La FGE de Chihuahua determinó que la víctima fue responsable del atropellamiento y dejó en libertad al automovilista, una decisión que la familia califica como un nuevo caso de impunidad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, encabezada por la administración de Maru Campos, volvió a quedar bajo cuestionamientos luego de liberar al conductor señalado por atropellar y causar la muerte de Gerardo Pablo G., de 15 años, en el puente internacional Córdova-De las Américas, en Ciudad Juárez. La decisión provocó indignación entre los familiares del menor, quienes acusaron a la autoridad de favorecer al responsable y actuar con total ineficacia en la procuración de justicia.
El conductor, identificado como Valentín H. R., de 19 años, había sido puesto a disposición por elementos de la Guardia Nacional por el probable delito de homicidio imprudencial. Sin embargo, apenas 24 horas después, la Fiscalía estatal ordenó su liberación al concluir que el adolescente fue quien provocó el accidente al cruzar por una zona restringida para peatones.
Según la versión oficial, el atropellamiento ocurrió el 5 de julio en un tramo federal donde está prohibido el paso de personas. La dependencia sostuvo que la responsabilidad fue exclusiva de la víctima, argumento que permitió dejar en libertad al automovilista sin imponer medidas cautelares, una resolución que ha sido ampliamente cuestionada por la familia del menor.
Los familiares de Gerardo Pablo denunciaron que la actuación de la Fiscalía de Chihuahua estuvo plagada de irregularidades. Uno de sus tíos aseguró que existen videos de seguridad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos que muestran al conductor intentando incorporarse de manera indebida a la fila de vehículos y que, tras impactar al adolescente, continuó su marcha y le pasó el automóvil por encima en un aparente intento por escapar del lugar.
Además, acusaron que agentes ministeriales les advirtieron que el caso sería tratado como una “culpabilidad compartida” y que, aun si rechazaban una compensación económica, el conductor recuperaría su libertad sin enfrentar consecuencias penales. Para la familia, la actuación de la Fiscalía de Maru Campos evidencia una grave falta de eficacia en la investigación, además de alimentar la percepción de impunidad en un caso que exige una revisión exhaustiva y el esclarecimiento de todas las circunstancias que rodearon la muerte del adolescente.
