que ambos sitios formaban parte de las indagatorias realizadas por el Gobierno de México. Las dos operaban mediante el permiso otorgado a Ganador Azteca, cuya autorización permanece suspendida por la Dirección General de Juegos y Sorteos.
Además de estas plataformas, Gobernación suspendió otros dominios pertenecientes a distintas empresas permisionarias, entre ellos 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.mx, kasino.mx, kingsbet.com.mx y diamantecasino.com.mx. De los 136 sitios que contaban con autorización para operar en México, actualmente solo dos de cada tres permanecen activos, mientras el resto enfrenta suspensiones, medidas administrativas o dejó de prestar servicio.
Especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que el sector de juegos y sorteos es considerado una actividad vulnerable por el volumen de recursos que maneja. Por ello, las empresas están obligadas a reportar operaciones superiores a 75 mil 664 pesos al SAT y cumplir estrictos controles antilavado. Las acciones emprendidas por la UIF y la Segob buscan reforzar la supervisión de un mercado que históricamente ha sido identificado como de alto riesgo financiero.
